El régimen lopista ha concatenado varios eslabones de ilicitud en los últimos meses: desde las trampas para promover la revocación de mandato hasta la desafortunadísima declaración presidencial del miércoles 6 de abril, con la que el mandatario explicitó su desprecio al cumplimiento de la ley. No es sorpresivo que López Obrador no respete la Constitución, pero su comportamiento actual ha alcanzado nuevas cotas de cinismo.
Una de las prácticas más despreciables del señor ilegalidad ha sido el linchamiento público de Carlos Loret, mediante el recurso de exhibir (directamente y a través de paleros) un supuesto patrimonio del periodista. Esa conducta gubernamental es tan ilícita que, en cualquier país democrático, ya hubiera causado la destitución del jefe del Ejecutivo. Pero, en el país del macuspano, pisotear las normas es parte del cotidiano presidencial. Incluso López ha expresado, en más de una ocasión, una interpretación extravagante y altamente estólida de la transparencia: que, como los periodistas son personajes públicos, deben ventilar su patrimonio y justificar su origen. El ciudadano de cristal de las tiranías, expresado como una meta deseable por el burócrata más poderoso de México.
Mi maestro, el ilustre doctor José Luis Piñar, recuerda la explicación del estadounidense Alan Westin sobre este tema: “Estados totalitarios quieren un ciudadano de cristal y una administración opaca, mientras que los Estados democráticos lo que buscan es un ciudadano opaco y una Administración de cristal”.
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No queda duda de que López Obrador quiere periodistas de cristal, pero una Administración que ni siquiera transparenta lo que nos cuesta que el presidente viva en un palacio virreinal, sus viajes como si anduviera en campaña, mucho menos lo que come y viste él y su núcleo familiar, aunque todo eso lo paguemos los contribuyentes.
Solo en los totalitarismos de los años treinta (y de la guerra fría del siglo XX) hubo tiranos dispuestos a verbalizar que los ciudadanos eran de cristal y que deberíamos saber su patrimonio y datos personales. Aunque le duela al régimen cuatrero, esa idea del mundo vuelve a hermanar a López Obrador con Stalin, Castro, Mussolini, el austriaco, Pol Pot y Ceaușescu.
De hecho, la tétrica persecución y reclusión de Alexandra Cuevas, por un delito que ni siquiera existe en la ley, es típica de un país bananero y no de la decimoquinta economía mundial. Sin embargo, lo más sorprendente de este tipo de violaciones vulgares a la ley es que la sociedad aún no se harta del desprecio consuetudinario a las normas. Esa es una las razones por las que el presidente vulnera los derechos humanos con total descaro e impunidad, porque los reclamos a su conducta antijurídica solo provienen de una oposición ridícula y patética, que lleva maquetas de Lego al Senado o evidencia permanentemente su ineptitud intelectual en debates y declaraciones: la derecha de pacotilla de este país es la mejor garantía de la continuidad obradorista.
La razón de Estado es la justificación de cualquier acción que asegure la sobrevivencia del gobierno. En contraste, el Estado de Derecho y la democracia ponen en primer lugar a los individuos y a los derechos. Resulta sencillo concluir que la razón de Estado engendra tiranías y desprecia al Derecho. Ese es el legado con el que López Obrador se presenta a su proceso inducido de revocación de mandato, uno de ilegalidad exacerbada y agravada como nunca antes en la era democrática de México.
El señor ilegalidad no trajo bienestar, crecimiento, seguridad, paz, prosperidad o justicia. Quería ser Juárez, pero parece Santa Anna; deseaba ser Cárdenas, pero recuerda lo peor de Alemán; aspiraba a ser Madero, pero busca ser Calles; eso sí: siempre ha querido ser Echeverría y eso es lo único que le sale de maravilla.
