“…la corrupción permite que el sistema funcione, proporcionando
el ‘lubricante’ que permite que los engranajes de la maquinaria política giren, y el ‘engrudo’, que sella las alianzas políticas”.
Alan Riding, Vecinos distantes.
El término libro blanco es utilizado coloquialmente para referirse a las conclusiones de un panel de expertos sobre un asunto en particular, como para describir los temas que requieren urgente atención y la forma de afrontarlos.
Estando en vísperas del comienzo de un gobierno que ha afirmado querer pasar a la historia por sus grandes obras, esta etapa previa será recordada por sui generis al sentirse ya los efectos extralegales sin aún haber entrado en funciones; salvo honrosas excepciones, triunfalismo, ocurrencias, desconocimiento total del momento que le correspondió a la etapa de entrega-recepción, ausencia de coordinación, entre otras cosas, imprimen este periodo.
No se entendió que estos casi cinco meses eran inmejorables para acumular información sensible sobre los asuntos más acuciantes del Estado, y en consecuencia apostar por un perfil más discreto con miras a preparar las reformas de gran calado que requiere la función pública con miras a regenerarla, eso -que no se nos olvide- ha sido la bandera central de AMLO.
Es verdad, que tratándose de AMLO era difícil esperar que se retrajera a su centro de operaciones, prescindiendo de la vida mediática que ha sido su mayor escaparate para sobrevivir por más de una década después de 2006. El reproche de que se ha dilapidado el tiempo de trabajo de escritorio debe ser repartido entre su “gabinete” nombrado pocos días después de la jornada electoral.
El grupo de colaboradores, en el supuesto de que compartieran un programa de gobierno en común, tendrían que haber promovido un conjunto de proyectos de reformas que permitieran tener un marco afín a las promesas de austeridad y anticorrupción al momento de tomar posesión el nuevo gobierno. Reformas que podrían haberse aprobado ya, convirtiendo a los legisladores -en su mayoría morenistas- en la vanguardia de la transformación.
Contrariamente, el próximo gobierno federal inicia de la peor forma posible desdibujado su capital político por la manera absurda como abordó el tema del nuevo aeropuerto (NAIM).
El haber convocado a un ejercicio como la consulta, sin las garantías necesarias de certeza y legalidad, peor aún, dotándola de un carácter vinculatorio cuando los votantes fueron poco más del 1.2% del padrón electoral, todo ello, representa un colosal error que marcará todo su gobierno.
Nadie del entorno cercano de AMLO se le ocurrió proponer una tercera opción que al mismo tiempo cumpliera con los compromisos contraídos por el Estado mexicano con los contratistas -obra concedida por licitación pública y auditada por la OCDE-, pero sin aceptar el aumento adicional de 100 mil millones de pesos.
El que se hubiera alegado cumplir los términos originales del contrato en Texcoco y no absorber con dinero público los dudosos aumentos en los costos, le hubiera atraído enormes simpatías de propios y extraños, respaldando la legalidad y la austeridad.
¿Cómo legitimar una decisión donde no participó casi el 99% de los electores? ¿cómo legitimar la pérdida de más de 100 mil millones de pesos ya devengados y otra cantidad posiblemente similar a la que deberá pagarse de indemnización, cuando la suma de ambas era el monto total en el contrato original? ¿cómo defender otro proyecto que parece inviable desde el punto de vista técnico, con graves afectaciones ecológicas? ¿cómo digerir la propuesta de que los mismos contratistas participen en la obra de Santa Lucía si se argumenta que había corrupción en el NAIM?, “Por qué correr el riesgo de hacer el ridículo nacional e internacional como lo están haciendo” sentencia Federico Reyes Heroles hijo de uno de los principales ideólogos de la Revolución Mexicana, al tiempo que hacía eco del Financial Times que calificó la decisión como una de las “peores estupideces”.
