El Salvador es un país mesoamericano que posee una extensión de 21 041 kilómetros cuadrados (ligeramente superior a las dimensiones del estado de Hidalgo), con una población de 6 602 370 habitantes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hay una diáspora salvadoreña en Estados Unidos estimada en alrededor de 3 millones de personas (de los que el 70 por ciento se asientan en los estados de California, Texas, Maryland, Nueva York y Virginia), que constituye un tercio de la población total y que en las próximas elecciones del 4 de febrero tendrá un peso importante como nunca antes en la historia del país mesoamericano.
Como se recordará, el país vivió una guerra civil entre 1979 y 1992 y con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) representado en las negociaciones por los comandantes de cinco grupos guerrilleros, resolvieron reducir el tamaño del ejército, disolver a la policía, a la policía tributaria, y a la guardia nacional y a un grupo paramilitar de defensa civil. El acuerdo, suscrito en México tuvo como testigos de honor a altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue menester crear nuevas instituciones en aras de favorecer la reconstrucción y promover la unidad nacional, lo que llevó también a integrar una Comisión de la Verdad para El Salvador, la cual documentaría los actos de violencia ocurridos desde 1980 en el país, impulsando mecanismos para recomponer el tejido social. Claro que ello no ha sido fácil.
Desde 1993 hasta la primera mitad de 2019, dos grandes fuerzas políticas gobernaron en El Salvador: la Alianza Republicana Nacional (ARENA), de orientación de centro-derecha y el FMNL de izquierda. ARENA dominó el espectro político de 1989 a 2009. Para que el FMLN, devenido en partido político, pudiera acceder al poder -fracasó en intentos previos como el de 2004, cuando Antonio Saca, de ARENA derrotó al ex guerrillero Shafick Handal- fue necesario que postulara al periodista, Mauricio Funes, quien asumió la presidencia el 1 de junio de 2009. Su antecesor, Antonio Saca, se encuentra en prisión tras una condena de 10 años por actos de corrupción. El sucesor de Funes, Salvador Sánchez Cerén, ex guerrillero y militante del FMLN, gobernó al país de 2014 a 2019. En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó acusándolo de lavado de dinero en los tiempos en que fungió como vicepresidente de Funes.
Hasta ese momento, la población salvadoreña se mostraba desencantada por las opciones políticas existentes por lo que le dieron el beneficio de la duda al candidato del partido Nuevas Ideas, Nayib Bukele, de ascendencia palestina. Es importante mencionar que Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y de San Salvador, entre 2015 y 2018. Ambas alcaldías las ganó como militante del FMLN si bien fue expulsado del partido en 2017 por fomentar la división del partido y difamar a militantes y al año siguiente fundó su propio instituto político.
Para dar una idea del meteórico ascenso de Bukele en la política salvadoreña, hay que reconocer que capitalizó el business as usual de los dos partidos tradicionales, en las elecciones de marzo de 2019 donde se impuso con un 53. 10 por ciento de los votos sobre Carlos Calleja de ARENA (que recibió el 31. 72 de los votos) y Hugo Martínez del FMLN (quien hubo de conformarse con el 14. 41 por ciento de los sufragios). No fue necesario tener una segunda ronda debido a la clara victoria de Bukele.
Su llegada al poder, entonces, se puede interpretar como voto de castigo contra las opciones tradicionales. La habilidad de Bukele para asentarse en el poder, operó primero mediante el control de la Asamblea, donde la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), fue la coalición que lo llevó al poder. Más tarde, en las elecciones legislativas de 2021 Nuevas Ideas en coalición obtuvo el control de dos terceras partes del poder legislativo, lo que le ha permitido maniobrar como gobernante con acciones en muchos casos consideradas como violatorias de derechos humanos, poco democráticas y autoritarias.
Fuente: World Prison Brief (2021).
