Ha llegado un momento definitivo para la historia del país en el que al parecer la mayoría de las fuerzas políticas aprobarán las reformas al quinto transitorio para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública durante los próximos cinco años, por ello habría que plantear tes inquietudes a las fuerzas políticas que apoyarán la propuesta del gobierno de la 4T.
La primera inquietud tiene que ver con el caso Ayotzinapa ha generado dudas sobre la relación de las fuerzas armadas con el crimen organizado. Los señalamientos sobre los nexos del 27 batallón de infantería y la relación que establecieron con los grupos del crimen organizado es un tema que debe de preocupar a la oposición. Los datos revelados en la “nueva verdad histórica” ponen sobre la mesa una relación de complicidad entre las fuerzas armadas y grupos del crimen organizado.
López Obrador y su secretario de Gobernación, el poco ortodoxo Adán Augusto López, han tratado de minimizar los señalamientos sobre la participación de las fuerzas armadas mencionando que se trata de unas cuantas “manzanas podridas”, no es la institución en su conjunto dice el mandatario. En el nuevo informe se habla de una relación de abierta complicidad entre los miembros de las fuerzas armadas y los grupos del crimen organizado, lo cual por lo menos ameritaría una investigación más profunda.
¿Resulta creíble que un coronel de las fuerzas armadas actuó junto con unos cuantos elementos para apoyar en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿No habría ameritado una investigación por parte de los altos mandos o del secretario de la Defensa este caso que daña severamente la imagen del Ejercito?
Minimizar es algo a lo que permanentemente López Obrador le apuesta cuando se trata de un asunto incomodo, por lo que habría que preguntarle al presidente si está seguro de que las fuerzas armadas son una institución incorruptible como él ha señalado y por lo que está dispuesto hacer lo que sea con tal de que las fuerzas armadas se queden al frente de las funciones de seguridad pública.
Un elemento más, el Grupo Interdisciplinario encargado de realizar la investigación sobre Ayotzinapa ha señalado que el Ejército Mexicano se ha negado a proporcionar toda la información de inteligencia relacionada con el caso, por lo que también habría que preguntar ¿Ante lo que está ocurriendo en este caso, la institución castrense estaría abierta al escrutinio público cuando se trate de un tema de seguridad pública?
Una segunda duda tiene que ver con el tema del hackeo a la SEDENA, la información que arrojan los correos electrónicos producto del hackeo es preocupante, dice López Obrador que con la Guardia Nacional se respetarán los derechos humanos, sin embargo, las acusaciones de altos miembros del Ejercito acosando a los mando de menor nivel genera inquietud, la realidad de una institución vertical, donde las jerarquías pueden tener mayor peso que la justicia, de lo que habla es de una institución que protege a dichas jerarquías.
Si la institución sigue el principio de la austeridad república, es un tema por el que el presidente también deberá de responder porque es el comandante de las fuerzas armadas, un secretario de la Defensa que pide que le borden en sus toallas las iniciales de él y de su esposa o que se paguen boletos para un concierto a cargo del erario hablan de un manejo patrimonialista, este caso por lo menos debería obligar al presidente a revisar como se utilizan los recursos públicos dentro de la institución
La tercera duda, consiste en evaluar la nueva propuesta con la que el oficialismo trata de convencer a la oposición sobre las bondades de que la Guardia Nacional permanezca en labores hasta el año 2028. La propuesta de controles parlamentarios para que las autoridades castrenses comparezcan periódicamente ante el legislativo parece ser insuficiente no solo por las nuevas revelaciones que dan a conocer la operación del Ejército, si no porque además las comparecencias como su nombre lo indica son únicamente ejercicios en los que las fuerzas militares tienen que responder los cuestionamientos de los legisladores, pero no tienen consecuencias legales. Además, los recursos para policías municipales y estatales son insuficientes si no hay un plan concreto para fortalecer a las fuerzas policiales en su conjunto.
López Obrador sabe que el tiempo se le ha terminado y no tiene otra formula para combatir la inseguridad en el país que prolongar la presencia de la Guardia Nacional. Lo más preocupante es que si la clase política cree que con esta reforma a la Constitución disminuirá el problema de la inseguridad se equivoca, el debate ha sido pobre y lleno de presiones hacia muchos de sus miembros. os cuestionamientos al trabajo de la Guardia Nacional son múltiples, no solo es el tema de la falta de elementos para hacer los patrullajes, la estrategia difusa que consiste básicamente en realizar patrullajes, sin hacer labores de inteligencia, lo que más preocupa es que cuando dentro de cinco años esté por agotarse el tiempo de la Guardia Nacional lo más probable es que la clase política prolongue por tiempo indefinido la presencia militar en México.
Artículo del Dr. Ivan Arrazola. Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana AC
