En una operación de “cabeza de playa”, Morena aprobará la incautación de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), cuyos titulares tengan más de 70 y 75 años. La confiscación aplicará en el futuro para todas aquellos titulares que cumplan esa edad y no hayan utilizado sus ahorros. Tal es el contenido esencial e inconstitucional de la iniciativa que los levantadedos de la mayoría se disponen a aprobar en las cámaras del Congreso de la Unión.
“Cabeza de playa” es el término militar empleado para referirse a la operación mediante la cual un ejército invasor se apropia de un territorio costero o fronterizo, para emprender de ahí operaciones de mayor envergadura. De modo similar, la iniciativa legalizará el que el gobierno meta las manos a los ahorros de los trabajadores. Primero, afectando solo las cuentas individuales catalogadas arbitrariamente como “inactivas”, para después estar en condiciones de ampliar la incautación.
La iniciativa fue presentada el 4 de abril de 2024 por Ignacio Mier, el coordinador de los diputados federales y candidato de Morena a senador por Puebla, y se puede leer en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha. Pero en la deposición mañanera del día 12 del mismo mes, el inquilino de Palacio Nacional dejó en claro de dónde viene la idea. Ahí mismo, éste instruyó a sus huestes en San Lázaro y el Senado para que en este mismo mes hagan una pronta aprobación.
La iniciativa de Mier da al país reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE, a la Ley del SAR y otras leyes federales. Con estas modificaciones se creará un “Fondo de Pensiones del Bienestar” cuyo fin anunciado sería “complementar” las pensiones que reciban los derechohabientes del IMSS e ISSSTE, así como los trabajadores que se pensionen mediante el esquema de cuentas individuales del régimen pensionario creado en 1997.
Ningún párrafo de la mencionada reforma detalla la forma en que se hará tal “complemento” a la pensión, quedando ello a la decisión unilateral y discrecional de un Comité Técnico integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (o sea, por el mismo gobierno federal), que emitirá sus Reglas de Operación.
En cambio, lo que sí queda estipulado es que son los ahorros de los trabajadores la única fuente que alimentará el nuevo Fondo. Como es su costumbre, López Obrador miente cuando dice que este fondo se engrosará con otras aportaciones, como las ganancias del AIFA y del Tren Maya, pues tales elefantes blancos tardarán décadas para obtener ganancias, si es que alguna vez dejan de depender del erario.
Lo real es que la nueva reforma ordena a las Afores que transfieran al “Fondo de Pensiones para el Bienestar” los recursos de las cuentas individuales “al momento en que los trabajadores cumplan setenta años”. También se establece una diferencia entre los titulares de las cuentas individuales de retiro y vivienda, pues para los trabajadores del Estado se establece la edad de 75 años para la confiscación de sus ahorros, sin que la exposición de motivos de la iniciativa fundamente esta diferenciación respecto a los trabajadores que han hecho su vida laboral en empresas privadas y cotizan en el IMSS.
El carácter confiscatorio de esta disposición se exhibe al establecerse en el nuevo texto que no se requerirá resolución judicial alguna para esa transferencia, lo que quiere decir que los trabajadores y sus beneficiarios no serán notificados ni las autoridades les darán derecho de audiencia para defenderse de esa medida.
Ridículamente, en su iniciativa el diputado Mier da garantías de imprescriptibilidad de los derechos de los trabajadores y sus beneficiarios respecto a sus cuentas individuales de retiro y vivienda, cuando el mamotreto pone límites a tales derechos, pues el gobierno les meterá mano cuando cumplan 70 y 75 años de edad.
Cincelada. Por soberbia, mentirosa y por negarse a contestar preguntas, Sheinbaun perdió el debate y lo ganó Xóchitl. Eso quedó claro hasta para el inquilino de Palacio Nacional.
