La paz social está amenazada y es la hora de la política para salvarla. Pero la política no avanza en un país con un presidente sin contrapesos, rodeado de comisarios que actúan como adolescentes emocionales inspirados políticamente en folletos chavistas.
La encargada natural para la distensión sería la titular de la política interna, Olga Sánchez, pero su cargo está anulado; y el presidente no funciona como un jefe del Ejecutivo para todos, pues asienta su trabajo en discursos de odio, campañas de polarización.
Y la oposición más notoria es la estridente (la instalada en el Zócalo) y hace el juego al mandatario al exigirle una renuncia que es inviable por el ángulo que se observe, porque fue electo para un periodo constitucional que se cumple el 30 de septiembre de 2024.
Como sea, no provoca ilusiones el México que enfrenta sin resortes políticos ni capacidad de cohesión la cadena de desafíos en que se encuentra, a menos de dos años de iniciado el inexorable camino a la felicidad y la moralidad que prometió su gobernante:
En las calles: La derecha religiosa tiene medio Zócalo tomado para exigir la renuncia del presidente; la izquierda más dura enfrenta a la policía con grupos feministas enojados por los feminicidios; mucha clase media protestó en masa el fin de semana contra el gobierno.
Padres de niños con cáncer bloquean avenidas para exigir al gobierno que atienda el desabasto de medicamentos para tratar la enfermedad de sus hijos: un apartado médico al que el gobierno le rebajó 500 millones de pesos en el presupuesto para el año actual.
En el campo: Miles de campesinos de la Sierra de Guerrero están alzados en sus comunidades porque quieren fertilizante gratis; otros miles de Chihuahua detienen el flujo de agua que México debe entregar a Estados Unidos porque necesitan para sus cultivos.
En la política: Decenas de miles de profesionales están descontentos por la cancelación de tres mil millones de dólares que recibían en fideicomisos para responder a desastres naturales, protección de activistas, investigación científica, cine, deportes.
Más de 600 intelectuales, científicos, médicos acusan en una carta al presidente de proferir juicios y propalar falsedades que siembran odio y división; pero el gobierno les contestó con una carta “del pueblo”, en la que los llama “privatizadores de la palabra”.
En lo legal: México dejó el jueves pasado de regirse por un sistema de poderes divididos, al votar la Suprema Corte de Justicia de la Nación un concierto de institucionalidades en favor del interés político del jefe del Ejecutivo en juzgar a sus adversarios políticos.
Y, atentos: a través de la historia, la única salida a estos caos de las naciones ha sido implantar la dictadura.
