Ante el fracaso de la intentona por parte de Morena de aprobar una reforma electoral autoritaria, regresiva y antidemocrática, presentada por Andrés Manuel López Obrador, el partido oficialista y sus aliados plantearon un “plan B” que pretende, nuevamente, poner bajo acecho no sólo al Instituto Nacional Electoral (INE), sino a la democracia en nuestro país.
Así, los partidos que responden “a ciegas” a los caprichos y voluntades del inquilino de palacio insisten en debilitar al INE para que en el fondo ellos puedan hacer con las elecciones lo que les plazca y que al final tomen el control de las decisiones que deben ser de los ciudadanos de este país. Y no lo podemos permitir.
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De manera unánime, los Consejeros del INE externaron su preocupación tanto por el contenido del plan B de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión como por el desarrollo del proceso legislativo, y advirtieron que recurrirán a todas las instancias y vías jurídicas para defender la autonomía de este órgano.
A la par, diversos colectivos de la sociedad civil organizada se manifestaron a las afueras del Senado para exigir que se detenga el plan B electoral pues, dijeron, busca dañar al INE. Estas organizaciones leyeron un pronunciamiento para refrendar que “#ElINENoSeToca”.
Arropado por senadores del PAN, del PRI y del Grupo Plural, entre ellos, Julen Rementería, Kenia López, Xóchitl Gálvez, Claudia Ruiz Massieu, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, aseveró que con esta reforma la democracia, la libertad, las instituciones, la constitucionalidad y la legalidad están seriamente amenazadas.
La democracia vive momentos cruciales: la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.
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Con estas palabras, Consejeras y Consejeros del INE manifestaron su preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.
“A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”, dijeron.
Y es que tal como lo han señalado, el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral, depositada en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; condiciones que se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha.
Lo anterior, ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones.
Para Consejeras y Consejeros del INE, “del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales: toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos”.
Cabe destacar que durante los últimos años el INE se ha construido a partir de la lucha que hombres y mujeres han dado para tener en nuestro país un sistema democrático que garantice, entre otras cosas, el derecho y la libertad de decidir mediante el voto directo a quienes van a representar a la ciudadanía en los diferentes niveles de gobierno.
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Hoy por hoy, el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Con el “plan B” esas Juntas desaparecerían, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
Por tanto, eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.
En este sentido, Consejeras y Consejeros del INE han insistido que la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco Consejeras y Consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la rama administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la rama administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.
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La reforma plantea la compactación de calendarios y alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.
Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral.
De forma homogénea, desde el INE se hace un llamado a las legisladoras y legisladores a “analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos”.
Y advirtieron: “De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución”.
No hay que perder de vista que la propuesta de modificaciones en las leyes electorales se da en medio del proceso de sucesión de 2024, que ya está en marcha, con los candidatos a suceder al presidente, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, en plena y abierta campaña anticipada. La simple propuesta de cambiar las reglas del juego en este momento ya resulta desestabilizante y, por decir lo menos, sospechosa.
