Las 20 reformas del remendado “plan C” de López Obrador se caracterizan por su antidemocracia, presidencialismo y su oportunismo electoral. La veintena de iniciativas se pueden dividir entre las que son refritos de iniciativas ya desechadas, temas que ya están en la Constitución y las que abordan asuntos que serían novedosos en el texto constitucional. En esta ocasión, abordamos aquí el primero de esos grupos, dejando para siguientes entregas los otros dos.
Caracterizadas por el retroceso, la militarización y la concentración de poder en la Presidencia de la República, cuatro de las 20 reformas de López Obrador son refritos de iniciativas fracasadas en el pasado reciente: no alcanzaron la mayoría calificada requerida o se toparon con la defensa constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La contrarreforma electoral, el golpe a la SCJN, la militarización de la Guarda Nacional y la “Ley Bartlett” son las iniciativas que refritean anteriores intentos presidenciales.
La contrarreforma electoral ahora se adorna como una iniciativa para “reducir el gasto electoral”, pero su contenido esencial es el recorte del pluralismo en las cámaras legislativas. De aprobarse esta propuesta, a la Cámara de Diputados se quitarían 200 diputados de representación proporcional, con lo cual los partidos que obtengan más triunfos distritales quedarían sobrerrepresentados, al tiempo que el voto de los ciudadanos que en los distritos apoyaron otras opciones quedaría sin representación. En el mismo sentido, la propuesta de eliminar los senadores de representación proporcional y los de primera minoría, dejando solo los dos senadores que se eligen a mayoría calificada en cada estado, cercena la pluralidad de esta otra cámara y la devuelve a los tiempos en que la oposición no estaba representada ahí. Son las propuestas de la nostalgia priista de AMLO, que quiere erradicar el pluralismo político en aras de su monopolio unipartidista.
Otra reforma de refrito es la que insiste en que los ministros de la SCJN (más todos los jueces y magistrados) se elijan por voto popular. Las propuestas que competirían, de manera similar a lo que AMLO propuso en su primer intento, serían designadas por el Presidente o por las mayorías legislativas bajo su control. De esta manera, quedaría asegurada su incondicionalidad política, por encima de la delicada tarea de defender la Constitución y las leyes, que es propia de los jueces.
Se recordará que la contrarreforma electoral quedó desechada el 6 de diciembre de 2022 al no obtener mayoría calificada y que el desechamiento incluyó la elección por voto popular de los magistrados del Tribunal Electoral, cuestión que ahora se replantea haciéndola extensiva a los ministros de la Corte.
Un tercer refrito consiste en quitar el carácter civil que, al menos en el papel tiene la Guardia Nacional, mediante su adscripción definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional. De aprobarse esta idea, la seguridad pública, que es una función civil, quedaría asignada al empoderado ejército. El 9 de septiembre de 2022 se promulgó una reforma a diversas leyes de la materia militar que iban en el mismo sentido, reforma que fue impugnada por el Bloque de Contención de los senadores opositores. Un año después, la SCJN dictó sentencia declarando la invalidez de tales reformas al estar en contradicción con el carácter civil que la Constitución asigna a la Guardia Nacional.
Caso similar al anterior es el de la “Ley Bartlett”. El grupo en el poder intentó burlar la Constitución con una reforma a leyes secundarias para establecer el monopolio de generación y distribución de energía eléctrica a favor de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel Bartlett, autor de muchos fraudes electorales entre ellos el de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas. Al cabo de unos meses de litigio, la Segunda Sala de la SCJN declaró la invalidez de la reforma el 1º de febrero, al otorgar el amparo con efectos generales que habían demandado empresas del sector.
En estos dos últimos refritos, López Obrador pretende burlar el control constitucional que ejerció la SCJN mediante reformas a la Carta Magna.
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