En la elección presidencial del 2006 el monto total que se dio a los partidos, recurso federal y estatal, fue 9,359 millones de pesos; en la del 2012, 9,761 millones de pesos, y lo presupuestado para la del 2018, 12,802 millones de pesos, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
La composición de esos montos se da así: En el 2006, 6,342 millones de pesos fueron recursos federales y 3,017, estatales; en el 2012, 6,084 fueron federales y 3,677, estatales, y, en el 2018, 6,789 fueron federales y 6,013, estatales.
Entre el 2012 y 2016, los recursos federales que se dieron a los partidos se redujeron en 258 millones de pesos y, del 2012 al 2018, crecieron en 705 millones de pesos, que representan 12% más y de 31%, si se contemplan los recursos estatales.
En el 2018, los partidos van a recibir poco más de 700 millones de dólares (18.00 pesos por dólar). De ese monto salen los recursos para la campaña presidencial, de 500 diputados federales, de 128 senadores, de nueve gobernadores, de congresos locales y presidencias municipales. En total, 2,818 cargos de elección popular.
Esos montos no contemplan el costo de los espacios de publicidad gratuitos que los partidos tienen en radio y televisión. En el 2000, cuando todavía no estaba esta medida, las dos terceras partes del gasto se fueron en publicidad.
Hoy si hubiera que pagar ese rubro habría que añadir 460 millones de dólares más.
El INE, además del gasto de los partidos al que ya se ha hecho referencia, solicita 18,226 millones de pesos para su funcionamiento en el 2018. Los recursos cubren la operación, la elaboración del padrón electoral y la credencialización, el monitorear los spots de los partidos, que son gratuitos, y también la cobertura de los medios, que debe ser equitativa.
A estos millonarios recursos legales se tendrían que añadir los más cuantiosos, que son los ilegales. Entre quienes investigan los procesos electorales existe la idea generalizada, a partir de datos, de que las campañas de los grandes partidos cuestan 10 o 12 veces más de lo que está autorizado y pagado por el INE.
Si en el 2018, el tope de la campaña presidencial fuera igual al del 2012, equivaldría a 19 millones de dólares. En la realidad se puede estimar que los grandes partidos van a invertir por lo menos 10 veces más. El gasto rondaría los 200 millones de dólares, por candidato. Y en algunos casos más.
El INE, a pesar de los cuantiosos recursos de los que dispone, es incapaz de auditar los gastos reales de campaña de cada uno de los partidos. Sólo lo hace con la cantidad legal que les otorga. Lo demás queda fuera de su mirada.
Es fácil aceptar la idea de que la democracia no tiene precio. A partir de esta afirmación hay que repensar los procesos electorales en el país, el tipo de campaña que se realiza, la actuación del INE y la ley electoral. Tendrá que ser para después de la elección del 1 de julio del 2018.
Este artículo fue publicado en El Economista el 5 de septiembre de 2017, agradecemos a Rubén Aguilar Valenzuela su autorización para publicarlo en nuestra página.