Al consumarse legalmente la decisión después del 1 de diciembre, AMLO habrá abierto un boquete de legitimidad con consecuencias irreparables, además de abrir un frente con los hombres del gran capital que utilizarán el incidente como instrumento permanente de chantaje que desviará los esfuerzos por reformar el Estado. “Enfrentarse a la oligarquía para que pagara más impuestos hubiera sido la batalla valiosa, pues hubiera fortalecido al Estado financieramente, con lo cual cumpliría mejor su función de generador de bienestar social. Equivocó la batalla”; escribe el ex director del CISEN Guillermo Valdés Castellanos. Más que nuevos impuestos, habría que conformarse con acabar con el fraude de las grandes empresas nacionales y transnacionales al no entregar las retenciones hechas por conceptos del IVA y del ISR que de acuerdo con información del SAT existe una evasión fiscal a través de “empresas fantasmas” que alcanza el 5% del PIB, equiparable al 38% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
No tardó poco más de una semana cuando la bolsa de valores registró una bajada considerable al conocerse una iniciativa de ley del grupo parlamentario de Morena en el Senado para desaparecer las abusivas comisiones a los tarjetahabientes de la banca comercial, con la retirada de inversionistas y la salida de divisas hablaron los mercados en diferido en el caso del NAIM, el mensaje económico del gran capital en clave política fue claro, cualquier acción que afecte sus intereses habrá respuesta.
Una iniciativa legislativa que se tornaba socialmente plausible, respaldada incluso por la CONDUSEF, pero que fue frenada abruptamente por el propio AMLO al anunciar que en la primera mitad de su gobierno no habrá ninguna modificación al respecto, reacción sin consultar a la bancada morenista que presentó la propuesta, hoy se sabe que el futuro presidente recibió presiones de los principales banqueros extranjeros. Hay que añadir por objetividad, que, entre los propios empresarios, en particular los industriales, no hubo un rechazado explicito a la pretendida iniciativa, como una señal de que hay disparidad de opiniones incluso entre ellos, no obstante, lo que debe ser motivo de preocupación es el posible surgimiento en bloque -argumentando autoritarismo en las decisiones políticas- contra toda reforma económica.
La decisión de AMLO sobre el NAIM le cobró su primera factura una semana después, al medir fuerzas fue doblado a toda regla sin ser aún presidente, los ganadores el gran capital, los perdedores la sociedad en su conjunto.
El futuro gobierno con tal disparate llenó de sonrisas, de carcajadas los rostros de aquellas y aquellos temerosos de perder sus privilegios, sabedores que un ambiente así es el escenario perfecto para que las promesas de transformación y de justicia se vuelvan humo.
Las voces que claman que el futuro presidente se está quedando solo sin el anticipado acompañamiento legal de los legisladores en parte es cierto, como también lo es, que la creación del consejo asesor de empresarios en torno al futuro presidente es la confirmación de la sospecha de caballos de Troya entre algunos de sus colaboradores más cercanos.
El Poder Legislativo -dominado por la fuerza morenista- ha contribuido en este ambiente al iniciar sus actividades de la misma manera como lo ha venido haciendo en otras administraciones.
No se ha entendido que, para revolucionar la forma de hacer política, bien se hubiera comenzado con modificar la forma de procesar los asuntos parlamentarios, disminuyendo la ineficiente e improductiva práctica de presentar individualmente iniciativas de ley para justificar su trabajo, cuyo destino les depara el sueño de los justos por mucho que estén bien estructuradas y representen un asunto relevante.
No vimos antes del comienzo de la legislatura, un enclave del partido que será gobierno y es mayoría en ambas cámaras definir una agenda legislativa común; de proyectos de reformas constitucionales y legales que combatan efectivamente la corrupción y el dispendio en los tres órdenes de gobierno, estableciendo esto como la prioridad número uno en los primeros años del sexenio.
En efecto, más allá del anuncio loable de recortes a los presupuestos en ambas cámaras para el ejercicio fiscal 2019 que oscilan entre el 30% y 35%, dichas medidas van dirigidas principalmente a ahorrar en personal de confianza y gastos operativos, y solo parcialmente para reducir la dieta de senadores, no así la dieta ni una suma idéntica para cada uno de los diputados para actividades de apoyo legislativo y atención ciudadana, reducción de 20% en el número de comisiones; se deja intacto -en ambas cámaras- el excedente de personal sindicalizado que fue contratado a lo largo del tiempo sin que hubiera necesidad ocupacional, cuyas estimaciones lo ubican en el 30%.
