Desde el humilde Palacio Nacional, Su Alteza Serenísima Andrés Manuel I se ensaña con el gremio de los periodistas. Usted disculpará, no descubro el hilo negro; el tema amerita la referencia.
Mire usted. En la enfermiza revancha personal contra las empresas de medios de comunicación y los llamados líderes de opinión que no le han sido afines, sus alfiles en la dirección de los medios públicos han entendido que la tarea de servicio al interés presidencial implica deshacerse de sus trabajadores a como dé lugar.
Así, el Instituto Mexicano de la Radio está en el turno al bate; palo a sus trabajadores, home run contra la máxima perro no come perro porque el cancerbero de la comunicación de la 4T devora a los de casa y sin materia gris no entiende razones, como Gabino Barrera. ¿A poco no?
Falaz, el Duce López Obrador presume respeto a la libertad de expresión, al libre ejercicio del periodismo, pero utiliza a una batería mercenaria para denostar a los profesionales del periodismo y ocupar espacios de privilegio en las conferencias de prensa, en las que el vocero presidencial Jesús Ramírez aplica la etiqueta de “se reserva del derecho de admisión”. Pero…
“No deben preocuparse los trabajadores al servicio del Estado, porque no va a haber un solo despido, no se va a despedir a nadie ni trabajadores de base ni sindicalizados, a nadie, porque es un compromiso que hicimos”, sostuvo el Duce López Obrador el 3 de septiembre del año pasado, 2020. ¿Y?
El uso faccioso y propagandístico del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano pasa por encima de los derechos de sus trabajadores, especialmente de los reporteros que, en estos tiempos de lo inédito, están groseramente convertidos en reporteros kleenex, es decir: los usan y desechan sin respeto a sus derechos profesionales, humanos y laborales.
Qué le digo de lo ocurrido en la agencia informativa del Estado mexicano Notimex, estallada el 21 de febrero de 2020, litigio que han ganado los trabajadores en tribunales pero Su Alteza Serenísima se ha negado a ordenar, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, la dimisión de la directora Sanjuana Martínez, responsable del conflicto, y atender las demandas de los colegas de la agencia.
¿Será que al licenciado presidente y sus comedidos directivos en los medios públicos les pesa que la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano sea obra de la administración del odiado neoliberal Enrique Peña Nieto y se desquitan con el personal?
No está de más pensar en esa posibilidad cobijada por la revancha y la negativa de lo pasado, porque todo lo pasado huele mal. ¿Respeto a la ley? ¿Respeto a los derechos laborales de los trabajadores de los medios públicos? ¡Bah!
Vaya, en los tiempos del partidazo en el poder y la breve estancia de la oposición albiazul en Los Pinos, hubo casos de despidos injustificados lo mismo en Notimex que en Canal Once –hoy conocido solo como Once–, el IMER o el Canal 22, pero que se sepa siempre fueron ganados por los colegas o trabajadores administrativos. ¿Hoy? ¡Hágale como quiera!, porque las demandas laborales duermen en el archivo, otras han corrido la suerte del fallo positivo después de años en lista de espera. Son excepciones.
Pero, ¿qué ocurre en el IMER?
Decía que el Instituto Mexicano de la Radio, creado el 25 de marzo de 1983 y cuyo eslogan es: Somos radio pública, con cobertura nacional, está en el turno al bate de este juego contra los reporteros, la delgada parte de este hilo en la revancha contra los medios de comunicación.
Y, a la indignante situación laboral en la que Su Alteza Serenísima Andrés Manuel Primero mantiene a Notimex, suma otra crisis en el IMER que, a su libre albedrío con ausencia de rubor propagandístico dirigen Aleida Calleja Gutiérrez y la activista Elia Soledad Baltazar González en calidad de directora del Sistema Nacional de Noticieros.
