El principal problema del cobro actual de impuestos en México no es el monto, sino la forma. Y a Hacienda no le interesa cambiarlo, porque tiene el gusto sádico de fastidiar a los contribuyentes.
Un principio clásico de la imposición establece que las contribuciones deben ser cómodas en su pago. Cualquiera que esté sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR) sabe que en México ese principio no se respeta, por el contrario: pareciera que legisladores y Hacienda buscan la forma de hacer lo más incómodo posible el desembolso de los tributos.
Por ejemplo, en temporada de declaración anual, los que ganan más de una cantidad, tienen dos ingresos o cobran honorarios, deben presentar esa declaración con independencia de que hayan pagado impuestos todo el año. Y la ley está diseñada para que el SAT haga las cuentas del gran capitán: siempre hay que entregar más dinero del liquidado durante el año.
Y aquí hay una serie de consideraciones de microeconomía que los poderes Legislativo y Ejecutivo se meten por las orejas: 1) en el país de hoy, quien tiene dos o más ingresos suele estar en esa situación por necesidad; 2) una práctica recurrente es contratar por honorarios a quienes en realidad son empleados; y 3) ingresos anuales superiores a 400 mil pesos anuales implican 33 mil pesos mensuales brutos, aproximadamente 28 mil pesos netos, es decir, la lista negra comienza con la clase media que tiene dos o más trabajos y vive al día. A ellos son a los que, de cotidiano, el SAT les desvalija un mes de sueldo.
¿Se acuerdan que señalamos que esos contribuyentes viven al día? Pues bueno, el gobierno espera que a) alguien haya ahorrado esa cantidad; o b) pague durante seis meses esa cantidad en parcialidades. Ese es el premio para los que pagaron sus impuestos puntualmente: una seca semestral, que bien pudo evitarse con un adecuado diseño legal.
Los legisladores podrían impedir esta molestia con una simple disposición: que los agentes retenedores calculen el ISR en función de la totalidad de ingresos. ¿Queremos un enfoque más sencillo y liberal? Simplemente no les cobremos más, ni exijamos declaración anual: ya pagaron, dejémoslos en paz.
El problema con el socialismo caviar, como el de democracia deliberada, es que asumen que el resto de la sociedad existe para pagar los caprichos y ocurrencias de la izquierda. Para muestra basta la disonancia cognitiva que Viridiana Ríos estampó en un catálogo de falacias que le publicó The New York Times, en el que afirma que ella cree que no hay despilfarro en los elefantes blancos de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Comparar esos gastos con «un niño anémico que ocasionalmente comete el error de comprarse un dulce» es un insulto a la inteligencia y dignidad de los contribuyentes.
De hecho, la tiranía de esa izquierda champagne llega al punto de reclamar más impuestos sin que podamos exigir que primero se ordene y corrija el gobierno, porque es similar a ese niño famélico que, pobrecito, carece de presupuesto.
¿En qué mundo viven Viridiana Ríos y los demócratas deliberados? En uno donde las becas, subsidios y contratos de gobierno garantizan un ingreso y modo de vida que está negado a la mayoría de los contribuyentes a los que ellos pretenden atracar. Como parte de la lacra identitaria, esos grupos de interés expanden la idea falaz de que la clase productiva que paga impuestos «le debe» algo a aquellos que desembolsan menos contribuciones (o de plano nunca las han pagado): su planteamiento se sintetiza en que, por culpa de los formales, los informales no contribuyen igual y por ello deben compensarlos.
Y ese residuo irracional lo pueden recubrir con derivaciones pseudoargumentales, como que la guadaña fiscal sólo la quieren dejar caer sobre los ricos, pero no hacen una sola propuesta para hacer menos incómoda o gravosa la tributación de la clase media. Por el contrario, apuestan a medidas que agreden a las clases medias, como el incremento de los prediales, el espionaje de las cuentas bancarias o mayores impuestos a las herencias. No extraña que piensen así: sus ingresos suelen venir del subsidio, la subvención y la sinecura con cargo al erario. No acostumbran obtener sus ingresos de la actividad empresarial o privada y, cuando llegan a hacerlo, son tóxicos y adversarios de esa fuente de recursos.
Y así quieren cobrar más impuestos: no son más que vulgares limosneros con garrote.
Apunte sobre el acuerdo de seguridad nacional.
La suspensión otorgada al Inai en la Controversia Constitucional por el llamado decretazo es una buena noticia para el acceso a la información, en el corto plazo. Eso no quita que, en el fondo del asunto, el decretazo no invade las competencias del Inai, sino del Poder Legislativo.
Agradezco que se afirme que, desde una perspectiva académica, mi opinión es técnicamente impecable, pero mis análisis no sólo provienen de mi formación escolar: tengo dedicándome al Derecho de la información desde que hay leyes de transparencia en México y mi actividad profesional ha estado marcada por la proyección de sentencias en materia administrativa y de amparo.
Aclarado esto, reitero que el tema del decretazo persistirá mientras no haya resoluciones que anulen ese acuerdo (y se fijen precedentes sobre el tema). Por ello, la vía escogida por el Inai, la Controversia Constitucional, no asegura una resolución de fondo que cancele el acuerdo, ya que sus competencias como órgano garante no fueron invadidas por esa orden administrativa. Hasta una demanda de nulidad por interés legítimo podría haber sido más efectiva a final de cuentas.
Salvo una maroma de la Corte Suprema, el fondo de la Controversia debe ser adverso al Inai… y eso sí sería inconveniente para el contexto nacional.