Hay que denunciar que en este esfuerzo de “austeridad” de los legisladores no se ha transparentado al día de hoy el uso de los recursos repartidos entre los legisladores que ocupan una posición en las respectivas Mesas Directivas (presidencia, vicepresidencias y secretarías), que se mantienen con total opacidad el destino de las cantidades monetarias que se distribuyen -por consenso- las fracciones partidistas a través de la Junta de Coordinación Política, “la caja de las transas” a decir de Porfirio Muñoz Ledo presidente de la Mesa Directiva de una de las cámaras, corriendo la misma suerte el dinero destinado a las comisiones parlamentarias para asesoría; que todos estos recursos siguen siendo liberados sin incorporar mecanismos probatorios en su gasto, bastando con las firmas autógrafas de los legisladores correspondientes.
Seguimos teniendo legisladores que “se embolsan” además de su dieta, de 100 mil hasta 300 mil pesos mensuales debido a la discrecionalidad en el manejo de estas partidas. Como ya es común, ni los medios de comunicación, ni la opinión pública dan cuenta de estos “pequeños detalles” en la nueva forma de hacer política.
En materia estrictamente legislativa se ha optado por una estrategia de marketing atendiendo asuntos de minorías que tienen gran resonancia mediática como la aprobación en el Senado para mejorar el acceso a los sistemas de salud a las parejas del mismo sexo, como la presentación de la iniciativa para permitir el consumo y comercialización de cannabis, que dicho sea para este último caso, no hay evidencias empíricas que la legalización de las drogas disminuirá la violencia, sencillamente porque en las ciudades del mundo en que se ha dado ese paso no partían del antecedente de una confrontación brutal entre los cárteles que se disputan los mercados de las sustancias prohibidas.
Curiosamente, los cambios legales que permitirán un marco acorde a las propuestas de campaña de AMLO, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que modifica varias secretarías de Estado e incorpora la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como la nueva modalidad de delegados federales en los Estados, fue presentada solo hasta el pasado 18 de octubre en la Cámara de Diputados, siendo que para la primera semana de noviembre apenas fue turnada a comisiones, aprobándose una semana antes de que comience el nuevo gobierno.
La fórmula de una Guardia Nacional como la madre de la pacificación del país fue presentada -como reforma a la Constitución- hasta el 20 de noviembre por la diputación de Morena, debido a que la estrategia de seguridad se presentó sólo unos días antes por el que será el titular de la nueva secretaría, el cual, como senador no fue capaz o no quiso ser el autor de la propuesta.
Para la reducción significativa de la alta burocracia, aún no se ha presentado la reforma de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal que debe convertir en cargos de confianza a los directores generales, para su reducción sustancial y para terminar con el fraude en el concurso de plazas.
Mientras que la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, corresponde a la versión íntegra de un dictamen aprobado por todas las fuerzas partidistas en el Senado en 2011, dictamen que modificó la iniciativa presentada por dos perredistas en 2010, entre ellos el ex viejo comunista y hoy morenista Pablo Gómez.
Bien se hubiera podido fundir a esta nueva norma la propuesta de Ley de Austeridad Republicana presentada en septiembre por Morena, que prohibía los viajes (aéreos) en primera clase con dinero público, así como la limitación en el costo de hospedaje y alimentación de los servidores públicos comisionados de los tres poderes federales y de los órganos públicos autónomos.
Afirmar que no es verdad que, a partir del 6 de noviembre de 2018, fecha en que entró en vigor la nueva ley, ningún servidor público federal podrá ganar más que los 108 mil pesos netos que AMLO ha propuesto como retribución al cargo de Presidente de la República para el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año, esto debido a que la Constitución federal prohíbe reducir las remuneraciones de ministros de la SCJN, magistrados y jueces federales, consejeros de la judicatura federal y consejeros generales del INE durante su desempeño como medida preventiva para evitar incidir en sus funciones. De igual manera, por tratarse de una ley federal, tampoco magistrados y jueces estatales en funciones serán afectados en sus remuneraciones.
