En días pasados se trataron en la Cámara de Diputados Federal dos importantes temas con fines de reformas constitucionales: uno relativo a limitar el manto de facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que protege derechos humanos políticos, y el otro para reducir edades para legislar y administrar al país y a las entidades federativas.
Por lo que corresponde al primer caso, la reacción de malestar y protesta de la sociedad fue fuerte, como ya lo ha dejado sentir últimamente, en esta ocasión contra los partidos políticos de la coalición opositora, por el aval que habían dado para que transitara esta modificación constitucional, pues se sintió traicionada.
Por el bien de ellos, que bueno que reflexionaron a tiempo y que se alcanzaron a echar para atrás. No se los iba a perdonar la sociedad. Iban a quedar como traidores a la democracia y a la sociedad civil, a pesar de que ahora es de la que se están beneficiando para revitalizarse en los procesos electorales. La esperanza la tienen depositada en ella.
Sin embargo, hay que decirlo, la propuesta no está muerta, sino vacacionando, porque aparentemente terminaron congelándola, posponiéndola para otro tiempo. Lo que quiere decir que sigue latente en su mente, a pesar de su antiprogresividad democrática, que de tocarle a otra legislatura, habrá que ver cómo se configurará el próximo Congreso de la Unión, y si habrá predominancia partidista en él, para ver, en este expediente, “de qué lado masticará la iguana”, como se dice en la jerga popular.
El acierto y mérito de que finalmente no se haya puesto a debate, no es de los partidos políticos; es de la sociedad civil. Porque como hemos dicho, ellos primigeniamente ya habían aceptado darle para adelante a la reforma judicial electoral en la Cámara de Diputados; pero al final dieron marcha atrás por el manifiesto, claro y abierto empuje y presión que ejerció la sociedad civil, y de su reclamo justificado a los partidos políticos por esta acción antidemocrática que ya iba en camino a consumarse. La sociedad civil los dobló. De no haber sido así, se hubieran ido por la libre. Como luego se dice por ahí, ya se los habían chamaqueado. Se la habían vendido bien y bonito, y la habían comprado. Por fortuna para ellos la sociedad civil los salvó.
Fue la presencia y voz de la sociedad civil; de la participación de sus agrupaciones ciudadanas y de sus colectivos por la igualdad de géneros y de la protección de las minorías, como es el caso de la indígena, transgénero, migrante y de otras que se han impulsado, y que el Tribunal Electoral Federal al través de sus resoluciones judiciales ha procurado hacerlas efectivas. Pero también hay que reconocerlo, de la inconformidad de legisladores del partido dominante en esta Cámara, aunado a la oposición total de Movimiento Ciudadano a este proyecto. Finalmente se conjugaron una serie de factores, que por el momento dieron al traste con esta idea de retroceso democrático.
La política es de tiempos y movimientos pensados, oportunos y hábilmente tomados. Y estos habían sido los mejores para el partido en el poder y sus aliados, pero el peor momento; el menos oportuno para la toma de una decisión de esta naturaleza y tamaño por parte de la coalición de los partidos de oposición por los tiempos políticos que se viven. Pero además de eso, por tratarse de una decisión antidemocrática. Parecería que no habían entendido que los crecientes movimientos de la sociedad civil han sido por la democracia entera, no por un pedazo, en la que van implícitas varias aristas, tales como la defensa del INE, pero también del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en otras palabras, del Poder Judicial y, por ende, de la apropiada División de Poderes, así como de otros órganos constitucionales autónomos, como lo es el INAI.
Que paradoja; la clase política, es decir, los partidos políticos, en sí los políticos y los legisladores de estos institutos políticos, que todos se entiende que son políticos, pierdan la sensibilidad política y extravíen el termómetro político social, al tomar decisiones que a claras luces son impolíticas, como la de este tipo, en los momentos más candentes en este sentido. ¿Dónde está la natural sensibilidad política que, en este caso, sería de elemental primaria? Finalmente, “haya sido como haya sido, ya quedaron medio raspados.”
Más que aspirar a querer quedar en total libertad los partidos políticos, me parece que por la salud de ellos es más constitucional, legal, transparente y sano tener un árbitro que con independencia, autonomía e imparcialidad valore las decisiones partidistas que se toman en varios renglones. Resulta paradójico que se lucha por mantener un árbitro independiente, autónomo, fuerte, solido e imparcial para el caso de los procesos electorales, como lo es el INE y otro que con esas mismas características juzgue y haga justicia electoral, y que para la vida interna de los partidos políticos se quiera esquivar y no se quiera un árbitro con esas mismas cualidades y que cumpla con esas mismas funciones hacia los partidos políticos, como lo es, a manera de ejemplo, en la paridad de géneros y de los sectores minoritarios, así como en sus procesos electivos.
