Con el triunfo contundente y legítimo que obtuvo López Obrador, no se ve cómo haya podido ser condicionado por Peña Nieto. El tamaño de la victoria le dio una capacidad de maniobra única, lo que lo libera de cualquier tipo de pactos o acuerdos.
La idea de un presunto pacto con la pasada administración cae más en las interpretaciones políticas que en los terrenos de la realidad. No encontramos razones para que el Presidente no aborde judicialmente temas del pasado.
No vemos a un político de la personalidad y perfil de López Obrador en un lance de esta naturaleza. Después de pasar tantos años denunciando la corrupción y al “neoliberalismo”, en particular el de Peña Nieto, no tendría sentido que se guarde investigaciones o denuncias con base en presuntos acuerdos.
Sería un hecho contradictorio en un Presidente que se ha distinguido por enfrentar los problemas de manera directa y sin concesiones; no hay razón para que se contenga.
Todo esto viene a cuento por las órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y de Alonso Ancira. Pudiera haber efectivamente un uso político en función del momento por el cual está atravesando el gobierno, se le están juntando muchos escenarios al mismo tiempo.
Muchos de esos escenarios que tiene enfrente no puede menospreciarlos bajo el supuesto de que son herencia del pasado. A estas alturas, mucho de lo que estamos viviendo, que, por cierto, no es poco, tiene que ver con el nuevo gobierno al cual se le está acabando, como hemos insistido, el utilizar al pasado como eje de todos nuestros males.
Sin embargo, sigue teniendo el control de las cosas, por lo menos por ahora, y podría ser también que las especulaciones deban ser atemperadas porque quizá todo sean, menos dramáticas de lo que se quiere interpretar o se desea interpretar. Al gobierno le va a llegar el futuro, los ciudadanos ya están ansiosos y exigentes de su llegada, ahí veremos.
Pudiera ser que más que atender o esperar los tiempos políticos, la FGR haya encontrado en el caso Lozoya por fin cómo abordarlo. Es un asunto que seguramente debe llevar a Odebrecht y a una serie de investigaciones sobre lo que se hizo en el pasado sexenio. El “batidillo” al que frecuentemente hace referencia el Presidente suponemos tiene nombre y apellido.
La infinidad de piezas sueltas que dejó el gobierno de Peña Nieto obligan al actual gobierno a actuar. No tiene ni la obligación ni la necesidad de acudir a lo que se conoció como el “quinazo”, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari en 1989, como forma de legitimarse y fortalecerse después de las cuestionadas elecciones de 1988.
López Obrador tiene la legitimidad y la autoridad para hacerlo, al tiempo que es un acto de coherencia a la que tanto apela. Más que pensar en un acto con tintes políticos o para tranquilizar a la tribuna, se trata de que le dé sentido al ejercicio del poder el cual se ganó a pulso.
El reto ya es mayúsculo. La cuestión no está sólo en si hay voluntad o no, está en si tienen todos los elementos para hacer lo que ya están haciendo, y tener mucho cuidado en que no se vaya a acabar en medio de chascos, los cuales serán riesgosos y desgastantes.
Hace unos días conversamos con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, a quien le preguntamos si todos los caminos llevan a Odebrecht, contundentemente nos dijo que sí.
A la pregunta de si se vienen también investigaciones derivadas de ello sobre procesos electorales, nos lanzó otro tajante sí.
El gobierno abrió la puerta. Ahora habrá que ver qué hay detrás de ella, más vale que todo esté amarrado.
RESQUICIOS.
“Si hubiésemos tenido confianza claramente en que el Presidente no había cometido delito, lo hubiéramos dicho. Sin embargo, no determinamos si lo cometió. Un Presidente no puede ser imputado mientras está en el cargo”: Robert S. Mueller, Fiscal de la trama rusa en las pasadas elecciones presidenciales en EU.
Este artículo fue publicado en La Razón el 30 de mayo de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