Sólo ministros, magistrados y jueces federales, consejeros de la judicatura y consejeros generales del INE que ocupen por primera vez o de nueva cuenta uno de esos cargos -luego de la reforma- cuya remuneración supere a la del jefe del Estado estarán obligados a recibir una precepción menor. Siendo el mismo supuesto para los jueces y magistrados de las entidades federativas, pero no como consecuencia de la ley federal sino por aplicación directa del artículo 127 constitucional que prohíbe desde 2009 que cualquier servidor público (sean federales, estatales o municipales) reciba una retribución superior al Presidente del país.
De hecho, derivado del principio de no retroactividad de las normas, ocurrirá que, durante todo el mandato de AMLO varios ministros de la SCJN cuyo encargo dura 15 años no serán afectados, al igual que muchos magistrados y jueces federales y estatales que ocupan el cargo por periodos de seis años, que sortearán sin problema casi todo el sexenio sin ver disminuidas sus retribuciones monetarias. Nada nos dice que el gobierno que entrará en funciones en 2024 proponga -con apoyo de una mayoría parlamentaria- aumentar su remuneración neta e incluso volver a los montos actuales, pues se trata de propuestas anuales.
Es por ello, que en este asunto, era muy importante que desde el Poder Legislativo se hubiera iniciado una comunicación institucional con el Poder Judicial Federal, con el INE, con los poderes judiciales de las entidades federativas con la finalidad de concientizar en la necesidad de la austeridad en los sueldos como servidores públicos, hacerles ver que el espíritu del Constituyente al garantizarles la no reducción durante el desempeño, como la autonomía de poderes, jamás pretendió ni justificó generar una brecha tan grande entre sus percepciones ya no digamos con respecto a las recibidas por la población media, sino en comparación con los otros poderes y órganos del Estado mexicano. Pudiendo encajar perfectamente la figura jurídica de la donación del “excedente” a una institución pública o fundación privada de reconocida labor altruista una vez que se les haya asegurado una remuneración menor a la que reciba el Presidente de la República; con la fórmula de la donación del excedente se lograría arrebatarles el discurso de defensores de la Constitución al rechazar reducir sus remuneraciones.
Convencerlos que la estabilidad y convivencia social del país requiere dejar de ver la actividad pública como un negocio personal.
En conclusión, aún no se han presentado propuestas legislativas que atajen la escandalosa corrupción que persiste en todos los gobiernos en la asignación de obra pública, trátese del color partidista que sea, lo vimos en la construcción de la Estela de Luz (PAN), en la nueva sede del Senado (PRI), en la línea 12 del Metro (PRD), en todas, el denominador común ha sido el aumento al triple del costo original.
Comprender que el aumento desproporcionado en toda obra pública es producto de pago de comisiones ilegales por haberla obtenido, otra forma perversa de robarse el dinero público.
Introducir reformas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (con atribuciones fiscalizadoras en las entidades federativas), para que obra pública -por montos superiores a definir- no se contrate por asignación directa e ineludiblemente se haga por licitación pública. Establecer como nulo de todo derecho que, en la firma de contratos, se estipule la posibilidad de aumentar los costos bajo el pretexto de gastos no contemplados, en todos los casos, deberán hacerse nuevas convocatorias de adquisición. En esto debe incluirse a Pemex y a CFE.
Entender que, por esa vía fraudulenta a la ley se efectúa una parte significativa de la corrupción que a decir de expertos alcanza el 10% del PIB.
Se deben dar mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que los señalamientos de irregularidades no queden impunes, vinculando su cumplimiento a la Secretaría de la Función Pública o la dependencia que derive del Sistema Nacional Anticorrupción aún en construcción, incluyendo por supuesto a la futura Fiscalía General.
