Desde finales de 2018, el gobierno inició una ruta que tiende a la dictadura. Hay que decirlo ahora para que nuestros académicos no se digan sorprendidos dentro de diez años y hasta entonces se declaren prestos a “estudiar ese fenómeno social” (quien sabe para qué efectos, además de la firma de algún desplegado en el que se manifiesten indignados).
El endurecimiento del régimen se expresa en el acoso al periodismo que exhibe su talante autoritario e ineficaz, a veces criminal cuando se trata de estrategias para la salud o contra la violencia, y la difusión de mentiras. La persecución se da de diferentes formas. La judicialización es una. El más reciente ejemplo es Pío López Obrador, quien como adujo Carlos Loret, está ansioso de usar el nuevo sistema de justicia para ejecutar su “venganza” contra él y Latinus.
Es decir, la pretensión es castigar a quien informa y proteger al infractor (quien es parte del poder). Es previsible que, en poco tiempo, esa sea la misma ruta que enfrente Ricardo Salinas Pliego como reprimenda a su rebeldía. El tema no son los impuestos. El tema es la venganza. El gobierno tiene en la mira a TV Azteca.
Otra vía de presión contra la prensa es estigmatizar a periodistas que no se suman al coro oficialista (los titulares de la prensa del 2 de septiembre son sintomáticos).
Para ello la estructura digital del gobierno es clave. Enmarca a individuos que fingen ser periodistas, influencers de las redes sociales así como a bots y troles.
Estos cada vez están más descoordinados, dado que le reportan a personajes dentro de Morena que se están peleando entre sí, pero a veces hallan temas que los unifican. En su territorio salvaje no tienen límites para difamar.
La descomposición de uno de los sujetos más conspicuos de la vulgaridad populista (me refiero claro está, a Fernández Norona) enojó a los capos de esas redes, porque la riqueza inexplicable del senador y sus bravatas no sólo son un asunto suyo sino que deteriora también la credibilidad del discurso oficial. Eso explica la animosidad que los jilgueros oficialistas mostraron contra Azucena Uresti, una de las difusoras (la más destacada) de la revelación periodística de la revista Emeequis y Jorge García Orozco.
Las baterías fueron contra ella mediante ofensas e injurias sin atender la miga de los hechos, porque esa miga los exhibe a ellos: la distancia entre la perorata de la austeridad y la ostentosidad de los predicadores que viven en la opulencia así como la falta de explicaciones sobre esa riqueza que, hace apenas unos años, no existía.
Ustedes conocen a quienes esparcieron esa mierda y también conocen el tipo de respuesta timorata o ingenua, por decir lo menos, que tienen quienes, al notar esa villanía, optan por el silencio, el mensaje de solidaridad en privado o por el desdén porque, dicen desde su fútil atalaya, “no somos iguales”.
Hay excepciones. Que cristalizan la solidaridad en actos de defensa sobre la mujer agredida. No aludo a los propaladores del adjetivo, que también existen, sino a quienes desnudan esa falta de ética y, sobre todo, sus mentiras.
Azucena es periodista y dio eco a una noticia que ella también nutrió mediante datos irrebatibles. La respuesta fue la injuria. La inició Noroña quien, después, se arredró para presentarse en los micrófonos de radio y exponer ante la periodista el origen de su riqueza y al mismo tiempo probar que Uresti tenía un departamento que costó 12 millones.
No lo hizo, como los cobardes deslizó la insidia y se escondió en los mercenarios digitales que arremetieron entrometiéndose en la vida personal de Azucena y de Héctor de Mauleón (otro perseguido por la 4t) al mismo tiempo que expandieron esa falsedad inquilinaria.
Lo que ellos hagan con su vida es un asunto privado, también lo es si Noroña se baña o no. El enriquecimiento inexplicable del senador sí es un tema de interés público.
No, presidenta, en México no hay plena libertad de expresión. El periodismo libre está siendo acosado.
