La Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal prohibió ayer a la PGJDF informar sobre el caso Narvarte. Por la vía oficial, la ciudadanía no sabrá qué sucedió el 31 de julio en el departamento 401, del número 1909 de la calle Luz Saviñón.
Para las autoridades es buena noticia, porque podrán laborar sin el engorro de la presión mediática y del activismo en la plaza pública: dos presiones que los funcionarios siempre agradecen que no existan, si no que pregunten a los de Cuba, China, Venezuela y Ecuador.
Por eso, los primeros que estarían en contra de la medida serían el periodista Rubén Espinosa y la integrante de movimientos de protesta (como #YoSoy132 de Xalapa) Nadia Vera, asesinados aquel fatídico día.
La libertad de expresión daba sentido a sus vidas, como a las de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, escritores y periodistas nacionales e internacionales, que exigen el esclarecimiento del multihomicidio.
El Poder Judicial ha hecho su trabajo, a través de la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, que sus razones tendrá para que la PGJDF “no haga del dominio público la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1”.
La PGJDF tendrá que resguardar la totalidad de la información contenida en el expediente del caso Narvarte y cuidarse de no divulgarla, aunque a pesar de su obligación legal de acatar la orden judicial, le deben quedar claros dos puntos:
-Es cierto que debe mantener en secreto los elementos fundamentales de la investigación, que de salir a la luz hasta podrían dar pistas a probables responsables en el caso.
-Pero debe admitir que la sociedad tiene derecho a conocer los avances en todos, pero en especial el caso Narvarte, por tratarse, justamente, de un tema que involucra… la libertad de prensa y la libertad de expresión.
De igual manera es indiscutible, sin cortapisas, que los medios están obligados a continuar con su trabajo de mantener informada a la sociedad acerca del caso, porque ésa es su función en favor de los principios y valores democráticos de México: el compromiso con la libertad de expresión.
Quiere decir que la disposición de la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal sólo atañe a la PGJDF, aun cuando el partido gobernante en el Distrito Federal advirtió ayer: “Una cosa es la secrecía de la investigación y otra el derecho de la sociedad a estar informada sobre este caso”.
Vamos, los ciudadanos tienen el privilegio inalienable a recibir información mediante las vías legales que decidan, y por las líneas editoriales que prefieran, entre las tantas y tan variadas que existen (en uno y otro caso) en nuestra democracia.
Así que…
Seguiremos informando.
Este artículo fue publicado en La Razón el 02 de Septiembre de 2015, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
