AMLO prometió que implementaría apoyos y ayudas sociales permanentes para el 70% de las familias en México. Para ello, realizó una reasignación del gasto público, recortando recursos a raja tabla en diversos rubros. Los recortes y reasignación del gasto se destinaron principalmente a los programas sociales insignia de la actual administración como Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida, Adultos mayores, y a tres grandes obras de infraestructura: dos bocas, el tren maya y el aeropuerto de Santa Lucía; así como para “rescatar” a Pemex.
Hasta ahí todo suena más o menos bien, el problema es que los recortes se realizaron en sectores importantes como: salud, educación, investigación, seguridad, transporte y mantenimiento de la infraestructura existente; eliminando el seguro popular, el programa prospera, las estancias infantiles, el instituto para la evaluación educativa, etc.
La realidad es que la promesa populista de dar transferencias monetarias permanentes al 70% de las familias en México es sencillamente imposible de llevar acabo sin realizar recortes y afectaciones importantes en rubros fundamentales para la calidad de vida de las personas. Entregar ayudas clientelares permanentes genera dependencia y no resuelve el problema de falta de oportunidades. La única forma de lograr un desarrollo sostenible e inclusivo es generando las condiciones necesarias y suficientes para que las personas puedan salir adelante con su propio trabajo y esfuerzo. Para ello es indispensable invertir suficiente dinero en calidad educativa, infraestructura de salud, seguridad pública, transporte eficiente y mantenimiento de la infraestructura existente. Desde que inicio esta administración la inversión pública se ha reducido (-)14%.
La actual administración nos aseguró que combatiendo la corrupción y con austeridad republicana sobraría el dinero para todos sus programas clientelares y obras faraónicas. La realidad es que la corrupción solo se ha combatido en el discurso y la reasignación del gasto más la austeridad mal entendida han ocasionado problemas diversos, desde falta de medicinas para niños con cáncer hasta mantenimiento insuficiente en el metro de la CDMX o pocos recursos para combatir incendios.
Para verdaderamente alcanzar un desarrollo sostenible y lograr la prosperidad de todos los mexicanos, tiene necesariamente que aumentar la inversión, el número de empresas privadas formales, la generación de riqueza y la creación de empleos productivos bien pagados. Se tienen que multiplicar la oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus potencialidades al máximo. El gobierno tiene que asegurar un ambiente de paz y concordia, piso parejo, permitir la competencia e inversión en todos los mercados, incentivar la innovación y facilitar el emprendimiento.
Sin inversión pública y privada suficiente no habrá crecimiento ni bienestar posible. La inversión privada se desplomó (-)20% en el año 2020, su peor caída en 25 años. Esto se debe en alguna medida al impacto del Covid-19, sumado a un ambiente antiempresarial y de polarización que ha generado el gobierno de la 4T, colapsando la confianza y certidumbre para la inversión privada en México. La confianza no se decreta ni se pacta, la confianza se construye todos los días. La aprobación reciente de leyes que van en contra de nuestra Constitución por parte del partido gobernante solo agudizará el problema.
No hay nada gratis, la promesa populista es un espejismo imposible de sostener en el tiempo. Para lograr un desarrollo inclusivo es indispensable aumentar la productividad de nuestra economía y la generación de valor. Es necesario restaurar la confianza perdida. Urge consolidar una economía de libre mercado que multiplique las oportunidades para todos.