Los militantes de los partidos políticos también tienen derecho a contar con órganos de este tipo, que garanticen plenamente sus derechos constitucionales, legales y políticos, muchos de los cuales son derechos humanos. Tienen derecho a un árbitro judicial autónomo e imparcial. A un órgano judicial de derechos políticos; A un ombudsman judicial político.
Se les estaba olvidado que los ciudadanos son su razón, los que les dan vida, los que los alimentan y los fortalecen; y que es el tiempo de los ciudadanos, y no distanciarse de ellos ni traicionarlos porque se los pueden cobrar. No hay que propiciar que el malestar ciudadano se vuelque contra los partidos políticos, porque el “horno no está para bollos”, ya que las fibras sociales ciudadanas están muy sensibles. No deben seguir con posturas como estas, porque deterioran más su imagen, que de por sí esta maltratada en la opinión ciudadana. Basta con salir a la calle para darse cuenta de la realidad; para tener el termómetro ciudadano. La sociedad civil ya está vigilante, y cuenta eh; ya no los va a dejar hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Con su despertar y renacimiento, los castigos en los procesos electorales pueden ser mortales; de vida o muerte. Ahora lo que quiere y busca la sociedad, son legislaturas diferentes, para que de esta manera se tengan gobiernos diferentes. Gobiernos no solo políticos, sino con contenido ciudadano.
Ahora bien, por lo que hace a la iniciativa para la disminución de la edad para ocupar cargos públicos, el de diputados a los 18 años, 21 para senadores, 25 para secretarios de Estado y 25/28 para gobernadores, van algunas consideraciones.
Tratándose de legisladores, en el caso de diputados, se trata de muchachos de la preparatoria donde apenas están definiendo su vocación profesional; es decir, qué quieren estudiar; qué profesión se acomoda a su gusto, talento y perfil, y en relación a senadores, pues apenas van a la mitad de sus estudios profesionales. Son sus primeros años de juventud.
Por lo que se refiere a secretarios de Estado y gobernadores, estamos hablando de jóvenes que apenas estarán terminando la carrera profesional, y otros, que quizá estarán pensando el tema o elaborando su tesis y/o investigación para su examen profesional. Algunos todavía sin título profesional, y otros, si acaso, recién titulados, si es que llevaron todos sus estudios de manera impecable desde la primaria hasta la profesional; esto es, sin retrasarse ni un año o semestre; y sin embargo, ya con la posibilidad de ser secretarios de Estado y gobernadores. ¿Qué gobiernos le van a ofertar a la sociedad, en un país y estados donde los problemas son mayúsculos?
En cuanto a quienes cumplan los 18 y 21 años, seguramente los primeros estarán más preocupados por sus estudios y la definición de su carrera profesional, y los segundos, también en sus años juveniles, ocupados en concluir bien su carrera, y ya los están mandando a legislar. ¿Con qué preparación?; en otras palabras, ¿con qué conocimiento y experiencia para esta trascendental tarea que es la definición de todo un proyecto presente y de futuro de país al través de la creación de la normativa correspondiente? Y en el caso de los de 25 años, apenas saliendo con la visión de las aulas al terminar su carrera profesional; pero todavía sin el conocimiento real del país o de la entidad federativa, y menos con la experiencia como para administrar todo un ramo de la administración pública federal a nivel nacional o un Estado, con toda la problemática y complejidad que ésta conlleva, para la toma de decisiones firmes, oportunas y acertadas, no titubeantes, como lo podrá ser en algunos casos de emergencia y seguridad nacional, el de la salud, la gobernación, la hacienda pública, las relaciones internacionales, la economía, la obra pública y las comunicaciones, solo por mencionar algunos ramos.
¿O estudian bien o atienden bien el trabajo legislativo?, que ambos son de suma importancia y responsabilidad, porque el primero será el de su formación y futuro profesional personal y de vida; pero el segundo es de la mayor importancia y trascendencia porque se trata del presente y futuro de todo el país. Además, habrá momentos en que físicamente no podrán estar en ambos lugares: en la Cámara y en la Universidad, más aún en periodos de exámenes, y que ambas instituciones le demandará su presencia. Y hay que cumplir cuando se es responsable y profesional en lo que se hace. ¿Se podrá estar tomando clases en una y legislando en la otra a la vez? O al menos que se quiera tener estudiantes y profesionistas light y turismo legislativo. Lo que la sociedad quiere, son también legislaturas diferentes.
