Con tal de tratar de justificar la súbita riqueza patrimonial de José Ramiro López Obrador, su secretario de Gobierno, el gobernador de Tabasco, Javier May, hizo una serie de maromas con alto grado de dificultad, confiado en que su trayectoria política fuera suficiente red de protección para no desnucarse en el intento.
Pero May no es precisamente el mejor personaje para salir a defender a alguien acusado de corrupción, porque eso presupone tener una virtud, dos palabras que tanto utilizan y que tanto han desgastado a golpe de contradicción en el morenismo, “autoridad moral”.
Y el ex secretario del Bienestar y ex director de Fonatur, al igual que su defendido, es un político bajo sospecha.
En la FGR existen desde 2023 y 2024 decenas de denuncias en su contra por desvíos por más de 3 mil millones de pesos del presupuesto público a su paso por esas dependencias.
Y cuando justifica el enriquecimiento del hermano de Andrés Manuel López Obrador diciendo que el mismo “Pepín” fue quien hizo públicas sus propiedades, se muerde la lengua.
Porque si José Ramiro hace bien en tratar de validar desde un documento oficial llamado Declaración Patrimonial, que es millonario, ¿por qué May, que aplaude esa transparencia, no transparenta sus propiedades?
Tengo a la vista el documento de la Secretaría Anticorrupción de Tabasco, cuando tomó posesión del cargo, en el que queda de manifiesto que el gobernador tabasqueño decidió ocultar toda la información de cuatro de las 5 propiedades de las que se declara dueño.
Por cierto, en 2022, cuando era director de Fonatur y estaba al frente de la construcción del Tren Maya, sólo declaraba dos propiedades y las hacía públicas: un rancho de 21 hectáreas comprado el 17 de febrero de 2002, siendo diputado local, y por el que pagó 630 mil pesos; y una casa, de 196 metros cuadrados con 217 metros de construcción, adquirida a crédito por 1 millón 430 mil pesos el 14 de noviembre de 2008, cuando era alcalde de #Comalcalco.
Lo anterior quiere decir que, en los dos últimos años, May ha adquirido al menos tres propiedades.
¿Qué tipos de inmuebles, casas, edificios o ranchos adquirió en 24 meses el hoy gobernador tabasqueño?
No se sabe, porque en su declaración de bienes, si bien reconoce que tiene cinco inmuebles, sólo aporta los datos (mínimos) de una propiedad: el rancho comprado en 2002, aunque ahora diciendo que no tiene 21 sino 32.2 hectáreas y que no le costó 630 mil pesos, sino 1 millón 215 mil pesos.
En el resto de los inmuebles coloca la leyenda “información clasificada” en todos los datos de identificación, desde el tipo de propiedad, la superficie, el nombre del vendedor, el valor y la fecha de adquisición. Así en cuatro formatos declarados oficialmente.
Teniendo el antecedente tan humilde (fue un niño criado por su abuela paterna, que a los 12 años tuvo que emplearse como aprendiz de mecánico en el Taller), el mejor consejo que sus estrategas le deberían dar a May es no ocultar sus propiedades y comprobar que no son suyas ni de prestanombres las casas donde pernocta en Villahermosa y los ranchos que la gente le conoce en Comalcalco y Cunduacán.
May no se desnucaría como se desnucó al defender la irregular evolución patrimonial de un bueno para nada como “Pepín”, si demostrara que no tiene más de lo que puede tener por la suerte (no ha sido otra cosa) de cobrar sueldos muy por encima de lo que gana un votante promedio de Morena por haber estado al frente dos veces de un Ayuntamiento tabasqueño, y en el sexenio de AMLO, haber sido subsecretario y titular de la Secretaría del Bienestar y de Fonatur.
Por sus manos han pasado cientos de miles de millones de pesos del presupuesto federal y a eso agréguese que administra 69 mil millones de pesos del presupuesto del estado en 2025.
Ocultando sus propiedades, negándose a la transparencia, él mismo se coloca bajo los candentes reflectores de la sospecha.
