Hay un doble estándar respecto a transparencia de la autoridad, que erosiona la confianza ciudadana. De pronto no parece extraño y, por el contrario, se acepta como parte de la doble moral sobre asuntos públicos como la corrupción, así como de la normal resistencia a perder amarres en el manejo discrecional del presupuesto. Mientras el país se compromete con una reforma constitucional en transparencia y ofrece otra anticorrupción, en los estados se crean fideicomisos opacos que ocultan deuda pública, como Evercore en Puebla.
Los financieros que exigen transparencia para las inversiones, luego ofrecen mecanismos para burlarla. Pagados por autoridades, que tienen un doble racero entre sus dichos y hechos en rendición de cuentas. En los hechos ese doble discurso con que pretende vestirse de transparencia y, al mismo tiempo, evadir controles sobre ingresos públicos, pago a proveedores y, en fin, la operación discrecional de proyectos de prestación de servicios. ¿Cuántos estados reproducen el esquema Evercore?¿Cuántos gobiernos resistirían la tentación de un cochinito para campañas electorales?
En el Senado se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Puebla a abrir el fideicomiso, que fue creado mediante reforma al artículo 6 de la Ley General de Deuda Pública para dejar de registrar como endeudamiento público contratos de proyectos para prestación de servicios de largo plazo. También para pedirle a la SHCP que informe sobre la situación de la deuda contraída por el gobernador,Rafael Moreno Valle, quien, por su parte, asegura no ha crecido de manera importante a pesar de proyectos de inversión.
Los cambios a la Ley Deuda estatal ya son combatidos a través de amparos de empresarios locales y ciudadanos, porque es inconstitucional crear un mecanismo de endeudamiento no registrado o que comprometa los ingresos de la entidad en el largo plazo, y sin necesidad de pasar por la administración y los otros poderes. En efecto, el objeto del fideicomiso es administrar recursos públicos sin fecha de caducidad como garantía del pago de los proyectos. El gobierno estatal ha reconocido que con el fideicomiso busca dar certidumbre jurídica a los bancos, a pesar de que se financia, sobre todo, con el impuesto sobre la nómina.
¿A qué autoridad no le gustaría contratar a proveedores sin restricciones para la adquisición de servicios que no dejen mancha en los registros de deuda pública? Los propios senadores han dejado ver que hay indicios del modelo en otros estados, a través de demandas de investigación de otros fideicomisos, como el poblano que ve la paja en el ojo ajeno, por ejemplo, con la ley de deuda de los estados para transparentar y controlar el endeudamiento en las entidades.
Desde 2010, la deuda de los estados ha crecido rápidamente y en la presente administración podría ser de alrededor de 37.9%, acrecentándose todavía más para 2018, si continúan las tendencias actuales. Ello motivó la minuta que hay en el Senado sobre deudas estatales y municipales, pero hasta ahora sin votarse. Todos los partidos tienen posiciones de gobierno y aunque se comprometan en el discurso con la transparencia no parecen dispuestos a cortarse la mano de atrás con mecanismos semejantes al fideicomiso poblano como ilustran, por ejemplo, los votos del PAN contra el punto de acuerdo en el Senado.
A pesar de ello, el doble discurso sobre la transparencia es cada vez menos aceptable para la ciudadanía y empresarios que, como Coparmex, ven a la corrupción como un impuesto impagable. Si los políticos confían en conservar zonas de opacidad gracias al doble estándar de transparencia, las organizaciones civiles parecen cada vez más decididas a pasar al activsmo y la movilización para evitarlo.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 03 de Marzo de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
