Es claro que el punto fuerte del gobierno de la 4T es el control de la narrativa y no necesariamente la resolución de problemas, o de atender aquellas banderas que el gobierno dice enarbolar como la justicia o la lucha contra la corrupción.
El veredicto sobre la culpabilidad de García Luna fue celebrado de manera eufórica por el gobierno, funcionarios y seguidores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para la clase política gobernante ese anuncio marca un verdadero parteaguas, porque exhibe la corrupción del antiguo régimen y que la dirección que ha emprendido el actual gobierno es la correcta.
El primero en emitir una reacción fue el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que en un mensaje en su cuenta de Twitter mencionó “García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”.
Esta declaración se ve acompañada por otras, como la del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier que mencionó, “No hay crimen perfecto. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna. Al tomarse como válidos los testimonios, los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón. No a la impunidad”.
Lo curioso de las distintas reacciones es que no hay un consenso sobre la forma en que se debe de proceder contra los superiores de García Luna y contra el propio funcionario encontrado culpable. Si bien ambos funcionarios señalan al enemigo acérrimo del presidente, Felipe Calderón, para el vocero es un asunto que debe de quedar en la memoria de los mexicanos mientras que para el coordinador de los diputados se debe de perseguir a los expresidentes.
En realidad, por lo dicho y por lo hecho por el presidente en el caso de García Luna no parece estar dispuesto a profundizar en el asunto, más allá de la exhibición que ha hecho sobre el tema, tratando de señalar al partido Acción Nacional por tolerar la presencia de este tipo de funcionarios en las administraciones panistas.
Para muestra se encuentra el hecho de que a García Luna el gobierno mexicano no lo investiga por delitos relacionados con el narcotráfico, la denuncia que hay en México es por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que parece un delito menor si se le compara con las relaciones y las operaciones que se le adjudican a García Luna y que fueron reveladas en el juicio.
El presidente López Obrador ha ofrecido el criterio de oportunidad a García Luna, para que declare en contra de Felipe Calderón y de Vicente Fox, sin embargo, para García Luna esto resulta poco atractivo porque finalmente donde se le está juzgado es en Estados Unidos y no en México, en todo caso le convendría llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense para evitar la cadena perpetua.
Pero en el fondo la obsesión de López Obrador se encuentra con la corrupción a gran nivel, aquella que exhibe a expresidentes y aliados, aquella que involucra a los grandes empresarios y que es la que López Obrador trata de combatir.
Su idea sobre el surgimiento del narcotráfico en México obedece a la misma situación, son los políticos corruptos los que se han beneficiado de las operaciones del crimen organizado, los narcotraficantes serian en última instancia herramientas que han servido a esos políticos para incrementar su poder.
Por eso el presidente López Obrador no combate abiertamente al narcotráfico, no está en su interés, su interés real se encuentra en exhibir a funcionarios y políticos corruptos como García Luna. El presidente ve en los narcotraficantes a personas que las condiciones sociales los han orillado a dedicarse a actividades ilícitas, por eso la única manera de ayudarlos es perdonándolos, abrazándolos, impulsando los programas sociales que ayudarán a disminuir su presencia.
Pero esa forma de ver la realidad es problemática, como él mismo lo ha reconocido, hay lugares remotos y pequeños, pero también grandes, en los que la población reconoce la labor social del crimen organizado por encima de la del gobierno. De la misma forma la presencia de la narcocultura ha crecido en el país, él mismo ha sido testigo en los espectáculos organizados en el Zócalo como la gente aclama los corridos dedicados a narcotraficantes.
Esa visión sesgada del origen del problema no le permite ver que el asunto es todavía más complejo, México es un narcoestado aunque el presidente diga que eso solo ocurría en el pasado. En México operan al menos 150 grupos del crimen organizado según el mapa criminal del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), grupos que ni el Ejercito ni mucho menos las autoridades locales han podido contener.
Esos grupos son los que ejercen el control sobre la población y ejercen las funciones del Estado en muchos lugares del país, es bien sabido sobre los toques de queda autoimpuestos en diferentes regiones del país, las extorsiones, el cobro de derecho de piso, las masacres que también el gobierno niega, y los miles de muertos y desaparecidos que el presidente sigue achacando a administraciones pasadas, a la descomposición social y al neoliberalismo, pero que en su gestión se han incrementado.
Lamentablemente, aun con la culpabilidad de García Luna, el problema de la inseguridad en México prevalecerá, la visión sesgada del presidente no le permite entender que mientras no haya un compromiso real del gobierno por enfrentar a estos grupos del crimen organizado, el sufrimiento de millones de personas irá en aumento, y todo a causa de un grupo gobernante y su líder que no puede ver más allá de su lucha encarnizada por el poder político.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor
