La investigación de El Universal es contundente: el gobierno federal ha transferido mil millones de pesos a congresistas de la actual legislatura y, entre ellos, Carlos Lomelí Bolaños de Morena, ha obtenido 505 millones de pesos, más o menos la mitad del total.
Nada hay de ilegal en ello, o hasta ahora no se desprende eso, pero no deja de llamar la atención que el militante de Morena sea el más favorecido, por encima de sus correligionarios del PRI, PAN y PT; en la lista no figuran legisladores del PRD. Como se sabe, Morena es el partido, o movimiento como le llama Andrés Manuel López Obrador, que más ha descalificado al gobierno federal y con quien no ha estado dispuesto a sostener diálogo alguno y menos acuerdos, como si esa fuera una virtud política.
Los negocios con instancias públicas no son un ilícito en sí mismo, como no lo es pactar en el terreno de la política. El asunto es que los integrantes de Morena construyen de sí mismos una imagen de pureza que no existe ni puede existir e incluso, como se ha visto, en ocasiones va a contracorriente de su retórica, como recientemente se mostró con una exhibición más de sus mecanismos de financiamiento (del que no son ajenos los demás partidos).
Por ahora lo que queda claro es que pueden hacerse buenos negocios con el gobierno y simultáneamente denunciar al gobierno de lo que ustedes quieran y manden, incluyendo la crítica al gobierno por invertir en grandes empresas (mientras no sean de los integrantes de Morena). Cosas como estas suceden con la doble moral y la demagogia.
