Desde la época del chacal Huerta, ningún presidente de la República había demostrado un desprecio por la ley superior al de Andrés Manuel López Obrador. Es claro que para él no vale más límite que el de su conciencia, sea lo que sea esto. Cualquier límite constitucional al ejercicio del poder le parece una afrenta personal y, muy a su estilo, debe pensar que la división de poderes y la creación de órganos constitucionales autónomos tuvo como finalidad entorpecer su misión divina. No está en su naturaleza entender el mundo desde una perspectiva que se aparte de su megalomanía.
Ejemplos del desprecio de López Obrador por la ley hay muchos. Hoy quiero referirme a uno que involucra al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A diferencia de otros órganos autónomos, tanto la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como el IFT cuentan con atribuciones y estructura orgánica expresamente establecida en la Constitución; en ella se detalla también el procedimiento de selección de comisionados y los requisitos que deben cumplir. Sobresale, por su importancia, el examen de conocimientos en materia jurídica, económica y de ingeniería que todos los aspirantes deben aprobar. El examen lo hace un Comité de Evaluación, integrado hoy por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por cada vacante, el Comité de Evaluación deberá enviar al presidente de la República una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos que hubieren obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. De esa lista el presidente deberá elegir a uno y enviar su propuesta al Senado para su ratificación.
Como usted podrá darse cuenta, el mecanismo y los requisitos establecidos en la Constitución le impiden a López Obrador tomar por asalto a la Cofece y al IFT, a través de la designación de partidarios ignorantes y sumisos, como ha hecho en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o, más recientemente, el mismísimo Banco de México, en donde propuso como vicegobernador a una persona que no cumple con los requisitos legales.
Ante tal impedimento, López Obrador está tratando de bloquear de facto la actuación de Cofece e IFT, simplemente negándose a proponer candidatos que sustituyan a los comisionados que han ido dejando sus cargos. Así, de manera dolosa, el presidente ha logrado que el IFT tenga hoy sólo cuatro comisionados de los siete que deberían integrar su pleno. Esta integración hace que el IFT no pueda resolver algunos asuntos en materia de competencia económica, ya que la ley establece un mínimo de cinco comisionados para ello.
La Cofece, primero, y el IFT, después, demandaron a López Obrador en controversia constitucional ante la Suprema Corte, para que ésta le obligue a mandar sus propuestas de comisionados al Senado, para su ratificación. La Cofece ganó y la Corte obligó a López Obrador a proponer comisionados. Esto ya se hizo y la Cofece está volviendo a la normalidad.
El caso del IFT ha seguido un camino distinto. La Suprema Corte admitió la demanda, pero López Obrador presentó un recurso de reclamación en contra de dicha admisión. Sus argumentos no pueden ser más retorcidos y son un ejemplo del dolo con que se conduce. Alega, en pocas palabras, que como él no ha propuesto comisionados y el Senado no ha nombrado al presidente del IFT, el actual presidente en suplencia del Instituto carece de atribuciones para ser su representante legal y, por tanto, para demandar la controversia constitucional. La ley establece de manera expresa que “en caso de ausencia [del presidente del IFT], le suplirá el comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad”. Me parece que no hay duda, y donde la ley no distingue no se debe distinguir.
Lo que es muy preocupante es que López Obrador pretenda usar su propio dolo a su favor. Evidentemente desconoce toda la tradición jurídica y los principios generales de derecho. Vale la pena hacérselos saber: “Nulli fraus sua vel dolus patrocinari debet” (A nadie debe favorecerle su propio fraude o dolo); “Turpitudinem propriam allegans non est audiendus” (No debe ser oído el que alega sus propias torpezas); “Vigilantibus et non dormientibus jura subveniunt” (Las leyes favorecen al diligente y no al omiso).
Sé que a usted le parecerán muy lógicos, pero a veces, cuando algún iluminado pretende inventar el hilo negro o el agua tibia, vale la pena recordar la sabiduría de los antiguos.
Este artículo fue publicado en El Economista 18 el enero de 2023. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
