El pasado miércoles 6 de diciembre el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un nuevo caso de corrupción en el que vuelve a estar implicado un hijo del presidente de la república. “El Clan”, como se titula este reportaje de investigación realizado por Mario Gutiérrez Vega, da cuenta de cómo un íntimo amigo de Andrés Manuel López Beltrán, Jorge Amílcar Olán Aparicio, recibió un contrato de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien apenas llegó a la gubernatura en junio del año pasado de la mano de Morena.
En los audios y documentos dados a conocer, se observa que, en diciembre de 2022, la empresa de Amílcar Olán, Romedic, recibió un contrato del gobierno de Quintana Roo por 304 millones de pesos (mdp) para surtir medicinas y material de curación. En su mayoría ese dinero provenía del gobierno federal, pues en octubre de ese año, desde el ahora extinto INSABI se destinaron 350 mdp al gobierno quintanarroense de la recién electa, Mara Lezama.
El 27 de diciembre funcionarios del gobierno de Quintana Roo, en unas cuantas horas, realizaron el proceso para asignar el contrato, de sólo cuatro días de duración, ignorando que esta misma empresa estaba en la lista de distribuidores irregulares de medicamentos de la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
En la investigación, se muestra cómo el amigo de “Andy”, como es conocido Andrés Manuel López Beltrán, dice que hablará directamente con el Secretario de Finanzas, Eugenio Segura Vázquez, el “Gino”, para evitar que una auditoría en curso vaya a darles problemas. En otras comunicaciones se escucha cómo Amílcar señala que su objetivo es llegar a 550 mdp “este año”. Además, la empresa tiene como domicilio un lote en el cual se encuentra un negocio de distinto giro, en el estado de Tabasco.
El reportero Loret de Mola señala que esto es sólo el inicio de una investigación más amplia, de varios capítulos que involucran, no sólo a los hijos del presidente, sino a funcionarios del gobierno federal y hasta mandos del ejército mexicano, tendremos que esperar a conocer más información, no obstante, es claro que la sombra de la corrupción anida en la familia y el gobierno de López Obrador.
En enero de 2022, el mismo periodista dio a conocer el caso de “La Casa Gris”, en la cual estaba involucrado el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, quienes entre 2019 y 2020 vivieron en una lujosa residencia en Houston, Texas, propiedad de Keith Shilling, alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, misma que durante esos años recibía contratos millonarios de PEMEX. En aquella ocasión, el presidente en lugar de ordenar una investigación profunda, disculpó a su hijo diciendo que “al parecer se había casado con una señora de dinero” y emprendió una campaña en contra del periodista, en la cual durante semanas lo descalificó y hasta dio a conocer (atentando contra los derechos humanos del periodista), cuánto ganaba y haciendo pública información de algunas de sus propiedades.
Sin embargo, en su gobierno ha quedado de manifiesto que el discurso presidencial de “combate a la corrupción”, es sólo eso, discurso. Pues escándalos como la renuncia, en septiembre de 2020, de Jaime Cárdenas, el titular del “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (INDEP), justamente acusando corrupción allá adentro, ha puesto en evidencia las graves contradicciones del gobierno federal, cuyo titular alardeó sin parar, siendo candidato, que tenía como objetivo primordial, combatir la corrupción.
Pero los escándalos de corrupción en el gobierno se multiplican. Otra caso gravísimo es el cometido en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), por cierto, acaba de ser detenido su antiguo ex Director Administrativo, René Gavira Segestre. Resulta que ayer jueves 7 de diciembre, se entregó y ya está en la Fiscalía General de la República (FGR). Renunció en julio de 20202 y era buscado por estar involucrado en un desfalco de más de 20 mil millones de pesos en este organismo, está acusado, entre otras cosas, de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.
Debemos recordar que Segalmex fue creada al inicio de este gobierno fusionando Diconsa y Liconsa, con el objetivo de dotar de alimentos de bajo costo a personas de escasos recursos, de proteger a los sectores más vulnerables de la población. Pero desde su creación en 2019, como titular quedó Ignacio Ovalle, antiguo funcionario en la administración del presidente Luis Echeverría y encargado de Conasupo ni más ni menos que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Resulta fundamental que la entrega de René Gavira no sea una cortina de humo para tapar el escándalo de otro hijo del presidente de la república y que en este caso sí se investigue y se vaya hasta las últimas consecuencias. Pues si bien, la corrupción es un delito grave y deleznable para el servicio público, que sea la familia del presidente la que esté involucrada en estos escándalos y que se minimise ridículamente por parte del jefe del Estado mexicano; quien logró llegar a la presidencia justo con la bandera de combatirla, representa una traición a la confianza que le dio el pueblo de México.
