Si se confirma que drones operados por el crimen organizado mexicano ingresaron al espacio aéreo de Estados Unidos, no estaríamos ante un incidente menor ni frente a una anécdota tecnológica. Estaríamos ante un punto de quiebre diplomático, militar y político. Cruzar una frontera internacional por vía aérea —aunque sea con un artefacto no tripulado— es una señal estratégica. Y en el contexto actual, puede interpretarse como una agresión directa proveniente de la milicia alterna que opera bajo la sombra del Estado mexicano.
Durante años, el narcotráfico evolucionó de caravanas terrestres a túneles transfronterizos, de lanchas rápidas a semisumergibles. Ahora hablamos de drones. El salto no es menor: la utilización de dispositivos no tripulados, que ya ha ocurrido en territorio nacional, implica planeación, capacidad técnica, inteligencia operativa y lógica paramilitar. No es improvisación, es más bien una muestra de la capacidad de adaptación estratégica.
El incidente adquiere mayor dimensión porque ocurre en una etapa en la que sectores políticos estadounidenses consideran a los cárteles mexicanos como amenazas equiparables al terrorismo, una narrativa que abre la puerta a facultades extraordinarias para combatirlos incluso fuera de su territorio. El problema no es tecnológico. Es político.
Narrativa de guerra
Para Washington, el tema de la eventual incursión de drones del narco en su espacio aéreo puede interpretarse como vulneración directa a su seguridad nacional y, en un clima electoral permanente y con un discurso endurecido en materia migratoria y combate a los cárteles, se convierte en munición política de alto calibre: un argumento para que las voces que promueven designar a los cárteles como organizaciones terroristas, puedan justificar medidas extraordinarias. Y ahí es donde México enfrenta su mayor riesgo.
En ese escenario, si Estados Unidos concluye que el Estado mexicano no puede —o no quiere— contener a los grupos criminales que operan desde su territorio, la presión escalaría a más vigilancia aérea, mayor presencia de agencias estadounidenses, más exigencias de cooperación directa y, en el escenario más delicado, en acciones unilaterales justificadas bajo el argumento de defensa propia.
La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende con control efectivo del territorio.
¿Globos? La versión incómoda
Pero aquí aparece un elemento que introduce dudas. Medios como The New York Times y otras cadenas estadounidenses reportaron que la alerta que llevó al cierre del espacio aéreo en la zona fronteriza pudo ser resultado de una confusión: objetos que inicialmente se identificaron como drones habrían sido, en realidad, globos metálicos.
La explicación apuntó a errores de comunicación internos entre agencias estadounidenses y a una evaluación precipitada de los objetos detectados. No hubo explosiones, ni restos exhibidos. De hecho, la narrativa del “narcodrón” se diluyó con la misma rapidez con la que se cerró y volvió a abrir el espacio aéreo.
Llama la atención que una medida tan drástica se haya sustentado en información que después fue relativizada. También resulta significativo que la rectificación no haya tenido el mismo despliegue mediático que la alarma inicial.
Aquí surge una pregunta: si todo fue una confusión, ¿qué detonó realmente el cierre y qué permitió levantarlo? ¿Fue solo un globo y un error de coordinación interna, o hubo intercambio de información y acuerdos bilaterales que no se hicieron públicos?
En temas de seguridad nacional, lo que pesa no es solo el objeto detectado, sino la reacción institucional.
La militarización criminal y el vacío
Más allá de la controversia puntual, el uso de drones por parte del crimen organizado es una realidad documentada dentro del territorio mexicano. El narco ha utilizado artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones en Michoacán y Guerrero; convoyes con blindaje artesanal; comunicaciones encriptadas; estructuras con disciplina casi castrense.
Reportes de inteligencia han señalado que el CJNG ha diversificado su arsenal y sofisticado su capacitación, incluyendo entrenamiento en manejo de drones y tácticas de guerrilla urbana. Independientemente de lo ocurrido en la frontera, la tendencia es clara: los grupos criminales están elevando su capacidad tecnológica.
Para el gobierno mexicano el desafío es doble. Internamente debe explicar cómo organizaciones criminales operan tecnología cada vez más sofisticada con tal impunidad y, externamente, convencer a su principal socio comercial de que mantiene el control estratégico de la frontera común.
No es menor que el Senado haya aprobado el ingreso de elementos de fuerzas especiales estadounidenses para ejercicios de adiestramiento, con aval de la presidenta Claudia Sheinbaum. La cooperación militar se profundiza mientras se mantiene el discurso soberanista.
Porque el fondo del asunto no son los drones. Es el vacío de autoridad.
Si hubo drones, el problema es grave. Si fueron globos y errores internos, el problema también lo es: revela nerviosismo extremo y protocolos frágiles en momentos donde cualquier señal se interpreta como amenaza.
La disyuntiva para México es asumir la dimensión estratégica del fenómeno criminal y recuperar control real del territorio y del espacio aéreo, o permitir que la narrativa la construyan otros. Porque cuando la seguridad estadounidense entra en juego, la tolerancia política se reduce a cero y la duda pesa tanto como la certeza.
X: @diaz_manuel
