No parece seria la discusión entre legisladores sobre la desaparición de poderes en tres estados del país.
Más bien se ve como una rebatinga política, lejana al debate que pudiera llevar a un diagnóstico de Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz; sorprende que ya que estando encarrilados, no hayan colocado en su lista a Morelos.
La desaparición de los poderes estatales se refiere a “la extinción o la pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del titular del Ejecutivo y las funciones públicas estatales por parte del cuerpo colegiado que ejerza el Poder Legislativo o Judicial en una entidad federativa”.
Sumemos lo siguiente: “la desaparición de poderes de un Estado se puede suscitar en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: i) quebranten los principios del régimen federal; ii) abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; iii) estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos, que afecten la vida del Estado; iv) prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y v) promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución”.
Esta larga cita adquiere valor en la medida en que en los estados referidos se pudieran estar dando las condiciones para la desaparición de los poderes. Una declaratoria de esta naturaleza busca reconstituir los poderes constitucionales, no eliminarlos.
La pregunta es si con base en la Constitución existen las condiciones para desaparecer los poderes en los estados referidos. Es evidente que las cosas, no solamente en estos cuatro estados, son de enorme complejidad, a lo que se suma que en Veracruz y Morelos hay indicios de la torpeza e incapacidad de sus gobernantes.
Otra variable a atender es que los Congresos locales han dejado de ser referentes para la gobernabilidad; más bien están sometidos a los gobernantes. En muchos estados se están repitiendo los vicios de tiempos pasados. Los Congresos se han convertido en extensión de quien gobierna, no hay crítica y no hay referentes.
Todo termina por adecuarse y hacerse en función de lo que quieren los gobernantes o los equipos de quien gobierna, como todo indica está sucediendo en Morelos.
En un breve análisis, en términos de ley no hay elementos claros para la desaparición de poderes en los estados referidos. Esto no quita que en estas entidades se viva una crisis de seguridad e incluso, de gobernabilidad.
En los cuatro estados se viene heredando una crisis de descomposición social. Resulta paradójico que en Tamaulipas y Guanajuato, a pesar de que el crecimiento económico sea positivo y que incluso las condiciones de vida sean de las más favorables en el país, sea la inseguridad cotidiana uno de sus más claros signos de identidad.
En Veracruz y Morelos aparecen variables diferentes. Los dos gobernadores prometieron que iban a acabar con la inseguridad; lo que ha pasado más bien ha sido que ésta se ha agudizado y no hay indicio alguno de que el estado de las cosas se pudiera revertir. El problema colateral que ya cargan Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco es que se han convertido en un estorbo para el Presidente; los problemas en Veracruz y Morelos no se pueden resolver en Palacio Nacional; no es casual que la propuesta no haya tenido eco en el Presidente.
El uso político de la desaparición de poderes lleva a una rebatinga sinfín que en la mayoría de los casos termina en el “quítate tú, para ponerme yo”. La discusión del debate va por otra vía.
RESQUICIOS.
A la FMF le llegó por fin el agua al cuello con el oprobioso grito anónimo en los estadios de futbol de “¡eeeeeehhhhhhh pu….!”. Tarde que temprano iba a pasar. De un cuestionable jugueteo verbal pasamos a los extremos y a las sanciones…. Mañana le seguimos.
Este artículo fue publicado en La Razón el 26 de septiembre de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
