La sorpresiva salida del exfiscal Alejandro Gertz Manero dejó tras de sí un escenario de confusión política, desinformación y versiones que el gobierno nunca aclaró. Pasadas dos semanas del episodio, quedan sin respuesta algunas preguntas fundamentales: ¿renunció?, ¿se le ofreció una embajada?, ¿qué país habría aceptado recibirlo?, ¿fue solicitado el beneplácito diplomático? Sin despejarse las dudas, la especulación crece sin control.
La propia reacción inicial de Claudia Sheinbaum abonó a la incertidumbre. Primero aseguró no tener conocimiento de la renuncia; 24 horas después que sí, que le había propuesto una embajada y luego se intentó hacer coincidir esa narrativa con una carta que circuló atribuida a Gertz Manero.
Sin embargo, lo que la falta de claridad evidenció, fue que la Presidencia no tenía previsto ni el relevo institucional ni el procedimiento constitucional para designar a un nuevo fiscal general.
Improvisación
Rápidamente nombraron como fiscal interina a Ernestina Godoy, entonces Consejera Jurídica del Ejecutivo. Según trascendió, Godoy habría renunciado discretamente a su cargo apenas se supo de la salida de Gertz, para quedar en posición de ser designada como Fiscal de Control, puesto que ocupó por unas horas antes de ser nombrada Fiscal General Interina. Ese movimiento acelerado generó aún más dudas sobre las motivaciones detrás del relevo.
La salida de Gertz se convirtió en una “caja negra”: no hubo mensaje público del exfiscal, ni entrega formal del cargo, ni alguna declaración que ofreciera contexto sobre su dimisión. La ausencia absoluta de información levantó una oleada de rumores: desde que Gertz “traicionó” al expresidente ofreciendo información contra Adán Augusto López o Andy López Beltrán, hasta que lo vinculaban con supuestos testimonios de colaboradores como el empresario Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.
En estas hipótesis, Rocha habría pagado fuertes sumas de dinero para conocer información de investigaciones y evitar cateos contra negocios presuntamente ligados a actividades ilícitas. Otra versión fue que la caída de Gertz obedecía a presiones derivadas de una investigación que involucraría a Rocha y a personas cercanas al expresidente. Todas estas historias son mera especulación alimentada por el silencio oficial.
Fue Godoy y a nadie sorprendió
Ernestina Godoy—figura cercana a Sheinbaum—tomó el control de la FGR. Su llegada fue presentada por sectores del oficialismo como sello propio de la presidenta y un distanciamiento definitivo del estilo de López Obrador.
Sin embargo, sus primeras acciones no apuntan hacia una transformación profunda de la institución, sino más bien a un reforzamiento de su uso político. Mientras denuncias contra figuras prominentes de Morena permanecen sin avance —entre ellas señalamientos contra Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Mario Delgado, varios gobernadores, y otros altos funcionarios—, la FGR continúa concentrando sus movimientos en casos originados en administraciones anteriores.
Así, aunque existen quejas ante instancias nacionales e internacionales contra actores del oficialismo, la Fiscalía sigue manteniendo un perfil similar, donde ningún expediente que toque a personajes cercanos al poder muestra avances significativos.
Godoy ha privilegiado relanzar investigaciones de años atrás. Como el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido por presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR obtuvo autorización para procesarlo por delitos adicionales no contemplados en su primera extradición.
Otro frente retomado es el de la Estafa Maestra. La Fiscalía logró una reparación del daño por más de 62 millones de pesos vinculada a este esquema de desvío de recursos durante el sexenio de Peña Nieto. Aunque se trata de un avance administrativo importante, no supone un giro político ni un mensaje contundente contra la corrupción del presente.
Un caso que podría convertirse en prueba para la FGR, es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca quien curiosamente fue de los primeros en advertir sobre el “huachicol fiscal”, incluso en presencia del propio López Obrador. Ahora, integrantes de Morena acudieron a la Fiscalía para denunciarlo por ese mismo delito sin que a la fecha Godoy haya dado una postura ni informado de avances en el expediente.
Ambigüedad institucional
Tras la explosión de un coche bomba en Michoacán, poco después de presentarse un nuevo plan de seguridad en el estado, en una primera declaración, la fiscal interina calificó el hecho como terrorismo, posteriormente, al abrir la carpeta de investigación, lo reclasificó como delincuencia organizada. El cambio generó cuestionamientos sobre los criterios técnicos y políticos detrás de la decisión.
Hasta ahora el patrón sugiere que Godoy funciona como un relevo estratégico, es decir, un “cambio para el segundo tiempo” —en términos futbolísticos— que permite a la administración de Sheinbaum enfrentar presiones internas y externas sin tocar estructuras sensibles dentro del oficialismo.
Su papel parece la contención de riesgos, no la procuración integral de justicia.
Sin embargo, en el ámbito internacional siguen las presiones: Estados Unidos insiste en que México debe priorizar el combate al crimen organizado y desmontar redes delictivas de alto impacto, dejando de lado los casos aislados de carácter político. Hasta ahora, la respuesta institucional ha sido ambigua, y el gobierno ha sorteado estas exigencias con cautela.
En conjunto, la llegada de Ernestina Godoy no representa la “renovación” que algunos anunciaron, sino la continuidad de una Fiscalía que hace las veces de espada de Damocles, suspendida sobre opositores y críticos del gobierno, mientras mantiene inmóviles los expedientes sensibles que involucran a actores del oficialismo.
La opacidad en la salida de Gertz Manero, el misterio que envuelve su paradero y la ausencia de explicaciones oficiales solo han fortalecido la percepción de que la FGR sigue siendo un instrumento político más que un órgano de justicia autónomo.
X: @diaz_manuel
