El gobierno está rechazando la presencia de observadores internacionales para el 6 de junio, pues considera que fueron clave para acabar con la autocracia de su aliado Evo Morales, al contribuir a su renuncia como dictador constitucional de Bolivia.
Por eso el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de Morena, Mario Delgado, se niegan a reunirse con los observadores de la OEA y la delegación de alto nivel de Estados Unidos y Canadá (The Delian Project), que ya trabajan aquí.
La estrategia del gobierno es impedir que los observadores extranjeros perciban (como con Evo Morales) si en los comicios se atuvieron a la legalidad y a los convenios internacionales firmados por el país o, simplemente, si hubo trampas.
Se entiende eso, por los ataques del presidente a los órganos electorales, violando los principios constitucionales en materia electoral, creando un contexto de inseguridad democrática que puede causar la anulación de los próximos comicios.
Y por la declaración conjunta firmada por el presidente de México y el sustituto de Evo Morales en Bolivia, para que los observadores de la OEA se limiten a gastar sus viáticos el día de la elección y lo que digan sea como llamados a misa. O sea: que no observen nada.
“No vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía. Ya lo saben la OEA, la ONU y todos los demás”, adelantó esta semana el presidente mexicano, quien conoce mejor que nadie el alcance de esas misiones electorales.
Sabe que el informe de la misión electoral de la OEA sobre el fraude electoral en Bolivia, en octubre de 2019, fue básico para impedir la reelección ilegal de Evo Morales, a quien tuvo que sacar a la carrera de Bolivia en un avión militar y darle asilo en México.
Porque, para qué jugar con las palabras: el actual gobierno mexicano no quiere a los árbitros autónomos, pero en especial a los órganos electorales. Y lo demuestra en sus votaciones en los foros internacionales.
En la OEA se negó a condenar al dictador de Venezuela por haber capturado el Consejo Nacional Electoral, con “la ilegal designación por parte del gobierno de los miembros del Consejo y hasta de la directiva de partidos de la oposición”.
Es natural que Ebrard y Delgado rechacen ver a los observadores electorales de Estados Unidos y Canadá, ni a los de la OEA, que tampoco han obtenido de parte del gobierno las “inmunidades y privilegios” que mandan los convenios internacionales.
Lo que hace este gobierno es soplar el fuego para armar un escenario de caos que propicie la anulación de las próximas elecciones, no sólo por la violación de la imparcialidad del presidente y otros funcionarios públicos…
También para anular su observancia internacional.