De acuerdo con lo dicho por la propia ASF sólo le es posible fiscalizar el 15% del gasto público, por lo que es indispensable que por ley se le consigne en el presupuesto anual de egresos la cantidad financiera para auditar el doble de lo que actualmente realiza.
En el esfuerzo por optimizar y aplicar la austeridad republicana, se deben incluir a los organismos públicos autónomos, retomando la propuesta de desaparecer los organismos electorales estatales y de la Ciudad de México depositando en el INE esas funciones al contar con las estructuras humanas y materiales necesarias. Con ello, resarciendo la situación de privilegio en que operan dichas instituciones electorales (federal y estatales) donde se trabaja un año, pero se permanece y cobra los tres años que media entre cada elección federal o estatal.
La CNDH debe de dejar de ser un centro de estudios (más del 90% de las quejas las rechaza por considerarlas improcedentes), debe ponderarse la posibilidad de convertir los organismos estatales en la materia en delegaciones de aquella, de establecer el mayor número de oficinas de atención cercanas -físicamente- a los ministerios públicos pues es ahí donde se cometen importantes violaciones de los derechos humanos.
Para el caso del Poder Judicial de la Federación, se debe reformar su ley orgánica para establecer que todo ingreso y promoción de jueces y magistrados de circuito se realicen por concurso abierto y en ningún caso cerrado, concursos que deberán ser presididos por jurados tripartitos, por especialistas (juristas) procedentes de la academia, el gobierno y del mismo poder. Esto garantizaría romper con el monopolio de familias y con el aislamiento de la realidad. Para la designación de los ministros de la SCJN y magistrados que establece la Constitución con la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se debe exigir que cuenten con una amplia trayectoria académica.
Se debe considerar la posibilidad de reducir significativamente el Tribunal Electoral del PJF, pues salvo durante los comicios no registra actividad considerable, en la pasada elección presidencial no tuvo que resolver ninguna impugnación.
Es de lamentar que en lo que va de este periodo legislativo federal se sigan aprobando nombramientos de magistrados al viejo estilo sin tomar en cuenta si existen méritos reales de los candidatos. La próxima elección de dos ministros de la SCJN será sin duda la mayor prueba para corroborar si estamos en presencia sólo de un cambio de mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso federal.
Finalmente, no debe aumentarse el gasto en ciencia y tecnología sin que existan indicadores de productividad y resultados. EL CONACyT y su lista de beneficiarios (investigadores y becarios) debe ser auditado; de igual forma debe condicionarse mayores recursos a la educación superior a esos estándares, como considerarse un error, volver a los criterios opacos en la designación de plazas en el magisterio.
Que el problema de inseguridad no podrá ser combatido eficazmente si no se cuenta con un confiable documento de identidad para los ciudadanos, peor aún, que los menores de edad sigan sin contar con un documento de identidad que los proteja siendo el sector más vulnerable.
Como se podrá observar, hay mucha tela de donde cortar para obtener mayores recursos y sobre todo dotar de un rosto humano a las instituciones que hoy son las principales responsables, por pasiva y por activa, de la corrupción e inseguridad que penden sobre la sobrevivencia de la República.
Que en nada ayudará seguir creyendo que la corrupción en los cuerpos policiacos es un simple asunto de bajos sueldos. Que el principal reto pasa por un cambio de mentalidad en el servicio público.
Es urgente y posible reconducir programáticamente un plan de gobierno de seis años, conscientes de que es el tiempo suficiente para transparentar y depurar las funciones de gobierno.
Entender que no se puede hacer saltar por los aires el método de la negociación y el consenso como forma civilizada para procesar la agenda nacional, que el país ya no aguanta más experimentos políticos ni que se gobierne aprendiendo.
AMLO debe aceptar que todas las batallas dentro del Estado se libran legalmente, ganando o perdiendo, que a gritos y sombrerazos no se llega a ningún lado salvo al fracaso y a un monumental ridículo. Que en el justo medio esta la virtud y en política, no es la excepción.
