El tema de la promoción y protección del empleo es uno en el que el gobierno del presidente López Obrador ha enviado, de manera consistente, señales encontradas. Sí, han sido señales encontradas porque por un lado se asume como un gobierno con determinación, decidido a eliminar prácticas que no deberían ocurrir, como lo hizo el jueves al enviar a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a diversas leyes con el propósito central de eliminar el modo de contratación de personas conocido como outsourcing o subcontratación. Ello ocurre al mismo tiempo que el propio gobierno recurre a esta figura para hacerse de los servicios laborales de miles de mexicanos.
Así lo documentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que en un texto firmado por Raúl Olmos, documentó cómo entre 2019 y 2020, el gobierno de la 4T ha asignado más de 50 contratos que suman cerca de 50 mil millones de pesos. Uno podría pensar que, bueno son contratos que se han asignado por inercias administrativas, pero de inmediato nos desengañamos cuando se observa que apenas en septiembre de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asignó un contrato por 310 millones de pesos a una empresa para que esta le provea los servicios de 21,107 personas que asumirán el rol de “agentes de aprendizaje” dentro del programa “Prepa en Línea-SEP”. Si el gobierno tuviera claridad de principios y de objetivos, una de las primeras acciones en contra del abuso que alega en el uso de la figura de la subcontratación habría sido la emisión de una circular, o un memorándum de esos que le gusta firmar al presidente, con un mensaje preciso y contundente para que a partir de este año ninguna dependencia del Poder Ejecutivo Federal realizara este tipo de contrataciones. Pero no, nada de eso.
Por otro lado, ante el embate de la pandemia del Covid-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, y el choque a la economía que provocó la necesidad de instrumentar el confinamiento, el gobierno de la 4T fue notoriamente enfático en negar la necesidad o conveniencia de poner en marcha medidas para ayudar a las empresas a evitar verse en la necesidad de reducir el tamaño de su fuerza laboral, ante el evidente choque de demanda que ocurrió en los primeros meses de la pandemia. El tamaño de la despreocupación de la administración del presidente López Obrador por tratar de mitigar los efectos negativos sobre el empleo formal se reflejan en que durante la primera etapa de la pandemia se perdieron un millón 185 mil empleos formales, y que al cierre de octubre, se habían recuperado solo 406 mil 881 empleos, es decir, solo se han recuperado el 34.3 por ciento de los empleos perdidos.
MÉXICO, D.F., 04FEBRERO2015.- Trabajador de limpieza trapea los pasillos de la Secretaría de Educación Pública.
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
De hecho, aquí escribí sobre los datos sobre el empleo que de manera oronda presumió el presidente en su mañanera del pasado 30 de octubre, con la información sobre trabajadores asegurados en el IMSS al 28 de octubre. Ese día, el presidente dio cuenta de que ya traían registro de 211 mil 703 empleos recuperados en octubre. Ensimismado con los datos, hizo énfasis en que “…hasta ayer, es que se registraron los últimos días, miren 28 mil, 10 mil, 15 mil…”, como queriendo insinuar que octubre podría cerrar todavía aún más arriba de los 211 mil empleos recuperados.
Acto seguido, también advirtió: “De todas maneras, este, aunque tenemos 211, eh, queremos actuar con precaución, ser precavidos porque el famoso outsourcing de repente borra, eso se da más en diciembre, pero, este, mejor esperarnos al martes”. La expresión es relevante, porque en efecto, de los 211 mil empleos que ya tenía, al final solo le quedaron 200 mil 641. Es decir, entre el 29 y 31 de octubre, lejos de incrementarse el número de empleos recuperados, su estadística sufrió una merma de 11 mil 062 empleos. Entonces toma importancia lo que el presidente ya advertía que podría ocurrir, que al cierre del mes se borraran algunos empleos, lo que él ya adelantaba podría deberse a la odiosa figura del outsourcing.
Entonces, parecería que en la cabeza del presidente, la figura del outsourcing es una forma indeseada presente en el mercado laboral que en estos momentos impide que él pueda presumir con mayor determinación una recuperación del empleo más optimista. Entonces, dado que en su forma de ver el mundo, el outsourcing es un obstáculo para poder difundir con mayor contundencia la incipiente recuperación, lo que procede es prohibirlo, aún cuando su propio gobierno recurra a esta figura de contratación.
Por supuesto que resulta deseable introducir medidas regulatorias que al tiempo que permitan que el outsourcing pueda continuar como una forma que brinda la flexibilidad y agilidad que requieren ciertas actividades económicas, se eliminen los espacios en el marco legal que generan oportunidades para que algunos o muchos utilicen la figura para simular y así evadir incluso el pago de prestaciones a los trabajadores o el pago de obligaciones fiscales al erario. Pero pensar que la solución es simple y sencillamente prohibir la subcontratación, solo refleja pereza mental y ausencia de ánimo para buscar un adecuado balance de incentivos y penalizaciones. O bien, es signo de revanchismo y un ánimo de buscar quien la pague porque el empleo no está creciendo como se prometió.
Otra muestra del doble discurso de la 4T, es la información que ayer 13 de noviembre se difundió sobre la instrucción que desde la alta dirección de PMI Comercio Internacional, filial de Pemex, se está comunicando a los empleados de esa unidad, para que devuelvan lo que se les entregó en mayo bajo la figura del reparto de utilidades previsto en el marco legal, o también, el decreto caprichoso del presidente publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre para que a los servidores públicos se les limite el pago del aguinaldo a 20 días de salario, como si fuera una concesión graciosa del titular del Ejecutivo, que no lo es, y que de hecho viola lo que prevé el artículo 42 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que textualmente dice que el aguinaldo “será equivalente a 40 días del salario, cuando menos”.
Así que la 4T no es un claro ejemplo como para andar fustigando al sector privado en temas de empleo y respeto a los derechos de los trabajadores.
