“El desvío de recursos públicos para apoyar a una candidata no solo nos regresa a un nivel de corrupción del siglo pasado, también viola el artículo 134 de la Constitución”. Son palabras fuertes. Implican faltas administrativas graves y delitos que ameritan cárcel. Tienen la peculiaridad de que, en esta ocasión, no fueron proferidas desde la oposición, sino que son el testimonio y la denuncia de la persona que quedó en segundo lugar en el proceso interno de Morena.
El ex Jefe de Gobierno de la CDMX (2006-2012), ex canciller del actual gobierno y quien fuera el milusos del gabinete de López Obrador, demandó la nulidad de la farsa que encubrió el dedazo en favor de Claudia Sheinbaun. Es un escrito que fue recibido el 10 de septiembre a las 19:32 horas, constante de 41 fojas, según el sello de recibido del Comité Ejecutivo Nacional del partido color sangre, y que fue dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido (CNHJ).
Una primera parte de los alegatos se refiere a la parcialidad del órgano encargado de aplicar el estudio para la elección del coordinador de defensa de la 4T. La Comisión de Encuestas, dice Ebrard, quedó en manos de incondicionales de Claudia Sheinbaun como su presidenta Ivonne Cisneros Luján y el integrante Rogelio Valdespino Luna, de quienes se exhiben grabaciones participando entusiastas en eventos proselitistas de la corcholata preferida, pruebas de que movilizaron la estructura partidista en su favor, además de constancias de la manipulación que hicieron de la muestra y del levantamiento de la encuesta.
Si el primer agravio se refiere a la parcialidad de los encargados de organizar el proceso, el segundo entra de lleno al desvío de recursos públicos y la utilización de los programas sociales en favor de Claudia Sheinbaun. Este tema trasciende la vida interna del partido oficial y se adentra de plano en el terreno de actividades delictuosas. Dice la denuncia ebrardista que los servidores de la nación apoyaron a Sheinbaun al presionar a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, cosa que hicieron mediante el condicionamiento de los apoyos. Esta burocracia fue avistada por los ebrardistas al hacer volanteo, promoción y visitas domiciliarias “a lo largo del país de manera coordinada”, en “una estrategia implementada a nivel nacional”. Ebrard alude a “la estructura clientelar”, a los superdelegados por estado y sus coordinadores regionales, la misma estructura que el PRD denunció desde 2019 (aunque equívocamente dice que son 10 mil y no 20 mil los brigadistas que cobran en la nómina federal, que su mando lo tiene la Secretaría de Bienestar de Ariadna Montiel y no el propio presidente a través del Coordinador General de Programas para el Desarrollo).
Entre muchas pruebas, la demanda refiere el testimonio de un servidor de la nación de Baja California en que éste dice que “la instrucción vino de arriba: el presidente quiere que la encuesta la gane Claudia”; que los empleados públicos federales acarrearon asistentes a sus mítines, hicieron propaganda en WhasApp, pintaron bardas y colgaron lonas. Pruebas de que las secciones encuestadas fueron previamente “trabajadas” por los servidores de la nación en El Salto y Guadalajara, Jalisco; Kanasín y Mérida, Yucatán; León y Parácuaro, Guanajuato; Xalapa, Veracruz; Naucalpan y Nezahualcóyotl, Estado de México; Nuevo Laredo, Tamaulipas. Testimonios de que en favor de Sheinbaun se ofrecieron programas sociales a los vecinos de Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Coyoacán e Iztapalapa, CDMX. Personas que fungen como coordinadores de los servidores de la nación y que eran al mismo tiempo responsables de la campaña de la corcholata preferida en La Laguna, Coahuila, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y Nacajuca, Tabasco, entre muchos otros lugares.
Esas son algunas de las irregularidades denunciadas por Marcelo Ebrard, a las que se suman urnas violadas y alteradas, presión sobre los encuestados que, en conjunto con las otras, son “irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables”, por lo que exige sanciones contra los responsables de las mismas y la anulación y reposición del proceso interno de Morena.
Cincelada: En el proyecto de Presupuesto 2024, AMLO pidió 733 mil millones de pesos (sí: ¡733 mil millones!) para el clientelismo electoral de los burócratas mal llamados servidores de la nación.
