Esta semana, la Suprema Corte declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos de fraude fiscal, los cuales habían sido incluidos en la reforma constitucional del 2019 con la venia de todos los partidos por atentar contra la seguridad nacional. El presidente López Obrador se inconformó con la resolución alegando que beneficia a los “criminales de cuello blanco”, a “los fifís”.
En estricto sentido, tiene razón López Obrador de que esos delitos específicos son de ricos; son violaciones que no cometen –ni habitualmente se imputan a– los pobres. Que el presidente tenga razón en este alegato no quita su amor por una práctica salvaje y premoderna como la prisión preventiva oficiosa. Uno de los principales logros de Occidente ha sido la presunción de inocencia, principio rector del derecho moderno desde que se incluyó en la Declaración de los Derechos del Hombre, hace tres siglos.
La Corte resolvió que los delitos en disputa no atentan contra la seguridad nacional, y que hay otras medidas cautelares que pueden ordenarse –como el arraigo domiciliario, el brazalete, la vigilancia y el congelamiento de cuentas bancarias– antes de privar a una persona de la libertad. La prisión preventiva aún será posible pero sólo de manera justificada: cuando el acusado suponga un inminente riesgo de fuga, ponga en peligro a testigos, o pueda destruir pruebas según las circunstancias de cada caso particular.
A propósito de la resolución y la reacción de Obrador, el ministro presidente Zaldívar intentó recurrir al lenguaje obradorista para aplacar la ira presidencial argumentando que la prisión preventiva –en general, como norma y práctica– afecta abrumadoramente a los pobres, lo cual es cierto. Pero López Obrador no estaba hablando de la prisión preventiva en general, sino a la oficiosa respecto a los delitos de fraude fiscal. De esta forma, Zaldívar no sólo llevó una discusión de lo particular a lo general, sino al terreno retórico populista, dándole una gran cucharada de su propio chocolate ni más ni menos que a López Obrador, el autoproclamado portaestandarte de “primero los pobres”.
La jugada fue genial, sin duda. Pero no faltará quien con ella absuelva a Zaldívar de su general supeditación, ambigüedad y servilismo al presidente en este sexenio. No seamos tan indulgentes aún. De hecho, que tenga que llevar los asuntos jurídicos a la arena mediática, apelando a los pobres, es precisamente consecuencia de su entrega al Ejecutivo, de su voluntad por someter a la Corte al “mensaje de las urnas” en 2018, y es perfecta muestra de su anhelo de reivindicación. Esperemos los siguientes pasos de Zaldívar respecto de todas las reformas obradoristas que ha tenido intencionalmente por años en la congeladora… ahí estará su juicio final.
