La incapacidad del Senado de anteponer las necesidades del país a los intereses personales ahonda la fractura con la sociedad. A punto de concluir sesiones, su trabajo es fallido por la falta de capacidad de los legisladores para hacer, recibir o aprender de los problemas de los últimos dos años. Concluyen como otras tantas veces con las manos casi vacías, pateando los temas al siguiente periodo y sin respuestas a la crisis de seguridad y derechos humanos que vuelve a proyectarse con los informes del GIEI y la CNDH. Ahora más grave, de espaldas a más de 600 mil ciudadanos que reclaman una ley anticorrupción 3de3 contra el mayor mal del país. Su inacción, una invitación a la movilización social.
El desinterés de los legisladores es un incentivo para que nadie sienta la responsabilidad de resolver los problemas. Si al Presidente le han dicho que no entiende, el señalamiento también encaja en ellos. Muy poco se ha avanzado en términos legislativos desde que el “caso Iguala” exhibió la infiltración del crimen organizado en las instituciones y cuerpos policiacos; menos aún para atacar con leyes la desaparición forzada y la persistencia de la práctica negra de la tortura en la justicia. Tampoco han sido sensibles al “mal humor social” por escándalos de corrupción e, incluso, frenan la primera iniciativa ciudadana de ley al respecto con el argumento de evitar una “cacería de brujas” que parece dedicado a preservar a la élite política. Quieren conjurar los espantos, pero en cambio dejan campañas electorales dominadas por la mentira y ocultamiento de fortunas inexplicables de candidatos en sus declaraciones 3de3, como Miguel Ángel Yunes, de la coalición PAN-PRD en Veracruz, y otros. La corrupción les importa, pero como arma arrojadiza de guerra electoral.
Desde noviembre de 2014, el mensaje de Enrique Peña Nieto desde Palacio Nacional tras Ayotzinapa reconocía que “México no puede seguir así y tienen razón, México debe cambiar”. Pero el estado de las cosas no es muy diferente a entonces y la ley que anunció sobre la Policía Estatal Única o contra la infiltración del crimen en autoridades municipales yace entrampada en el Congreso. Ni siquiera la flexibilización de la postura del Ejecutivo hacia un modelo mixto ha conseguido recuperarla. El Mando Único comenzaría a operar en Michoacán y Guerrero, estado este último en el que la violencia desborda a las instituciones y para el que el Senado pide otro plan de contención.
Otras iniciativas para contribuir a cambiar el enfoque de la “guerra contra las drogas”, como la de la mariguana, tampoco verá humo blanco. Ni la propuesta del senador Roberto Gil Zuarth ni la del presidente Peña Nieto alcanzan consensos y el PRI no quiere hacer uso de su mayoría con el Verde y otros. A pesar de que no cambia la política de seguridad y se contenta con avances mínimos en la autorización para fines medicinales y suaviza la posesión.
La iniciativa tiene “fallas” e “inconsistencias” y mejor tener un buen producto legislativo, dicen. A la ley 3de3 le encuentran visos de inconstitucionalidad y rechazan incentivar la denuncia ciudadana contra la corrupción por los riesgos para la autoridad, pero lo cierto es que no hay ni dictámenes de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción a horas de acabar el periodo. El cálculo político suplanta la negociación legislativa entre la oposición y el PRI-Verde e, incluso, meten a la disputa a las ONG en el rejuego de bandos para ahuyentar la aprobación al próximo periodo.
El mensaje del Congreso en este periodo es que el desdén por los problemas y el costo de dejar en el aire las demandas de la sociedad civil no es suficientemente alto en su cálculo electoral. El castigo electoral que pudiera haber por esas causas no es persuasivo, seguramente porque las elecciones de 2016 se ganarán con estructuras territoriales, clientelas y dinero. ¡Eso es lo que necesitan cuidar!
Este artículo fue publicado en Excélsior el 28 de Abril de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
