El paquete económico para el año 2024, ha sido ampliamente criticada; incluso ha generado descontento dentro del propio bloque oficialista, debido a una variedad de recortes irresponsables a diferentes sectores de la administración pública federal.
Estos recortes incluyen una escandalosa reducción del 56% en el fallido IMSS-Bienestar, lo cual compromete aún más el acceso a la salud para millones de mexicanos desfavorecidos.
De igual forma, destaca el histórico déficit fiscal del 5.4% en relación al PIB, equivalente a 2 billones de pesos en deuda. Esta cifra supera dos veces la deuda del FOBAPROA.
Está comprometida la estabilidad fiscal del país a corto plazo, se dejará sin margen de maniobra fiscal al siguiente gobierno, independientemente de quién lo encabece, ya que quedará muy limitada su capacidad de recaudación.
Sin embargo, la toxicidad de este Paquete Económico no radica exclusivamente en los recortes a coberturas, sectores o deudas sin precedentes; también se castiga al contribuyente y se afecta severamente al ahorrador.
En el Artículo 21 de proyecto de Ley de Ingresos, se establece y calcula la Tasa de Retención al Ahorro, también conocida como impuesto al Capital.
Este impuesto fue establecido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ha sido aplicado desde 2013 como un mecanismo de recaudación para la SHCP a través del SAT.
Para calcular la tasa, se consideran las cifras sobre inflación y la tasa de interés referencial. Es aquí donde se concreta un descarado robo al ahorrador, ya que en la nueva Ley de Ingresos, se pretende incrementar la Tasa de Retención en un 886% con respecto al año pasado, sin fundamento alguno.
Dolosamente, calcularon la tasa utilizando datos de 2022, cuando la inflación estaba al alza, y de la misma manera las tasas de interés para combatirla. Sin embargo, ya no es 2022, la inflación está a la baja y lo mismo debería ocurrir con las tasas.
Las consecuencias de este brutal aumento impositivo serán nefastas, ya que la retención sobre los ahorros reduce el rendimiento neto del ahorro e inversiones en CETES.
Este impuesto disfrazado, implica un robo en despoblado a millones de ahorradores que son el motor de la inversión y el consumo del país.
El déficit fiscal propuesto, aunado a éste desmedido incremento de la tasa de retención, explica en buena medida la fuga de capitales por 12 mil millones de pesos detectada desde el 8 de septiembre. No se trata de una coincidencia, es la reacción natural de los inversionistas ante este despropósito.
Castigar al ahorrador, desincentiva la inversión fija y la formación bruta de capital fijo, lo cual disminuye la inversión en bienes de capital, como bonos o CETES.
Con este tipo de medidas, se lastima la confianza de consumidores y empresas, y se da una puñalada por la espalda a millones de personas que creyeron en el presidente cuando aseguró que ‘no habría nuevos impuestos ni incremento de los ya existentes’.
Recargar en el ahorrador las terribles consecuencias del mal manejo económico del gobierno, no sólo es injusto, es irresponsable y hasta criminal.
