Escondida en los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación 2022, que la mayoría cuatroteísta aprobará en el Congreso de la Unión, se encuentra la culminación del saqueo del Fondo de Salud. Se trata de la depredación de un fondo que se constituyó con recursos públicos, pero también con las aportaciones de los beneficiarios del Seguro Popular y que respondía a un proyecto sostenible de protección de la salud para la población más desamparada.
En el ya lejano año 2004 se logró un acuerdo multipartidista para la formulación de ese programa presupuestario, que tenía el objetivo de mejorar el servicio de protección de la salud para las personas que no son derechohabientes de algún sistema público de seguridad social y que, por carecer de los dineros requeridos, están también marginadas de los servicios médicos privados.
Al Seguro Popular estaba asociado un fideicomiso público, el del Sistema de Protección Social en Salud, cuyos fondos se destinaban al financiamiento de tratamientos médicos de alto costo, como el cáncer, trasplantes de órganos, el VIH y malformaciones congénitas o adquiridas. Su utilización evitaba que las familias incurrieran en gastos catastróficos o que los enfermos se quedaran sin la atención requerida para el restablecimiento de su salud. Este mecanismo cubría 294 intervenciones a las que tenían derecho los afiliados, 618 procedimientos, 633 medicamentos y 37 insumos específicos.
Al cierre del ejercicio 2019, el fideicomiso mencionado contaba con más de 113 mil millones de pesos. El origen de este dinero eran los montos destinados cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero también se acumularon ahí las aportaciones de las familias afiliadas. Aunque la mayoría de éstas tenían acceso gratuito, un estudio socioeconómico indicaba los casos en los cuales debían hacer contribuciones, que iban desde dos y hasta los 11 mil pesos.
En 2019, la mayoría morenista en el Congreso de la Unión aprobó la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Esta reforma transformó el fideicomiso que fue sustituido por el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). En los dos años siguientes, a los 113 mil millones de pesos se sumaron los montos presupuestados para el Fonsabi, pero también se retiraron del mismo 73 mil millones de pesos, etiquetándolos al gasto corriente del Insabi.
La Ley de Ingresos 2022 que está procesándose en el Congreso incluye un artículo transitorio por el cual se instruye “a la institución fiduciaria del Fonsabi para que, durante el primer semestre de 2022, concentre en la Tesorería de la Federación el remanente del patrimonio de ese fideicomiso”, remanente que está valuado actualmente en 64 mil millones de pesos, con lo que habrá de consumarse el completo saqueo de sus fondos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presume que el presupuesto del año entrante trae un incremento sustancial al gasto en salud. Lo que no dice es que tal incremento se basa en la rapiña del Fondo de Salud ni que se reducirá a cero el ahorro estratégico que el Estado y los afiliados del Seguro Popular habían construido para atender la protección de la salud de las personas marginadas de los servicios sociales como son los desempleados, los trabajadores del campo, los trabajadores informales de las ciudades y los empleados por su cuenta. Tampoco dice el gobierno federal que pretende subsanar su desastrosa actuación ante la pandemia disponiendo de los recursos que originalmente estaban destinados a cubrir las enfermedades de alto costo de los beneficiarios del sistema de salud pública.
Cincelada: la persecución de científicos y los ataques a la UNAM nos recuerdan que el diazordacismo es la enfermedad infantil del echeverrismo que guía a López Obrador.
