El concepto de capitalismo de cuates ha sido desarrollado por economistas de la talla del Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz. El crony capitalism (capitalismo de amigos), al que éste y otros estudiosos se refirieren, da cuenta de prácticas que conceden ventajas indebidas a ciertos agentes económicos sobre los demás. No se trata de políticas públicas que creen condiciones generales para atraer las inversiones, sino de acciones de influyentismo que vulneran la competencia económica en favor de empresas seleccionadas por el gobierno con criterios de amistad, complicidad o corrupción.
Tales prácticas no son nuevas en México, sus antecedentes fueron documentados en su tiempo por los medios de comunicación. Se remontan a la era posrevolucionaria, a la del modelo de sustitución de importaciones y estuvieron presentes en la etapa neoliberal. Las privatizaciones de empresas que eran de propiedad gubernamental en los años 80 y 90 se guiaron por esa premisa, originando monopolios privados protegidos durante décadas, como el del servicio telefónico, cuya propiedad quedó en manos de Carlos Slim. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, así se orientó la privatización de las carreteras y de la red ferroviaria. La alternancia no alteró tal práctica, pues es conocido el favoritismo con el que los gobiernos panistas entregaron la propiedad de Mexicana de Aviación al Grupo Posadas.
No son la transparencia y una regulación clara, sino la discrecionalidad, la que campea en esta práctica, que se caracteriza porque los empresarios cercanos a las autoridades reciben favores tan importantes que, en un par de casos, sedimentaron fortunas de las más grandes del planeta.
Los mismos empresarios favorecidos en los sexenios anteriores se enlistan entre quienes son apapachados por el gobierno de la 4T. Sus más distinguidos representantes forman parte del llamado Consejo Asesor Empresarial, comenzando por el ex jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo. Emilio Azcárraga de Televisa; Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca; Hank Rohn del Grupo Banorte; Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Ángeles, entre otros, constituyen el organismo que, de vez en vez, se reúne en privado con el Presidente (¿cómo era aquello de “separar el poder político del poder económico”?).
Cuartoscuro
Fue en noviembre de 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de dicho Consejo. Como acostumbra para eludir la responsabilidad de sus actos, responsabilizó a los propios magnates por la conformación de ese órgano, pues dijo en esa ocasión: “De ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del Presidente de la República y les tomé la palabra… me quieren ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones”.
Lo que tampoco reconoce el inquilino de Palacio Nacional es que a los magnates y a otros empresarios consentidos los favorece con las contrataciones del sector público. A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dice expresamente que la lucha contra la corrupción incluye el prohibir la adjudicación directa de los contratos del sector público, la práctica del capitalismo de cuates del gobierno de la 4T está desbordada: como se ha documentado, el 87% de los contratos del gobierno federal se han hecho eludiendo la licitación pública.
Efectivamente, durante el ejercicio 2020 más de 120 mil contratos del gobierno se otorgaron mediante adjudicación directa (el 82% del total), en tanto que otros 8 mil (el 5%) se originaron en invitación restringida a empresas seleccionadas previamente por el mismo gobierno. Como se puede comprobar en CompraNet, del total de 147 mil contratos del sector público federal de ese año, solo 15 mil 700 contratos se concretaron por el procedimiento de Licitación Pública (el 10%).
Cincelada: Con más de 250 mil muertes reconocidas en México, la Covid-19 rebasa los daños ocasionados por cualquier pandemia o desastre natural a lo largo de la historia nacional.
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