Para Proceso, son “campañas manipuladoras” los cuestionamientos a las acciones legales promovidas ante la SCJN por el PRD y Morena, que pretenden eliminar el concepto “información falsa o inexacta” de la Ley del Derecho de Réplica y que éste se ejerza con el sólo hecho de que cualquier personaje público se sienta “agraviado”, incluso con información verídica y comprobada.
El semanario ha omitido decir a sus lectores que las críticas al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que se discutirá la próxima semana en el máximo tribunal del país, no han provenido únicamente de medios de comunicación a los que cataloga como “oficiosos” como El Universal o Televisa, sino de revistas como etcétera y organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa o Artículo 19, que han calificado la propuesta como una regresión en materia de libertad de expresión, además de subrayar que legislaciones de estas características han dado lugar a un sinnúmero de abusos del poder en contra del periodismo en América Latina.
Proceso se dice comprometido con el derecho de los periodistas a expresarse libremente y el de las personas o entidades a defenderse cuando se sientan agraviadas por una publicación, sin embargo, en los hechos no lo demuestra. Cuando en noviembre de 2015 se aprobó la Ley de Derecho de Réplica, en los términos en que actualmente se encuentra, la publicación promovió un amparo argumentando que la norma buscaba controlar la información “crítica” y fomentar la “oficiosa”.
Acostumbrado en los años recientes a realizar un periodismo basado en trascendidos, filtraciones y datos no verificados, Proceso se justificó entonces con el argumento las “imprecisiones e inexactitudes” en que pudiera incurrir, son resultado de que la inmediatez con que la información fluye y la oportunidad periodística con la que debe ser difundida, pero no necesariamente a un ejercicio irresponsable de su actividad periodística. Por lo tanto, el que la ley estableciera la obligatoriedad del derecho de réplica para los actores aludidos por sus publicaciones, constituía una “mordaza”. Y por tal razón, les escamotea hasta donde es posible ese derecho.
De hecho, el semanario dirigido por Rafael Rodríguez Castañeda, nunca ha analizado las implicaciones de la Ley del Derecho de Réplica desde una óptica integral para todo el periodismo mexicano en su conjunto, sino únicamente a partir de sus intereses y cruzadas particulares contra los “enemigos” de sus causas, a los que no les reconoce los mismos derechos que exige para sí.
Es por ello que Proceso se escandaliza y califica como “chicanada” que Televisa haya recurrido a los tribunales para exigir el réplica que la revista le ha negado, cuando el 8 mayo de 2016 publicara en sus páginas una información donde acusa que la televisora era investigada en Estados Unidos por lavado de dinero. El juzgado a cargo del caso determinó que el semanario debe pagar una fianza millón de pesos para mantener a su favor una suspensión provisional que lo exime, por el momento, de conceder ese derecho de réplica.
Por ello, sorprende que el semanario minimice las advertencias que desde otros medios se hacen ante la intención del PRD y Morena de judicializar el periodismo cada que se sientan “agraviados” aun cuando la información difundida sea fehacientemente demostrada. Con la impunidad con que se conduce la clase política en nuestro país, el proyecto a debatirse en la Corte no busca alentar el debate público, sino imponer a la prensa una línea de pensamiento determinada. Proceso lo sabe muy bien, pero para no hacer eco de las voces vertidas en medios “oficiosos” esta vez prefiere callar y acusar manipulaciones.
Es Proceso quien manipula cuando suplanta el periodismo con un juicios paralelos donde acusa sin pruebas y determina culpabilidades e inocencias; cuando acude a los tribunales para evadir su responsabilidad de conceder derecho de réplica, y por otro lado, acusar ataques a su libertad de expresión cuando un actor recurre a esas mismas instancias legales para hacerlo valer.
