Una de las características del obradorato que está en proceso de instalación es el cogobierno del grupo en el poder con las fuerzas armadas. Este cogobierno se expresa en que la seguridad pública quedó en manos del Ejército y la Marina (contraviniendo la Constitución y los tratados internacionales en esta materia), con la invasión castrense de multitud de funciones civiles y, también, con el desbordado surgimiento del emporio empresarial militar.
Recientemente el organismo no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que encabeza Liza Sánchez, presentó la segunda edición del estudio El negocio de la militarización. Opacidad, poder y dinero. El MUCD identifica que el proceso de militarización en México representa un negocio para las Fuerzas Armadas, pues se adjudicó a éstas un empoderamiento económico que se puede resumir en cuatro apartados: 1) Incremento exponencial de los recursos públicos que manejan las secretarías de Marina y de Defensa Nacional (tanto los contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, como las ampliaciones cubiertas por las autoridades hacendarias); 2) La firma de convenios con dependencias federales y autoridades locales, convenios que implican transferencia de recursos públicos a las fuerzas armadas; 3) La administración de fideicomisos públicos militares: y 4) La creación de empresas públicas bajo control castrense.
En cuanto al primer rubro, el MUCD encontró que “la SEDENA y la SEMAR suman más de $153,000 millones de pesos sobre ejercidos entre 2019 y 2023” y que, para 2024, concentran el 3.7% del total del presupuesto federal, sin contar las ampliaciones. En cuanto al segundo rubro, tan solo entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, las fuerzas militares obtuvieron transferencias por al menos 23 mil166 millones de pesos cedidos por instituciones federales, más otros mil 650 millones de pesos provenientes de estados y municipios.
Contra la demagogia presidencial, que extinguió centenares de fideicomisos públicos aduciendo actos de corrupción que nunca denunció, el grupo en el poder ha sido permisivo con los fideicomisos de la SEDENA y la Marina, los que actualmente tienen en su haber 69 mil 193 millones de pesos, dinero que es manejado con total opacidad bajo el pretexto de “la seguridad nacional”.
Junto a lo anterior, está la formación del emporio militar, consistente en la creación y transferencia de empresas públicas a las fuerzas militares. “Antes de 2020, no existían empresas de participación mayoritaria del Estado a cargo de las FFAA”, dice el informe del MUCD. “Sin embargo, a partir de diciembre de 2020 y hasta agosto de 2023, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina acumulan un total de 30 empresas, de las cuales diez se crearon entre 2020 y 2023 y el resto fueron transferidas” de otras secretarías. Habrá de añadirse que, tanto las empresas recién creadas, como las transferidas, cuentan con jugosos presupuestos de dinero público, adicionales al presupuesto adjudicado a la SEDENA y a la Secretaría de Marina como tales.
Entre las empresas de reciente creación están el AIFA, los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Tulum, el Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya y la aerolínea del ejército, las que quedaron bajo el control de la SEDENA- También la empresa turística de las Islas Marías, las empresas administradoras de los puertos de Acapulco y Cabo San Lucas, controladas por la Marina armada.
Además de las anteriores, se transfirieron al control militar 20 empresas ya existentes, entre ellas el Aeropuerto de la Ciudad de México, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, las administraciones de los puertos de Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Topolobampo, Tampico, Tuxpan y Veracruz.
A los hallazgos que el MUCD valientemente difunde se deberían añadir otros rubros que engrosan al emporio militar. Por ejemplo, el Programa de Mantenimiento Carretero, que recientemente fue transferido a la SEDENA con todo y sus 11 mil millones de pesos anuales, así como la Administración General de Aduanas que, aunque es una dependencia de la SHCP, está en manos de un general que recibe órdenes de la SEDENA.
Después de su exhaustivo análisis, el organismo no gubernamental concluye que “la militarización del país es un negocio y que las FFAA son las únicas beneficiadas. Ahora no solo cuentan con mayores recursos, que les permiten desarrollar proyectos para su propio beneficio, sino que también están desplazando a las instituciones civiles en el desarrollo de actividades vinculadas con el desarrollo nacional —infraestructura, salud y educación—“, lo que al final debilita al Estado de Derecho y atenta contra la democracia.
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