Parece que el presidente López Obrador está sintiendo en carne propia lo que todos los empresarios y ciudadanos en general hemos sufrido desde que llegó al cargo: la absoluta ineptitud de su gobierno. Su brillante idea de correr a servidores públicos con experiencia y sustituirlos por una horda de ignorantes le ha golpeado en el rostro como un bumerang. Con el ánimo de desviar recursos para sus programas clientelares, se le hizo fácil reducir los salarios de los funcionarios públicos y desfondar a toda la administración pública federal. Como dice el clásico: you pay peanuts you get monkeys. Así, los encargados de solicitar los dictámenes, permisos o licencias que se requieren para sus proyectos insignia carecen de toda pericia para hacerlo; por su parte, aquellos encargados de revisar las solicitudes y otorgar las autorizaciones correspondientes, no tienen la menor idea de qué hacer. Ante esta situación, López Obrador reaccionó como siempre lo hace: violando la Constitución y las leyes.
Como ya se dio cuenta de que va a dejar un tiradero de obras inconclusas e inoperantes, decidió promulgar un decreto que básicamente instruye a toda la administración pública federal a violar la ley, y se inventa, sin tener atribución alguna para ello, que los proyectos que él diga y sólo los que él diga, serán autorizados de manera provisional dentro de un plazo máximo de cinco días. Obvio, esto es sólo para sus proyectos y caprichos; no aplica para los proyectos de inversión de particulares, aunque se trate de los mismos sectores. Así, el gobierno tendrá trato preferente en comunicaciones, telecomunicaciones, medio ambiente, turismo, salud, ferrocarriles, energía, aeropuertos y todo aquello que se le ocurra a Su Investidura. Este trato discriminatorio es evidentemente inconstitucional y viola el T-MEC.
En un muy pobre intento por justificar el decreto, el presidente dice que éste forma parte del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, cuando es evidente que no hay ningún sistema ni ninguna planeación detrás de este exabrupto. Pretende, además, que todas sus ocurrencias sean consideradas como de seguridad nacional, con la intención evidente de ocultar toda la información pública relacionada con sus proyectos y poder abstenerse del cumplimiento de las leyes de Planeación, Obras Públicas, Adquisiciones y Transparencia, entre cientos de leyes más. Serán el Inai y la Suprema Corte quienes determinen si esta vacilada constituye seguridad nacional o no. En los términos de los artículos 3 y 5 de la ley de la materia, no lo es.
Cabe mencionar que aún con este decreto, los proyectos del presidente requieren todavía de autorizaciones y permisos estatales y municipales. Quizá lo más grave de este acuerdo es que ahuyentará aún más a la inversión privada, nacional y extranjera, al pretender destruir de un plumazo todo el andamiaje legal que puede dar certeza a las inversiones. Por un lado, enfrentarán la competencia desleal del gobierno, y, por otro, nada garantiza que los bancos, contratistas y proveedores de los proyectos de López Obrador acepten involucrarse en obras y servicios que sólo cuentan con una ilegal autorización provisional que en cualquier momento puede declararse nula.
Ante el desabasto generado por la instrucción presidencial de desmantelar el sistema de adquisiciones y distribución de medicamentos, el presidente se aseguró de que la Cofepris, la ley de Salud y la ley de Adquisiciones no sean un obstáculo para poder comprar la basura que quiera, en el país que quiera, y con base en criterios que sólo él conoce y que nadie podrá preguntar. Nulificar en la práctica a la Cofepris implica un grave riesgo para la salud pública.
Sobra decir también que el acuerdo invade la esfera de atribuciones de órganos autónomos, como el IFT, la Cofece y el Inai. Ante ello, estas dependencias deberán demandar en controversia constitucional al presidente de la República, ya que de someterse a él y acatar este disparate, sus funcionarios serán administrativa, penal y civilmente responsables por lo daños que causen. Lo mismo pasará con todos aquellos funcionarios de la 4T que violen la ley al cumplir con este decreto. La responsabilidad recaerá en ellos y no en López Obrador, quien tuvo el cuidado de hacer firmar a casi todo el gabinete para hacerlos legalmente responsables de las consecuencias que esto conlleve. La oposición ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad.
Este artículo fue publicado en El Economista el 24 de febrero de 2021. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
