El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado en diversas ocasiones sobre su intención de eliminar de la administración pública a los organismos autónomos. Los motivos expresados por el presidente y miembros de su gabinete para justificar esta intención son seis:
(I) Arrancan funciones fundamentales del estado. Esto es falso porque parte de confundir al poder ejecutivo con el Estado. El titular del ejecutivo es el jefe del Estado pero no es el estado. Los tres poderes, los tres órdenes de gobierno y los órganos constitucionales autónomos son también el Estado y desempeñan funciones específicas para su debida operación;
(II) Altos sueldos de sus funcionarios. Los requisitos esenciales que las constituciones modernas y la doctrina internacional han determinado indispensables para garantizar la autonomía de un poder u organismo son: a) la transparencia en la designación de sus integrantes, b) una remuneración suficiente que permita asegurar la imparcialidad en su actuación. Al respecto, Alexander Hamilton en El Federalista señala: “el poder sobre la manutención de una persona es equivalente a un poder sobre su voluntad”, c) estabilidad en el cargo por periodos superiores a los del titular del ejecutivo y los miembros del congreso, y d) independencia presupuestal. Sobre el particular, la Suprema Corte (CC 31/2006) estableció: “quien está sujeto a una relación de dependencia no realiza sus acciones de manera autónoma, sino que se ve en la necesidad de atender a la voluntad del agente dominante”;
(III) Altos costos operativos. Esta es una apreciación subjetiva y al ponerla en perspectiva con el gasto total del Estado no pasa la prueba de la risa. Las pérdidas de Pemex y CFE en un solo día son superiores al costo operativo de todos los organismos autónomos en un año;
(IV) “Amiguismo” en la designación de sus titulares. Esta crítica es del todo gratuita. Al contrario de lo que sucede con la administración pública centralizada, en los organismos autónomos existe una mayor transparencia y requisitos mínimos para la designación de sus titulares y, como regla general, en el proceso participan cuando menos dos poderes. Tan es así que no hay ningún arqueólogo o antropólogo en la Junta de Gobierno del Banxico;
(V) Facultades ilimitadas y falta de control. Que los organismos autónomos no sean controlados por el presidente de la República no quiere decir que carezcan de mecanismos de control. En primer lugar, sus actos son controlados por el poder judicial cuando causan algún agravio a un particular o a un colectivo, y, en segundo lugar, sus procedimientos y manejo de recursos son supervisados diariamente por sus órganos internos de control y anualmente por la Auditoría Superior de la Federación, que forma parte del poder legislativo, y
(VI) Resultados deficientes. Según el presidente López Obrador los organismos autónomos no sirven para nada y sus ámbitos de competencia deberían subordinarse a él. Cualquier análisis objetivo sobre los resultados del Banco de México en el control de la inflación o del INE en la transparencia y certeza de las elecciones bastaría para desmentir esta afirmación. Esto no quiere decir que los organismos autónomos no puedan mejorar, pero lo que sí es muy claro es que una regresión que reconcentre el poder en un solo hombre tendría como consecuencia un grave conflicto de interés. No podemos permitir que el presidente se vigile y controle a sí mismo.
En palabras de James Madison, “una mera demarcación sobre el papel de lo que son los límites constitucionales de las diversas ramas, resulta de todo punto insuficiente para protegernos de las usurpaciones de poder que llevan a una concentración tiránica de todos los poderes de gobierno en unas mismas manos”.
Este artículo fue publicado en El Economista el 10 de marzo de 2021. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
