Si algo ha demostrado la 4T es su total desprecio a todo el diseño constitucional creado durante los últimos 30 años. Le irritan los órganos públicos autónomos, la protección amplia de los derechos humanos, en suma, los pesos y contrapesos del presidencialismo mexicano clásico.
Y es que la democracia mayoritista de López (Javier Tello dixit) no es la constitucional federalista que tiene México desde 1824. El modelo adoptado en este país (y aún vigente) es el que sostiene que las mayorías no tienen un poder absoluto, sino que todas sus facultades tienen límites, controles y deben respetar los derechos de las minorías.
Para el caudillaje de pacotilla que pretende enarbolar López, ese diseño constitucional es un estorbo: él quiere ser un presidente total, con facultades metaconstitucionales, como las tuvo Echeverría, Cárdenas, López Portillo o Díaz Ordaz. Su modelo de gobierno está más cerca de Fidel Castro, Perón o Hugo Chávez que de Francisco I. Madero, uno de sus fetiches presidenciales.
Como la Constitución a modo que pretende tiene poca factibilidad política (una cosa es meter programas sociales en la Ley Fundamental, otra es hacer un remedo de la Carta Soviética para México), López ha ido desmontando, en los hechos, a las entidades que le impiden su plan de poder. Desde los organismos con autonomías relativas, como la Comisión Reguladora de Energía, hasta el INE (actualmente bajo asedio), el presidente ha jugado con el viejo instrumental priista de la auditoría o el expediente sucio, para obligar a dimisiones o salidas: en lugar del garrote o la zanahoria, la 4T ha optado por el garrote plano o el garrote con pico.
Las instituciones de control siguen cayendo, como fichas de dominó: ya está capturada la CNDH, la Corte Suprema, el INE está en el patíbulo y el presidente históricamente ha mostrado su tirria a la mera existencia del Inai. La falta de designación de los magistrados anticorrupción, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también envía una señal sobre lo que “el presidente que va acabar con la corrupción” en realidad piensa del sistema que la Constitución establece para ese asunto: no le gusta, no lo quiere y también lo va a desmontar.
Un primer camino para inutilizar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es retardarle los recursos que le corresponden, vía la ineficacia proverbial de la Secretaría de Hacienda (siempre pronta para cobrar incluso lo que no le corresponde, nunca rápida para pagar lo que debe). El otro mecanismo es no dejar plenamente integrado el sistema: la Comisión de Selección del SNA no se integra porque los senadores de Morena Citlalli Hernández, Soledad Luévano, Martha Guerrero, Ana Lilia Rivera, Margarita Sánchez, Félix Salgado, las panistas Martha Márquez y Gloria Núñez y los priistas Mario Zamora y Nuvia Mayorga… simplemente no se presentan a las sesiones y con ello sabotean el avance del sistema. Desde hace cuatro meses debía estar instalada la Comisión de Selección… y Morena sigue haciéndose ganso.
La gravedad de la situación aumenta porque las lecciones de López ya fueron aprendidas en lo local: un diputado panista —cuyo nombre no merece recordarse— pretende mejorar al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (CPS)… quitándole el sueldo a sus integrantes. Aquí el discípulo adelantó al maestro con una estrategia recargada de estulticia: ningún sistema profesional de control funciona sin remuneraciones adecuadas (de hecho, el no tener sueldo propicia el tráfico de influencias y corrupciones en los vigilantes). Los defensores de la medida austericida, entre los que se encuentran pasquineros profesionales, confunden la especie con el género, ya que odian al sistema por sus integrantes, alguno de ellos cuestionado por su perfil, al que consideran plagado de conflicto de interés, con lo que, al puro estilo de López Obrador, pretenden tirar el agua sucia con todo y niño.
Resulta indudable que debe mejorarse el perfil de los miembros de estos sistemas, pero las lecciones de López están resultando tóxicas para la democracia mexicana: destruir lo que (mal) funciona y sustituirlo por algo totalmente inútil (como ya sucedió, por ejemplo con el caso Seguro Popular-Insabi) es propio de los gobiernos totalitarios de tabla rasa. El espectro de Lenin ya no sólo habita Palacio Nacional, está en los congresos locales y las camarillas de «comunicadores» a sueldo: en síntesis, el mal ejemplo del caudillo tropical se ha extendido al resto del país, como el cáncer antidemocrático que es… y urge que la democracia constitucional sea defendida de sus enemigos, que se diseminan, como hongos, en este caldo de cultivo autoritario.
