En pocas semanas quedará instalada la Tremenda Corte del Acordeón. Con esta, México abandonará el objetivo histórico de contar con un tribunal que tenga el poder de garantizar la vigencia de la Constitución, resolver las controversias y defender a la ciudadanía de los abusos de los poderosos (pretensión que data de los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán de 1814). Los nuevos ministros fueron “electos” el pasado mes de junio en una elección fracasada y fraudulenta que, sin embargo, ha sido convalidada por el INE y el Tribunal Electoral.
La inminencia del 1º de septiembre y la trascendencia de este infausto acontecimiento hace pertinente revisar el informe La elección judicial 2025. En él se encuentra el más completo reporte sobre las graves irregularidades ocurridas en la organización, realización, cómputo y calificación de esa elección. Preparado por el ministro en retiro José Ramón Cossío y el maestro en derecho constitucional Jorge Alberto Medellín Pino, fue dado a conocer el pasado 25 de julio. Entre sus principales conclusiones se destacan las siguientes:
- Participación muy baja (13%), dato que por sí mismo demuestra el fracaso del proceso electoral judicial.
- De los participantes, solo el 10% hizo voto válido.
- No se respetó el voto libre y secreto. En contra de éste se activó una operación premeditada, dolosa y estructurada que impuso una lógica de votación inducida mediante el uso de acordeones.
- Los “resultados” fueron previamente definidos, anulando cualquier posibilidad de competencia real y de pluralismo.
- La violación del sufragio libre fue sistemática. Lo prueba el mismo patrón de votación controlada que se repitió en las tres elecciones nacionales (SCJN, Tribunal Electoral y Tribunal Disciplinario). La coincidencia entre resultados revela una operación centralizada.
- Las violaciones fueron determinantes. Definieron por completo los resultados al asegurar el triunfo de candidatos previamente seleccionados.
Habrá que añadir a los hallazgos de la investigación algo que publiqué en esta columna desde meses antes y una vez que se realizó la farsa electoral: que tal operación la comandó el gobierno federal, que se llevó a cabo utilizando en forma ilegal los programas sociales a través de los servidores de la nación, la estructura burocrática especializada en acarreo e inducción del voto cuya nómina se paga con recursos presupuestarios.
Los autores del informe señalan que sus hallazgos “conducen a una conclusión inequívoca: la elección judicial de 2025 constituye un fraude electoral de carácter estructural y deliberado”. También, que esta “es un fraude aún más sofisticado y deliberado” que el de 1988, cuando se robó la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al Frente Democrático Nacional.
Cossío y Medellín afirman que el fraude existió y que no puede ser ignorado. Añaden que cualquier intento de validar estos resultados “constituiría una aberración jurídica, histórica y sin precedentes, pues legitimaría una elección que no respeta los estándares básicos de integridad democrática y destruye la pluralidad, la competencia y la autonomía judicial”.
Salvo en momentos excepcionales, no ha logrado México contar con un Poder Judicial verdaderamente autónomo e investido de la fuerza para garantizar que prevalezca la Constitución, pese a que así lo ordena la Carta Magna. Durante grandes periodos, la Suprema Corte ha estado sujeta al arbitrio de dictadores o al presidencialismo omnipotente. No fue sino hasta la etapa de Transición Democrática que, con las sucesivas reformas de 1994, 1999 y 2011, se trasformó en una corte constitucional al fortalecerse sus atribuciones en materia de control constitucional. Pero ahora la 4T cierra ese avance con la contrarreforma judicial de 2024 y la captura partidista del Poder Judicial.
México se distancia así de la democracia y también se aleja de Morelos, quien pugnaba para que “… todo aquél que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario…”. La instalación de la nueva Corte y de los flamantes magistrados y jueces (algunos de ellos salidos de las catacumbas del crimen), es una cuestión que, como afirman los autores del informe, “afecta la seguridad y certeza jurídica de cualquier persona física o moral a la que se le imparta justicia en este país”.
Cincelada: Brugada, quien desgobierna la CDMX, dio por triunfalmente concluido el “Bachetón” justo en el momento en el que calles y avenidas de la ciudad están cada vez más llenas de baches.
