La democracia como seguridad nacional

Ante la fallida reforma electoral constitucional, el poder no ceja en su afán de realizar modificaciones al sistema electoral, por lo que ahora explora y va por la vía de la normativa legal. El Poder Constituyente Permanente, en su primera célula, ya cumplió. Prueba superada. Los ciudadanos cumplieron y hablaron, y los partidos políticos de la oposición escucharon y obedecieron el mandato ciudadano. Ahora toca el turno al Poder legislativo Ordinario, responsable de forjar y modificar leyes secundarias. Claro, nada más que éstas no pueden perturbar el espíritu ni lo que ya expresamente mandata la Constitución, so pena de pisotearla. Por eso la lucha por la democracia aún sigue.

Con esto, el esqueleto del sistema electoral ya está salvado, pero falta su cubrimiento. No pudieron desaparecer al INE; sobrevivió; pero ahora lo quieren dejar invalido. Discapacitado e incapacitado para operar, al cercenarle diversos órganos. Cabe advertir, que las instituciones electorales no son las únicas que conforman el armazón del sistema electoral, sino que los partidos políticos también son parte fundamental de ese bastidor del sistema electoral plural. Todo ello: la estructura administrativa y judicial electoral, la normativa, los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, y las candidaturas independientes, componen el chasis del carruaje electoral, el cual debe ser intocado. Mejorado sí, pero no maltratado, descompuesto ni desbaratado.

Sin embargo, el partido en el poder, al momento que murió la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, ayudado por sus partidos políticos asistentes al parto, parió otra propuesta de reforma electoral, pero ahora a través de las leyes ordinarias. Pero lo malo es que, como sucede con casi todo lo que se engendra con inmediatez, porque no se piensa ni razona debidamente, y lo peor es que ni siquiera se lee, sino que se vota “a ciegas”, ya que no dió tiempo de conocer su contenido, nació con debilidades, me parece que de procedimiento como también con malformaciones, que trastornan y violentan la constitucionalidad del sistema electoral. Es una vergüenza el desaseo con el que se legisla, no solo para el Poder Legislativo, sino también para el país, y lo que proyectamos al mundo que nos mira.

¿Es tanta la ambición y soberbia del poder que todo lo quiere, así tal cual, como sucede en ese juego de la pirinola, donde al momento de hacerla girar se “ponen changuitos”, para que se detenga donde se lee “toma todo”, sin dejar nada para los demás jugadores? Se le han dado todos los espacios políticos y territoriales del país que le corresponden; ¿y aun así quiere más?

Como todo lo que aparenta ser de extrema necesidad y urgencia, pero que en la realidad no lo es, ipso facto se turnó el dictamen correspondiente a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo. Esperemos que en esta Cámara exista la conciencia, responsabilidad, congruencia, prudencia, ética política y patriotismo que exige el país, y que cuando estén deliberando este proyecto de reforma legal electoral, no dejen de mirar y leer en todo momento el apotegma inflamado de altísimo patriotismo que tienen al frente del recinto legislativo, que les dice y mandata que “La Patria es Primero”, y sea rechazada esta iniciativa que busca desarreglar la democracia electoral. Y a este mismo propósito, también cabe recordar que alguna vez el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, dijo: “patriotismo significa apoyar al país. No significa apoyar al presidente.”

Pueden presentarse varios escenarios en el Senado de la República: que se congele por tiempo indeterminado; que se posponga su análisis y discusión por un plazo breve y perentorio; que se realicen modificaciones a los proyectos de modificaciones a las leyes secundarias y regrese a la Cámara de origen, es decir a la de Diputados para revisión y, en su caso, aprobación, o que sean aprobadas en la Cámara de Senadores.

En el peor de los escenarios, hipótesis desde luego no deseada, de que una mayoría de senadores carentes de patriotismo llegara aprobar las reformas legales, aunque tengan visos de inconstitucionales en varias de sus líneas, la lucha jurídica por la democracia no termina ahí. Continúa, solo que en otro tiempo y en otra cancha neutral; esto es, en el Poder Judicial Federal, porque no se tenga la menor duda que se presentarán acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos dado que asimismo se vulneran derechos humanos políticos. 

A través de estos instrumentos jurídicos, se debe terminar desechando las reformas legales, pues de lo contrario, empantanarían y pondrían en riesgo los procesos electorales en ciernes, por la languidez administrativa y presupuestal de los órganos responsables de éstos. Por eso también es muy importantes ampliar esta lucha por la democracia hacia el campo de la División de Poderes; en este caso particular, defendiendo la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, porque es jurídicamente donde se dice la última palabra constitucional y legal en el país.

