En un ataque más al poder judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que denunciaría legal y públicamente a los jueces corruptos que con argumentos “legaloides” liberen a presuntos delincuentes.
Entre dichos argumentos, AMLO mencionó “cuando las carpetas no están bien integradas” y que se usa como pretexto para liberar delincuentes por lo que los jueces deberán ser castigados.
El presidente no está escuchando a su consejero jurídico Julio Scherer Ibarra y de plano desconoce absolutamente la división de responsabilidades dentro de un proceso penal.
Un juez que libera a un detenido por fallos en la integración de la carpeta de investigación, en la verificación de la legalidad de la detención, en la acreditación del hecho delictivo o en la participación del imputado, sólo está haciendo su trabajo, pues constitucionalmente está obligado a velar por la legalidad del proceso y el respeto de los derechos humanos y del debido proceso.
En su pelea política contra el Poder Judicial, el presidente pone en tela de juicio la actuación de jueces y magistrados y se erige como “el juez de jueces” violando el principio de separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El presidente olvidó un “pequeño” detalle: la etapa de investigación y conformación de la carpeta correspondiente está a cargo del Ministerio Público o Fiscalía y estos funcionarios aunque formalmente autónomos dependen del Poder Ejecutivo, por lo tanto, si una carpeta está mal hecha no depende de un juez, sino de los funcionarios que trabajan para el fiscal.
Afortunadamente en nuestro país la mayoría de los juzgados graban en video las audiencias y existen infinidad de ejemplos donde los Ministerios Públicos fallan en su trabajo al ser incapaces de presentar una carpeta de investigación que cumpla con los mínimos requisitos de ley, como se muestra en este enlace, donde una jueza de Morelos inicia procedimiento de responsabilidad a un Ministerio Público debido a la ilegalidad de su actuación https://www.youtube.com/watch?v=aJVh1jJaVWw o en este otro ejemplo donde el Ministerio Público admite falsedad en su declaración y el juez le pide se declare incompetente y se retire https://www.youtube.com/watch?v=O6mcpi6BnIA&t=3s
El camino para lograr el respeto a las normas del debido proceso ha sido muy largo y sinuoso. Históricamente el gobierno ha utilizado al Poder Judicial a su antojo para condenar a sus enemigos y premiar a sus amigos, el nuevo presidente se llama a sí mismo un demócrata pero quiere excederse en sus atribuciones legales, si de verdad quiere cambiar la impartición de justicia debe comenzar por capacitar y profesionalizar al Ministerio Público y las Fiscalías porque es ahí donde muchas veces se falla para iniciar un proceso penal.
Lo peor que puede pasar es que los jueces, temerosos del escarnio público comiencen a sentenciar sin fundamento y violando las garantías jurídicas de todos los mexicanos.