Hoy mismo la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la defensa de los derechos humanos, debe conseguir un millón de dólares o compromisos por escrito de donaciones equivalentes. De lo contrario tendrá que reducir en 40 por ciento su personal y operaciones.
La CIDH está en crisis financiera, las donaciones voluntarias que complementan los 5 millones de dólares que anualmente le da la OEA por cuotas de sus 35 países miembros han ido decreciendo. Hay déficit financiero para atender las denuncias interpuestas ante esa Comisión.
De 2011 a 2016 las arcas de la CIDH disminuyeron su entrada por aportaciones adicionales de 5 millones 135 mil dólares a 2 millones 930 mil. México, de entre los países miembros, ha ocupado el tercer lugar como aportante voluntario, sólo detrás de Estados Unidos y Canadá, excepto en 2014, cuando con 500 mil dólares entregados fue el segundo benefactor de la CIDH.
En los últimos dos años, nuestra nación ha contribuido con 2 millones de dólares para el fondo que indaga y vigila la investigación por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sin embargo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, dice que esa contribución va etiquetada, que la ausencia de más aportaciones hace a México corresponsable de la actual crisis. El mexicano acusa una intención por asfixiar al organismo ante la severidad de sus escrutinios.
¿Cómo explicar el presunto desinterés y la falta de solidaridad monetaria con el organismo altruista, objetivo y garante de las causas más nobles a nivel regional? Los motivos pasan por una contaminación constante en sus misiones. Por el manejo político que, al membrete políticamente correcto de derechos humanos, le han dado las personas que ahí han hecho clan.
Porque resulta que en los informes de la propia CIDH se observa cómo Canadá, por ejemplo, ha bajado sistemáticamente sus aportaciones voluntarias de 611 mil dólares a 76 mil el año pasado y cero en lo que va de éste.
De observadores nacionales como España, de un millón 80 mil dólares en 2011, a 47 mil dólares en este año. La Unión Europea, que en 2012 le entró con 766 mil dólares, el año pasado dio sólo 56 mil.
El caso Ayotzinapa, la omnipresencia política de Emilio Álvarez Icaza, la subjetividad del GIEI la clonación de métodos de investigación y propaganda, entre casos atendidos en diferentes países, apuntan a un constante conflicto de intereses por contaminación ideológica y política; la suma parece ser parte de la explicación.
Hoy vence el plazo para que la CIDH resuelva una crisis económica de la cual también querrá Álvarez Icaza salpicar al gobierno priista. Sus cuadros y números no le dan razón alguna. El chiste se cuenta solo.
Este artículo fue publicado en La Razón el 15 de junio de 2016, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.
