La crisis que vive la Sala Superior del Tribunal Electoral es, en el fondo, un nuevo intento del grupo en el poder para controlar ese órgano jurisdiccional. La 4T intenta imponer una presidencia alineada al obradorismo.
Al inicio del actual sexenio, el gobierno tuvo el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través del exmagistrado José Luis Vargas, que en ese periodo fungió como presidente de la Sala Superior. En esa etapa Vargas encabezó una mayoría aquiescente con la línea de la 4T. El máximo tribunal electoral “administró” los casos con base en un favoritismo para AMLO y Morena.
Asi, se pospuso la resolución de asuntos incómodos para el gobierno (como ocurrió con los de los servidores de la nación y los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco, por mencionar un par de ejemplos).
En otros casos, de plano, las sentencias expresaron una actitud servil para con el partido oficial, como sucedió en septiembre de 2018 con la aberrante sentencia sobre el “Fideicomiso por los Demás”, en la que revocó la multa de 197 millones de pesos que el INE había impuesto a Morena por financiarse ilegalmente con apoyos para los damnificados del sismo de 2017.
La razón jurídica, la fuerza de las probanzas, la presión de la academia y de la opinión pública, determinaron que se modificara la correlación de fuerzas al interior de la Sala. El exmagistrado Vargas maniobró ilegalmente para posponer las sentencias que pudieran incomodar al inquilino de Palacio Nacional, pero se fue aislando hasta perder la mayoría. El 1º de marzo de 2021, en una histórica sesión, el TEPJF declaró fundadas la queja del PRD contra los servidores de la nación, así como otras denuncias sobre el proselitismo en las conferencias mañaneras y la intromisión presidencial en las elecciones locales.
Semanas después, Vargas renunció a la presidencia de la Sala, cargo que fue ocupado por el magistrado Reyes Rodriguez Mondragón para reivindicar la autonomía del TEPJF y su carácter de tribunal constitucional en materia electoral. Luego vendrían las sentencias que confirmaron las negativas de registro a los candidatos morenistas en Guerrero y Michoacán porque violaron la reglas de financiamiento (Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente). Así también, el máximo tribunal resistió junto al INE los embates de los “planes A y B” de contrarreforna electoral.
En este trayecto, solo la magistrada Mónica Soto mantuvo su coincidencia con Vargas, intentando absolver al gobierno y a Morena en múltiples casos, pese a toda evidencia.
Con mala fe, la mayoria morenista en el Senado ha omitido nombrar a los nuevos magistrados que deben sustituir a quienes terminaron su periodo en octubre de este año (por lo que la disminuida Sala quedó con solo cinco integrantes). Simultáneamente, el gobierno arreció sus presiones sobre la magistratura. Producto de lo anterior se operó un realineamiento para volver a meter al TEPJF en el redil cuatroteísta.
La evidencia de que este reacomodo se impulsa desde Palacio Nacional es que la magistrada Soto no solo forma parte de la nueva mayoría de tres, sino que, incluso, es la propuesta para convertirse en la nueva presidenta de la Sala.
Tiempos oscuros se avecinan para la autonomía jurisdiccional en materia electoral. Son tanto más preocupantes porque se presentan en el órgano que habrá de calificar la elección presidencial de 2024.
Cincelada: La crisis del TEPJF no se origina en cuestiones administrativas o de supuestas extorsiones. El origen de la misma está en el asedio del grupo en el poder.