En el caso de las universidades o institutos de estudios superiores, se está con horario fijo o mixto, al menos que se estudie por correspondencia, a control remoto o a larga distancia, o en fines de semana; y en las cámaras legislativas muchas de las veces con la indispensable presencia de tiempo completo; esto es, todo el día, y a veces incluso en la noche y hasta en la madrugada.
De uno de los dos lugares van a salir mal, porque van a faltar a uno o al otro lugar. Al menos que para medio cumplir, alguien los auxilie a hacer las investigaciones, los trabajos y las tareas académicas y otros en el trabajo legislativo. Déjenlos terminar de estudiar. Hay tiempo para el servicio público. Hay casos de políticos que han hecho otra carrera distinta a la que originalmente hicieron porque se acomodaba mejor a la política, o que hicieron posgrados escolarizados en los que, quizá por sus ocupaciones públicas, contadas veces asistían presencialmente a clases, o que solo fueron para pulir el currículo, como algunos decían. Podríamos decir que algunos hicieron turismo académico, porque lo que más les interesaba era hacer relaciones político-académicas con visión de futuro político. No expongamos a los jóvenes a hacer lo mismo, porque su título profesional podría ser solo de papel.
No dudamos que puede haber jóvenes brillantes, pero hará falta, además del crecimiento y maduración del conocimiento, el importante elemento de la experiencia. Lo saludable es un generoso entreveramiento generacional, para ir preparando y renovando generaciones en la construcción del orden juridifico y en la administración del país y de las entidades federativas; pero me parece que no así de golpe y porrazo en los puestos de primer nivel por la alta responsabilidad y trascendencia que estos conllevan, cuando apenas empiezan a abrir los ojos y a conocer los grandes y complejos problemas nacionales para su atención y solución. Un tropiezo sería grave y trascedente, pues como sucede en el deporte, con el riesgo de que los quemen desde temprana edad y que anden hasta en tribunales por posibles responsabilidades. Creo que se debe dejar que primero conozcas y empiecen a tener experiencia, que aunados a su talento natural, maduren para que estén en posibilidades de desarrollarse mejor en las líneas de mando del servicio público.
No es lo mismo ser líder en una escuela, que legislar o administrar un Estado o el país, así sea en determinados ramos, y mucho menos atender con certeza los impactos y trascendencia que pueden tener. Hay momentos en cada ramo que se tornas en asuntos de seguridad nacional. No estoy en contra de los jóvenes, sino simplemente es un tema de prudencia política, legislativa y administrativa. ¿No es mejor dejarlos disfrutar su primera juventud? ¿No será que todavía se quieran distraer, divertir y convivir con sus amistades? ¿No es mejor dejarlos madurar? Empoderarlos desde muy temprana edad, pudiera resultar contraproducente.
Bueno, pero si así ha de ser, espero interpretar bien el sentimiento de la gente en el sentido de que ojalá y no se trate de una suerte de la clase política de poner las bases y condiciones jurídicas para asegurar y afianzar, desde la temprana edad, la herencia política familiar, como ya ha habido y hay experiencias, algunas fallidas porque no llegaron a cristalizar y otras que sí se han hecho realidad en la praxis político gubernamental. Considero que, ya caminando por esta vereda, lo que la sociedad quiere y le gustaría en todo caso, es que verdaderamente se trate del descubrimiento, pero en la sociedad entera no solo en el selecto vector de la clase política, de auténticos talentos jóvenes con cualidades y méritos para el servicio público, a fin de oxigenarlo, refrescarlo y darle otro rostro, y no del andamiaje prefabricado para unas herencias políticas a la medida de la nobleza político gubernamental.
Finalmente, me parece que en estas iniciativas de reforma constitucional, sobre todo en el caso del partido en el poder, sabe muy bien que este era el inmejorable momento para impulsar reformas de este calado. Estaba consiente que difícilmente le iba a decir que no la oposición: Tratándose de la primera, porque les beneficiaba a los partidos políticos, y la otra, porque es impopular ir en contra del sector joven, que en el fondo lleva un fin electorero, porque son votos nuevos que apenas van saliendo de la adolescencia y que empiezan a ser ciudadanos, y otros en sus primeras andanzas juveniles. Me parece que lo que se está haciendo, con una visión puramente política, es privilegiar una política comicial, y no el estudio, preparación, experiencia y el mérito probado para legislar, administrar y gobernar. La búsqueda del talento es válido, bienvenido y aplaudible desde la juventud, pero no exponerlo al riesgo a la primera en tan altas responsabilidades públicas. Al talento joven hay que cuidarlo, pulirlo y orientarlo apropiadamente para que lleguen a ser los impecables buenos gobernantes que ya necesita y le urgen al país.
