El presidente prefiere las lisonjas de su corte y rehúye el trato adusto e institucional de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para la conmemoración de la Constitución de México del 5 de febrero, López Obrador optó por ser jefe de facción y no Jefe de Estado. En lugar de encabezar el acto republicano junto con los otros Poderes de la Unión, se encerrará en Palacio Nacional, asumiendo de lleno el cargo de coordinador de campaña de Morena. Ahí, su “plan C” remendado se erigirá como una plataforma electoral partidista para reforzar la escuálida campaña de su corcholata.
Anunció que en esa fecha presentará varias iniciativas de reforma constitucional. Lo hará en una ceremonia privada en Palacio Nacional y el fin de tal paquete de reformas es el de dotar a Morena de una oferta de campaña que solvente su desgaste político. Se recordará que, originalmente, el “plan C” de AMLO consiste en una aplanadora obradorista que arrase en las próximas elecciones y constituya una flamante mayoría calificada en las cámaras del Congreso. Ya instalada, ésta aprobaría la reforma para que los ministros de la Corte se elijan por voto popular. Según él mismo anunció a principios de mayo del año pasado, la iniciativa correspondiente se presentaría en septiembre de 2024.
Pese a la popularidad que presume (“segundo lugar a nivel mundial”) y a las encuestas pagadas que su aparato de propaganda difunde públicamente, el “plan C” está muy lejos de concretarse. Adicto a las encuestas como es, el inquilino de Palacio Nacional vislumbra un desenlace muy distinto: sus propias mediciones indican que, aún y cuando su corcholata preferida triunfe en la elección presidencial, Morena apenas rondará los 40 o 42 puntos porcentuales en las elecciones de diputados federales y senadores.
Esto es lo que motiva cada llamado que AMLO hace en favor de que la gente “vote parejo” en todas las boletas, debido a que teme el voto diferenciado, y es la explicación de los remiendos que anunció a su “plan C”.
Aquello del voto popular para elegir a los ministros de la SCJN resultó una propuesta débil, rebatible, que no despertó el interés popular. Estaba pensada como una idea rupturista que atraería masas de nuevos votantes al oficialismo, pero naufragó en el debate público. El apoyo a este proyecto quedó limitado a los sectores más fanatizados de la mal llamada 4T, a los políticos oportunistas y a los opinólogos por encargo.
En el soliloquio matutino del 12 de enero, López Obrador añadió las que él piensa que serán propuestas de reformas “pegadoras”, capaces de despertar la simpatía popular. Anticipó siete meses la fecha de su presentación, pues lo hará al inicio formal de las campañas electorales de 2024.
En cuanto al contenido de las reformas anunciadas, dejó en segundo plano el tema de los ministros de la Corte y adoptó temas más llamativos: que las pensiones de los trabajadores equivalgan al último salario devengado (me apunto), que, además del de adultos mayores, otros programas sociales se inscriban en la Constitución (propondrá que se añadan Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro) y, aprovechando el empuje del inicio de operaciones del mal llamado Tren Maya, propondrá constitucionalizar los trenes de pasajeros. Esas, además de otras ocurrencias que se añadan en el camino.
No se trata de propuestas serias, basadas en estudios que demuestren su viabilidad. Tampoco su iniciador pretende que tales iniciativas sean aprobadas por el Congreso por una mayoría calificada que ameritaría acuerdos con la oposición. Al contrario, lo que AMLO calcula es que la oposición rechazará sus propuestas, de manera que se convertirán en bandera de campaña de su partido. Es una estratagema para disimular con promesas la falta de resultados del actual gobierno y de deslindar los campos de la contienda electoral: acá los que apoyan al pueblo y allá los que le niegan sus derechos.
En plena campaña, la oposición deberá afrontar este nuevo reto en forma inteligente y estratégica.
Cincelada: Requisito indispensable para ocupar altos cargos en la 4T y su segundo piso: portar títulos de la Universidad de Santo Domingo o de alguna de sus franquicias debidamente acreditadas.
