El Presidente sabe de la importancia que tiene referirse y fustigar sistemáticamente el pasado inmediato del país.
Esta estrategia y convicción presidencial se han convertido en instrumentos fundamentales para su gobernabilidad. Ha sabido crear un estado de ánimo respecto al pasado que le ha permitido referirse a él como mecanismo para distraer la atención pública en momentos en que las condiciones le han sido adversas.
También está claro que no sólo lo hace por ello.
Junto, está su convicción porque hay motivos evidentes para fustigar el pasado, lo que le permite moverse bajo blancos y negros sin asumir que en el camino existen una infinidad de matices. Meter el pasado en el maniqueísmo le es rentable y le permite señalar una y otra vez a quienes llama “adversarios”.
Presumimos que el Presidente sabe que no todo el pasado es condenable. Existen instituciones fundamentales para la vida del país que han sido construidas por mujeres y hombres comprometidos con el país. No necesariamente han sido ni panistas ni perredistas ni priistas.
Han sido y son mexicanos comprometidos que han dado y dan históricas batallas, las cuales han llevado a que el país tenga sólidas bases estratégicas para el desarrollo y la convivencia.
Lo que ha pasado en política en los últimos años ha estado marcado y definido por una serie de circunstancias adversas, las cuales se han convertido en el mejor pretexto, con alta dosis de razón, para que el Presidente se explaye en su sistemática crítica al pasado.
A pesar de los muy luminosos pasajes del pasado, hay que reconocer que a veces cuesta trabajo contradecir al Presidente. No hay manera de plantear argumentos diferentes, porque la clase política se dedicó en épocas recientes, como en pocas ocasiones en la historia, a utilizar a la corrupción como forma de vida y como forma de gobierno.
Independientemente del uso político y maniqueo que haga el Presidente del fustigable pasado, estamos ante la imperiosa necesidad de investigarlo y, en su caso, enjuiciarlo. Hacerlo al tiempo que se aplica el Estado de derecho de la mano de procesos judiciales, de alguna manera nos reconcilia y nos coloca bajo escenarios formativos.
Los casos Lozoya y Estafa Maestra, más allá del evidente uso político que se está haciendo de ello, pueden ser temas con los cuales la sociedad se reconcilie y además tenga la certeza de que la impunidad no va a prevalecer.
El otro gran factor, igual de importante, es el crear las bases para que la gobernabilidad de la sociedad sea definida a través de la transparencia, rendición de cuentas y la certeza de que los gobernantes deben cumplir con sus obligaciones y, en caso contrario, deberán responderle a la sociedad a través de los aparatos de justicia.
Las filtraciones sobre la fallida demanda en contra de Luis Videgaray son un claro acercamiento de las muchas tropelías que se hicieron en el sexenio pasado. Todo resultó ominoso y evidencia un lamentable uso del poder.
Cuando se va viendo el tamaño de las cosas se entiende el porqué del encono social y el porqué el Presidente tiene sistemáticamente a este pasado como una especie de moneda de cambio. Los priistas y panistas involucrados deberán entender la enorme responsabilidad que han tenido en el actual desarrollo del país.
Han sido el factor por el cual vivimos bajo un deterioro insolente. López Obrador encontró en ese pasado un elemento idóneo para proponerle con toda razón a la sociedad un cambio, el cual no se ha alcanzado a ver cómo lo presume el mandatario.
López Obrador no puede gobernar con el pasado, pero viendo lo que se hizo y lo que falta por ver, los últimos seis años, como pocas cosas le vienen como “anillo al dedo”.
RESQUICIOS
Estamos cerca del semáforo rojo. La pandemia está agarrando un segundo aire y habrá que reconocer que le estamos echando la mano. Va a ser un severo golpe para las familias, pero seguimos en la disyuntiva de la economía o la vida.
Este artículo fue publicado en La Razón el 13 de noviembre de 2020. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
