Además de un cuerpo de seguridad interna, la UNAM cuenta con una Central de Atención de Emergencias (CAE) que funciona las 24 horas los 365 días del año. Depende de la Dirección General de Servicios Generales que tiene, entre otras atribuciones, “garantizar con el apoyo necesario, que prevalezcan las condiciones y el ambiente que la Universidad reclama y exige para el desarrollo de sus funciones sustantivas y administrativas, en relación con la integridad y seguridad del patrimonio universitario de su población estudiantil, trabajadora y de todo aquel que se encuentre dentro de sus instalaciones”.
De acuerdo con la información disponible en el portal de la máxima casa de estudios, el sistema integral de comunicación del CAE, le permite enlazarse con todas las dependencias de la UNAM, dentro o fuera del campus universitario, además de estar en comunicación permanente con instituciones federales de auxilio, de seguridad pública y de protección civil, tanto federales como de la Ciudad de México.
Asimismo, el Consejo Universitario dispone de una Comisión Especial de Seguridad que se rige por un reglamento que le otorga la facultad de: “Actuar, través de la participación organizada de la comunidad universitaria, para el reforzamiento de la seguridad de ésta y la lucha contra la violencia y otros actos ilícitos que ocurran en las instalaciones de la UNAM y en sus inmediaciones, siempre que en este último caso se afecte a la Institución o a su comunidad”
Lo anterior significa que la UNAM dispone de las herramientas legales necesarias para prevenir y enfrentar los delitos que se cometan dentro de sus instalaciones. Por lo tanto, sus autoridades deben una explicación a la comunidad y la opinión pública sobre la ineficacia de estos instrumentos, que ha derivado en el aumento de algunos ilícitos como narcomenudeo, asaltos, violaciones e incluso homicidios.
Si el propio marco normativo de la UNAM la faculta una acción coordinada con las instancias de seguridad pública, la autonomía de la institución no debe ser pretexto para la inacción ante conductas que pongan en riesgo la convivencia pacífica de la comunidad, como la ingesta de alcohol o drogas dentro de sus instalaciones, que además está catalogada en el Artículo 95 del Estatuto General de la UNAM, como una “causa grave de responsabilidad universitaria”. Mucho menos se justifica la indolencia mostrada hasta el momento, ante los ilícitos ocurridos recientemente en la máxima casa de estudios. No basta aparecer en los medios para condenarlos.