Es por eso que por ningún motivo se debe permitir politizar a los órganos electorales. Estas instituciones deben permanecer al margen de la política. No deben ser entes políticos, sino institutos del derecho y la justicia. Deben permanecer ajenos, independientes, autónomos e imparciales del gobierno, de la política y de los partidos políticos. Su compromiso solo debe ser con el Derecho, con la sociedad, con la democracia y con el país. No deben estar barruntados, abierta o simuladamente, de inclinaciones ideológicas, políticas, facciosas, ni de simpatías y menos ponerse de rodillas y obediencia a otros intereses de grupos o de poderes. 

Están mal quienes dicen que si continúa el INE y el Tribunal Electoral Federal, se corre el riesgo de graves problemas en el futuro si no permiten que transiten determinadas candidaturas, como sucedió en el año 2021 con los estados de Guerrero y Michoacán. No, la ley es la ley, y si algunos aspirantes, precandidatos o candidatos no la cumplen, “en el pecado levarán la penitencia”. Como aspirantes, precandidatos y candidatos, así como su equipo de trabajo, se supone que lo elemental es que deban conocer, y bien, la normativa que rige y con base en la cual se convertirán en precandidatos; después en candidatos, y bajo la cual estarán compitiendo. 

Si no es a la de a fuerza, sea como sea; es decir, dentro o fuera de la ley. Vivimos en un Estado de leyes que obliga cumplirlas a todos sin excepción alguna. Y si no, pues simplemente se aplica, por lo que no debe haber disturbios como veladamente se insinúa. Si no es a la de a “güevo”; esto es, solo “por mis calzones”, dice en sus coloquios la gente. Si no vivimos en un estado salvaje; de barbarie; en la anarquía, en el que cada quien quiera hacer lo que le plazca. Así como las normas reconoce derechos, también fija obligaciones que se deben observar. No se trata solo de contar con derechos, pero no cumplir con las obligaciones que también la normatividad impone.   

Sin normas no hay democracia. Y en esta lo que se debe privilegiar es la fuerza del Derecho, no el derecho de la fuerza. Esto es, sobre todo la autoridad del Derecho, no el derecho del poder per sé. Hay reglas que se deben cumplir, nos guste o no. No es un tema de “blanquillos”, sino de prevalencia de la ley, como en todo Estado civilizado de Derecho. “Nada fuera de la ley; todo dentro de la ley”, establece una sentencia. Perenemente debe prevalecer la autoridad del Derecho en un Estado Constitucional Democrático. 

La lucha por la apertura democrática en su largo peregrinar, por momentos pacífica y en otros con perturbaciones político sociales, con el tiempo se fue tornando en un asunto de interés nacional. De ahí que el poder en sus respectivos momentos haya considerado que habían llegado los tiempos de abrirse y hacerla posible, hasta convertirla en la realidad que tenemos. Hoy intentar una contrarreforma democrática, no solo se regresaría a los tiempos idos, sino que nuevamente colocaría a la democracia en el terreno de la seguridad nacional. 

No podemos negar que el ambiente político que se respira es muy difícil, complicado y tenso. Y si ahora se quiere inmovilizar al INE y menguar al Tribunal Electoral con las modificaciones legales, dejándoles solo en el papel su independencia y autonomía al embestirlas desfigurando su estructura administrativa, se pondrían en riesgo extremo los procesos electorales próximos al no atenderse debidamente, lo cual traería como consecuencia conflictos electorales y post electorales, que generarían un enorme desasosiego político social nacional. Al menos que lo que se quiera sea reventar las elecciones, a la democracia y al país. 

Cuidado. Trastocar la democracia, de la cual hoy es pilar indiscutible la imparcialidad en el sistema electivo, reitero, visualizo un problema grave que la podría poner en los hechos, nuevamente en el renglón de la seguridad nacional, porque es un tema del mayor interés de la nación. Y esto lo digo porque, dada la polarización y confrontación existente, puede crear caos y poner en riesgo la estabilidad nacional. ¿O acaso a eso es a lo que se le está apostando?; ¿lo que se quiere es dinamitar al país? Es pregunta eh.  

Hoy la prevalencia de la democracia ha dado paz política al país. Pero desordenarla y quebrantarla, como hemos dicho, puede escalar a un asunto político social de seguridad nacional. Mas todavía cuando se abona el terreno con la división, el odio y la polarización de la sociedad. Siempre será mejor la unidad, armonía, el dialogo y los consensos. Hablando se entiende la gente y se llega a buenos, mejores y saludables acuerdos. La lucha ciudadana por la democracia no solo es por su permanencia constitucional, legal y política, sino también de seguridad nacional.