Un reciente reportaje publicado en The New York Times, ha arrojado luz sobre una serie de actos más que repudiables protagonizados por la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la ‘fiscal carnal’ de Claudia Sheinbaum: Ernestina Godoy.
La investigación revela cómo Godoy ha utilizado su posición para llevar a cabo una serie de prácticas inaceptables que ponen en peligro la justicia y la democracia en la Ciudad de México.
Entre las acciones mencionadas en el informe, se detalla cómo la Fiscalía, bajo la dirección de Godoy, solicitó a Telcel registros telefónicos de llamadas, mensajes de texto e incluso la ubicación de varios ciudadanos.
La lista de personas espiadas incluye a los alcaldes Santiago Taboada y Adrián Rubalcava, quienes actualmente son precandidatos opositores a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como a legisladores como Jorge Romero, coordinador de los Diputados Federales del PAN y la Senadora Lilly Téllez.
Sin embargo, el alcance del acoso y el espionaje de Godoy no se limita a políticos opositores, también se monitoreaba a miembros de su propio partido, Morena; ahí está el caso de Higinio Martínez, Horacio Duarte y Ricardo Monreal. El acoso alcanza incluso personas sin cargo público vigente, como Alessandra Rojo de la Vega, quien ha sido objeto constante de ataques durante la gestión de la Fiscal.
El modus operandi utilizado por la Fiscalía para llevar a cabo estos actos de espionaje se basa en la explotación de lagunas legales pendientes de resolución. La estrategia consiste en inventar carpetas de investigación relacionadas con casos de secuestro y desaparición forzada, lo que permite a la autoridad, en casos de premura o urgencia, solicitar información privada sin obtener previamente la autorización de un juez federal.
No es extraño que las empresas de telecomunicaciones se vean presionadas a entregar la información solicitada por la Fiscalía, sin que se notifique previamente al juez de control.
Ante estas acusaciones, tanto el gobierno de la Ciudad de México como la propia Fiscalía han negado los hechos, calificándolos como una campaña de desprestigio y argumentando que los documentos en los que se basa el reportaje son apócrifos. Sin embargo, es importante destacar que The New York Times sostiene que la información es verídica y ha refutado la respuesta del gobierno.
La evidencia presentada en el trabajo de investigación es contundente y debe ser considerada seriamente. Negar los hechos o tildarlos de campaña de desprestigio no es suficiente para desestimar su gravedad.
El escándalo revelado por The New York Times, debe ser considerado como una seria amenaza para la integridad de la justicia y la democracia en la Ciudad de México.
Como respuesta ante estas graves y delicadas acusaciones de espionaje, un juez, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, decidió girar orden de aprehensión en contra de la diputada local Luisa Adriana Gutierrez Ureña, acusándola de ¡narcomenudeo!.
El señalamiento resulta por demás absurdo y falto de fundamento, sobre todo tomando en cuenta que se basa un testimonio “anónimo” que oportunamente llegó a la secretaría particular de la
Fiscal.
Este acto desesperado de Ernestina Godoy, busca eclipsar el escándalo mediático en su contra, y al mismo tiempo invalidar el voto de una diputada opositora con miras a la ratificación en el cargo que la fiscal busca desaforadamente.
La ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal debería ser examinada cuidadosamente a la luz de éstas, y otras graves acusaciones que acumula la ‘fiscal carnal’ de Sheinbaum por abusos y excesos en el ejercicio de su cargo.
La ciudadanía merece respuestas y acciones concretas para restaurar la confianza en las instituciones de justicia y asegurar que casos como estos no se repitan en el futuro. La ratificación de Ernestina Godoy debe ser rechazada en aras de la justicia y el futuro de la Ciudad de México.