Actualmente Bukele, quien tiene 42 años, es el presidente latinoamericano más popular, incluso por encima de Andrés Manuel López Obrador, con una aprobación mayor al 90 por ciento. Ello se explica sobre todo de cara a las políticas creadas para encarcelar a pandilleros y delincuentes de manera masiva, llevando a la caída de la tasa de homicidios de froma prominente. El 27 de marzo de 2022, las pandillas asesinaron a 87 salvadoreños en tres días y a continuación Bukele pidió a la Asamblea Legislativa aprobar un decreto mediante el que se implantó el estado de excepción, inicialmente por 30 días pero que se ha renovado en 11 ocasiones. Alrededor de 66 mil personas fueron encarceladas por cargos de asociación delictuosa. Claro que no todo es miel sobre hojuelas y hay que señalar que el modelo de encarcelar a los delincuentes no parece sostenible en el largo plazo. Hoy El Salvador tiene la tasa de población en prisión más alta del mundo con 605 presos por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la de Ruanda (con 580 presos) y Turkmenistán (con 576) y muy por encima de la de Estados Unidos (505), Rusia (300), y la República Popular China (RP China) (con 119). Organismos defensores de derechos humanos señalan que las detenciones de presuntos delincuentes en El Salvador en muchos casos han sido arbitrarias y que en las prisiones se aplican tortura y malos tratos, además de que el estado de excepción se ha ido normalizando en el país. Algunos especialistas señalan que Bukele ha pactado con organizaciones criminales para reducir la violencia en el país, y que ello es la verdadera causa del declive de los homicidios y otros delitos graves en El Salvador. Con todo, en términos políticos, el tener a raya a las organizaciones delincuenciales ha llevado a que Bukele se haya afianzado en el poder, no sólo a costa de la oposición (todas las fuerzas políticas combinadas, incluyendo a ARENA y al FMLN no alcanzan ni siquiera el 10 por ciento de la intención de voto), sino de quienes cuestionan su régimen, además de que poco a poco ha ido disolviendo la separación de poderes en el país.
Durante la pandemia del SARS-CoV2, El Salvador reportó la tasa más baja de defunciones por la enfermedad en Centroamérica -con la excepción de Nicaragua- y la gestión del presidente como de su ministro de salud gozaron de alta aprobación en la población, no obstante que el reporte de defunciones se considera que, en la realidad, es 90 por ciento superior a los números dados a conocer por las autoridades. Un análisis publicado en la Revista Uruguaya de Ciencia Política encuentra que las cifras oficiales y los datos sobre la progresión de la vacunación en el país han sido triunfalistas, además de que al asignación de 300 dólares como subsidio único para los habitantes fue caótica y no fue resultado de un estudio riguroso a efecto de determinar quién necesitaba más esos recursos, dado que se encontró que sectores muy vulnerables no pudieron acceder a esa ayuda. Asimismo, Bukele privilegió respuestas policiales y militares entre ellas el decreto de una cuarentena generalizada, el confinamiento forzoso de la población, la imposición del estado de sitio en diversos municipios, e incluso la prohibición a que salvadoreños que se encontraban en el extranjero regresaran al país. Todo ello violó derechos humanos fundamentales, en especial, aunque non exclusivamente, el derecho humano a la salud. Pese a ello la confianza pública hacia el presidente y su ministro de salud fue mayor entre sectores de la población con menor nivel educativo e ingresos bajos, en tanto aquellos con mejores posiciones socioeconómicas y mayor nivel de estudios se mostraron críticos e inconformes con la estrategia gubernamental para hacer frente a la pandemia. En términos generales, sin embargo, la gestión de Bukele fue considerada adecuada durante este terrible evento epidemiológico.
Bukele ha tomado decisiones polémicas como la de “bitconizar” la economía, haciendo de esta criptomoneda una divisa de curso legal en el país. Como se recordará, en 2001, El Salvador se convirtió, después de Ecuador (1999), en el segundo país latinoamericano en adoptar al dólar como moneda oficial, renunciando así a una política monetaria independiente y vinculando su economía de manera más estrecha con la de Estados Unidos. Ello no ha hecho inmune al país a las presiones inflacionarias por ejemplo, derivadas de la pandemia del SARS-CoV2, pero en general se considera que El Salvador ha tenido una relativa estabilidad. Empero, como se observa en el gráfico anexo, el país ha tenido tasas de crecimiento del PIB más altas en los gobiernos que antecedieron a Bukele, y si bien la terrible caída de -7. 8 por ciento en 2020 con motivo de la pandemia fue superada con creces con el crecimiento del 11. 2 por ciento en 2021, para 2022 se reportó un crecimiento más bien habitual de 2. 6 por ciento.
En cualquier caso, la decisión de adoptar el bitcoin como moneda local se produjo en 2021, es decir, tras dos décadas de la dolarización. El Salvador ha tenido problemas para operar con la conocida criptomoneda, dada su volatilidad, si bien en diciembre tuvo una revalorización y el propio Bukele presumió en su campaña por la presidencia este logro, efímero quizá, pero ello lo mantiene en la cúspide de la intención de voto.
De hecho, la candidatura de Bukele para un segundo período presidencial no era posible según la Constitución. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, dispuso la designación de magistrados afines al presidente, quienes hicieron una reinterpretación del artículo 152 constitucional, sentenciando que el presidente podría ser reelecto si no ostentaba el poder. Para resolver la encrucijada, Bukele podría solicitar una licencia seis meses antes de que comenzara el nuevo mandato y dejar al frente del ejecutivo a su secretaria privada, la contadora Claudia Rodríguez de Guevara. Ella quedó en el lugar de Bukele a partir del 1 de diciembre de 2023, con lo que el carismático líder de Nuevas Ideas quedó habilitado para contender para un segundo mandato y hacer proselitismo político. Rodríguez de Guevara no es en sí quien posee los poderes presidenciales, sino una persona “designada por el presidente de la república, encargada de despacho.” No está de más recordar que El Salvador ha sido pionero en la lucha de las mujeres latinoamericanas por obtener el derecho al sufragio y es menester recordar a Prudencia Ayala, escritora y activista que buscó la presidencia en 1919. Pese que las mujeres ganaron, al menos parcialmente, el derecho al sufragio en 1921, El Salvador nunca ha tenido una mujer en la presidencia y el caso de Rodríguez de Guevara ha sido calificado como de usurpación por todas las anomalías en el proceso encaminado a garantizar la reelección de Bukele.
En cualquier caso, Bukele ganará de manera contundente en los comicios del próximo domingo en una suerte de “crónica de una victoria anunciada.” ¿Qué enseñanzas arroja El Salvador de Bukele para las naciones latinoamericanas? Que la población prefiere apoyar a regímenes autoritarios, que concentran el poder y que no son genuinamente democráticos, siempre que solucionen los desafíos que las sociedades enfrentan. Bukele no tuvo una excelente gestión en la pandemia, como tampoco ha dirigido a la economía exitosamente, mucho menos ha tomado decisiones acertadas, como lo muestra la adopción del bitcoin. El Salvador, por ejemplo, está ranqueado en el lugar 122° entre 163 países del mundo en los índices de paz global y en la 125ª posición en los índices de desarrollo humano, con un desarrollo humano medio. En el índice de libertad económica de la fundación Heritage está en la posición 114ª, por debajo de la media en América Latina. Según el Banco Mundial, 1. 8 millones de salvadoreños viven en pobreza extrema, situación que empeoró en la pandemia y no se ha revertido.
Con todo, el combate a la delincuencia organizada y la reducción de los homicidios en el país es considerado un logro enorme tanto dentro como fuera del país, donde los expatriados en EEUU sufragaron mayoritariamente a favor de Bukele. Poner a los delincuentes en la cárcel no solucionará en el largo plazo la crisis de seguridad del país, pero sí de manera coyuntural. Así el populismo autoritario se impone y da mucha vida a las derechas latinoamericanas, como queda de manifiesto en la victoria de Javier Milei en Argentina y ya se verá dónde más -por lo pronto, Eduardo Verástegui apoya la reelección de Bukele. El carismático salvadoreño ha defendido a Donald Trump y criticado al sistema político de Estados Unidos. Se sabe que hay células de Nuevas Ideas en países centroamericanos y que el bukelismo, muy aplaudido en la región, está en condiciones hasta de exportar su modelo. En cualquier caso y más importante es que las sucesiones presidenciales no son sencillas ante los regímenes populistas, sean de izquierda, de derecha o de otro color.