Mire usted. Trabajadores de base, de confianza y de honorarios denuncian abusos y la existencia de un clima laboral tóxico y hostil en el Sistema Nacional de Noticieros y en distintas gerencias de las emisoras del IMER, donde se han documentado formalmente quejas y atropellos sobre tráfico de plazas, imposición de cargos públicos, abuso de autoridad y acoso laboral.
¿Algo más del demócrata proceder de las autoridades del IMER? Bueno, han despedido injustificadamente a gerentes, locutores, productores, reporteros, redactores y analistas técnicos.
Lo más grave es que, durante la pandemia, han muerto 10 trabajadores por Covid 19, quienes fueron obligados a trabajar presencialmente sin contar con las medidas ni protocolos sanitarios. Entre los fallecidos se encuentra personal de ingeniería, investigación, archivistas e intendencia.
Y échese este trompo a la uña, como diría mi admirada China Mendoza: ante autoridades de las secretarias del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública, así como de la Fiscalía General de la República y tribunales laborales se han presentado infructuosamente quejas y denuncias contra directivos del IMER.
Qué raro, si el licenciado presidente, reitero, dijo en septiembre del año pasado que “no deben preocuparse los trabajadores al servicio del Estado, porque no va a haber un solo despido, no se va a despedir a nadie ni trabajadores de base ni sindicalizados, a nadie, porque es un compromiso que hicimos”.
Y, mire usted lo que ocurre en el área de noticias del IMER, donde personal de 20 a 30 años de servicio fue despedido injustificadamente, bajo argucias, presiones, amenazas y mentiras. ¿Será porque son aspiracionistas y profesionales? Y es que, el personal cesado cuenta con maestría, licenciatura y larga trayectoria en el periodismo; mientras ningún directivo del área de noticias se encuentra titulado como lo establece y exige la Ley de Servidores Públicos.
Vaya, vaya. ¿Lo sabrá el Duce? Los afectados denuncian ser objeto de terrorismo laboral, humillaciones y fabricación de falsos argumentos para despedirlos y evitar la liquidación conforme a Derecho. Y se acumulan juicios laborales por despidos injustificados en tribunales; se nutre el archivo muerto.
Hay más: durante la contingencia sanitaria se generó un clima de encono, temor y discriminación; además de la aplicación de largas jornadas laborales que superan por mucho lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
En este escenario, de acuerdo con denuncias de trabajadores que, por supuesto, no pueden ser identificados por temor a represalias, la actuación de Aleida Calleja Gutiérrez y Elia Soledad Baltazar González refleja una conducta indigna al generar un ambiente laboral hostil, irrespetuoso e insensible que transgrede principios y valores plasmados en la Ley de Servidores Públicos.
¿Qué le parece? La paradoja: agresiones a trabajadores de los medios de comunicación públicos no son públicas y Su Alteza Serenísima hace como que la virgen le habla. ¡Al diablo los periodistas aunque sean de casa!
Indigna y preocupa. Más allá de sus problemas laborales, similares al conflicto en Notimex, el IMER se aleja de ser una radio del Estado Mexicano al convertirse en un órgano propagandístico de la 4T. Solo basta sintonizar cualquiera de sus emisiones noticiosas o escuchar comentarios de sus colaboradores.
¿Por qué no interviene el licenciado presidente e instruye atender demandas de los agraviados? ¿Cuesta mucho reinstalarlos y cubrir pagos rezagados e indemnizaciones, es decir, cumplir con la ley y remover a directivos que no cumplen con el perfil profesional que exige la radio pública?
Lo dicho: junto con el maltrato a sus trabajadores, la mala fe, el revanchismo y las mentiras ponen en duda la imparcialidad y pluralidad de los medios públicos. Bueno.
¡Ah!, por cierto, merced al profesionalismo de sus directivos, el IMER está en riesgo de perder concesiones, entre estas la de Opus 94.5.
Parafraseo al Duce Andrés Manuel López Obrador, también conocido como Su Alteza Serenísima: pobre Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, tan lejos de la libre expresión y tan cerca de la 4T. Digo.
