La concentración del domingo en el Zócalo de la Ciudad de México fue el espacio en que la clase media, tan vilipendiada por López Obrador y sus achichincles, se encontró consigo misma. Vimos personas con muy diferentes orígenes pero con la convicción común de que lo que está en juego es la pérdida de nuestras libertades y derechos; libertades y derechos que empiezan por la exigencia de que se respeten las reglas democráticas, pero no se agota ahí. Tenemos claro el engaño con el que se pretenden destruir las normas con las que López Obrador llegó al poder, a fin de conservarlo. El pretexto de la austeridad no aguanta la prueba de la risa ante el despilfarro irracional de recursos públicos en caprichos y berrinches.
Un espontáneo grito recorrió el Zócalo. Como una ola que iba del oeste al oriente se empezó a oír una frase en la que podríamos resumir las aspiraciones de la clase media y su descontento con las arbitrariedades de burócratas y políticos: “¡la ley es la ley! ¡la ley es la ley! ¡la ley es la ley”. No creo que existan antecedentes en México de una consigna similar. Se ha coreado de todo, pero nunca habíamos visto que el propósito de una manifestación sea recordarle al gobierno que debe cumplir la ley. Llama mucho la atención porque el gobierno mismo es una creación de la ley. Sin ella, López Obrador carecería de legitimidad alguna. Aun así, la ataca y la viola constantemente, como si nunca fuera a dejar el poder, como si él estuviera por encima de la ley.
Es tal la megalomanía y el narcisismo de López Obrador, que es muy probable que perciba el poder como algo que emana de él, y no como una herramienta transitoria que le fue confiada por la misma ley que él desprecia. Basta ver alguna de sus Bananeras para darse cuenta que no tiene la menor idea de la cantidad de delitos y violaciones a la ley que confiesa todos los días. Inundar un aeropuerto a media construcción requeriría de estudios serios de costo beneficio para no calificar como daño patrimonial al Estado. Evidentemente no existen. El presidente puede indultar reos, pero no puede ordenar por sus pistolas la liberación de un criminal que aun está por ser juzgado. Puede decidir la construcción de un tren en la selva, pero no puede hacerlo sin manifestación de impacto ambiental, cometiendo delitos de manera descarada. Puede violar suspensiones y sentencias de jueces, pero no para siempre.
Por lo que hace al poder, México sigue siendo caníbal. Como un cautivo antes del sacrificio, le entregamos al presidente todo el poder para que sea un representante de los dioses, pero cuando la fecha del calendario llega -y siempre llega- se le despoja de todas sus insignias y se le sube al templo. Es necesario sacrificarlo para que el poder renazca. Ésta ha sido la costumbre en el Anáhuac.
Este antiguo ritual se cumplirá inexorablemente, y quizá sean aquellos que el presidente considera más cercanos los que lo arrastrarán a la piedra sacrificial. Cuando llegue el momento, la clase media, los científicos, los periodistas, las mujeres, los familiares de los niños con cáncer, los deudos de los muertos por Covid, las víctimas de la violencia y la inseguridad, habremos de repetir ¡la ley es la ley!, sin que valgan los pretextos que pretenden contraponer una justicia subjetiva al brillante filo de la ley.
No obstante, los más preocupados deberían ser los subordinados del presidente. Aquellos que firmaron y ejecutaron cualquiera de las órdenes arbitrarias de López Obrador serán los directamente responsables, penal, administrativa o civilmente. A diferencia de los miembros del ejército, en un gobierno civil no solo se puede, sino se debe decir que no a un presidente que da instrucciones para violar la ley. La cobardía y la ignorancia les pueden salir muy caras.
Este artículo fue publicado en El Economista 01 el marzo de 2023. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
