A los guerrerenses afectados por Otis, el huracán Categoría 5 que tocó tierra en la primera hora del 25 de octubre de 2023, les espera el mismo abandono que experimentaron los damnificados por desastres naturales ocurridos en 2021 y 2022. Sufrieron por el despilfarro de los ahorros públicos, por la indolencia e ineptitud de la que hace gala el gobierno actual en esta materia. Quedaron abandonados a su suerte quienes sufrieron afectaciones directas en sus bienes, viviendas y fuentes de empleo, así como la población de las zonas afectadas que sufrió por daños a la infraestructura (escuelas, hospitales, carreteras, puentes) ocasionados por aquellas calamidades.
Se recordará que en 2021 hubo 614 eventos desastrosos en el país, los que provocaron la muerte de 590 personas y cuantiosos daños económicos. Fuertes huracanes golpearon al litoral del Pacífico (Dolores y Enrique, en junio; Nora, en septiembre) y al litoral Atlántico (tormentas Pamela y Grace, el huracán Rick, en octubre). A estos se sumaron otros desastres, como los incendios forestales, la inundación de Tula, Hidalgo, y el desgajamiento del cerro del Chiquihuite en el norte del Valle de México.
Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), para 2022 se suscitaron 570 desastres que provocaron la muerte de 496 personas, además de daños económicos multimillonarios. Recordemos los huracanes Agatha (que golpeó fuerte a Oaxaca) y Roslyn (que afectó a Nayarit), las inundaciones de octubre en Chiapas y el sismo de magnitud 7.7 ocurrido el 19 de septiembre del año pasado, que ocasionó daños en Colima y Michoacán.
Al inicio del sexenio de López Obrador, los fideicomisos del Fonden tenían un monto disponible de 29 mil millones de pesos. En 2020, el gobierno decretó su extinción por lo cual, en 2021, la SHCP contabilizó 25 mil 400 millones como ingresos no tributarios del gobierno, los cuales fueron “recuperados” de ese fideicomiso para redirigirlos a los programas asistenciales.
A partir de su extinción, dejaron de existir los fideicomisos del Fonden y, en su lugar, se generó un programa presupuestario para desastres naturales en el Ramo 23 del Presupuesto (el que, por pereza mental fue bautizado como “Fonden”). Para el ejercicio de 2021, la autoridad hacendaria reportó que apenas ejerció 2 mil 200 millones de pesos de los 9 mil millones presupuestados para tal programa. También informó que el dinero que le sobró fue mandado a los “programas prioritarios” del presidente.
Ya dilapidados los ahorros para enfrentar los riesgos, para el año 2022 se incluyeron en el Presupuesto 9 mil millones de pesos para desastres naturales. De estos, se erogaron 7 mil 700 según la SHCP. El resto del dinero se reintegró a la Tesorería, debido a que, como se explicó, ya no existían fideicomisos para depositar el dinero no utilizado.
El CENAPRED estima en 15 mil 332 millones de pesos los daños económicos ocasionados por los desastres naturales de 2021 y en 16 mil 600 millones de pesos los ocurridos en el año 2022. Estas cantidades, junto a las que arrojan las maniobras presupuestales que hemos referido antes, muestran el tamaño de la indolencia y la ineptitud que se deben reprochar al gobierno de AMLO. Para mitigar daños por 15.3 mil millones de pesos en 2021 solo destinó 2.3 mil millones (apenas el 15%). Se puede decir que en 2022 la disposición gubernamental mejoró, pero siguió por debajo de lo básico: dispuso de 7.7 mil millones de pesos para afrontar daños cuantificados en 16.6 mil millones (solo el 46%). La indolencia cuatroteísta se agrava en temas como la prevención de riesgos, tarea casi totalmente abandonada por esta administración que la considera como “gastos superfluos”.
Dijo el inquilino de Palacio Nacional, luego de su visita relámpago a Acapulco, que su gobierno cuenta con recursos suficientes para enfrentar el desastre de Otis. Pero los damnificados, nuestros hermanos guerrerenses, además de sufrir por el poderoso embate del huracán, también sufren y sufrirán por la indolencia de los gobiernos municipal, estatal y federal, todos ellos morenistas, que ni siquiera fueron capaces de alertarlos con oportunidad, disponer su evacuación, ofrecerles refugio. Dilapidado el ahorro estratégico que durante décadas se había acumulado para estos casos, la distribución de los apoyos se limitará a un asistencialismo de alcances momentáneos y rasgos clientelares (en el que se impedirá la participación ciudadana, pues se decretó un monopolio político-militar en la distribución de los apoyos a los damnificados).
Sin acciones preventivas y sin ahorros estratégicos, la política de atención a desastres naturales de esta administración está basada en la equívoca esperanza de que el próximo desastre tarde en ocurrir.
Cincelada: El TEPJF validó los Lineamientos del INE que prohíben la injerencia de los Servidores de la Nación en campañas y casillas electorales. Importante triunfo en favor del sufragio libre.
