El Plan B, iniciativa del presidente López Obrador, tiene dos narrativas muy distintas, la de quienes lo aprobaron y la de los que considera violenta la Constitución. Una está a la ofensiva y la otra a la defensiva.
La primera se sostiene en el discurso de que es necesario terminar con los supuestos abusos del Instituto Nacional Electoral (INE) sin que se ofrezca ningún dato sólido que pruebe tal cosa.
Es un discurso ideológico que todos los días se pronuncia en las comparecencias mañaneras del presidente, que se articula a partir de insultos, acusaciones y descalificaciones.
La otra se construye a partir de elementos legales que muestran dónde y cómo se violenta la Constitución a la que hay que defender y hacer valer.
Toda reforma electoral en cualquier sociedad democrática se construye a partir del consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Esto porque se requiere la aceptación de quienes se someten a ella en el marco de la disputa por el poder. Morena y sus aliados votaron solos la ley que quisieron.
Lo hicieron sin obtener las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que exige todo cambio de la Constitución.
Esto es lo que establece el campo de la disputa y la materia de la construcción de la narrativa de ambas partes. Si se hubiera dado el diálogo y la negociación que esta reforma requería no se habría generado la actual situación.
Un primer episodio, de los muchos que habremos de ver, ha sido la destitución y posterior reposición en el cargo del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Medina.
Los que votaron la ley celebraron con júbilo la destitución como resultado de un artículo transitorio del Plan B, pero después un juez determinó que este era inválido y de inmediato fue repuesto en su cargo.
Los que defienden la Constitución celebraron la decisión del juez porque es prueba de que en el país existe el Estado de Derecho, que se había roto.
Las dos narrativas se hicieron presentes, una sostuvo que “quebrantar las disposiciones constitucionales (…) solamente erosionan progresivamente la función social del derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa”.
La otra no defendió su propuesta de ley sino solo pronunció insultos y descalificaciones en contra del Poder Judicial y de los consejeros que celebraron se restaurara el Estado de Derecho.
Twitter: @RubenAguilar
